La norma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba que decreta la custodia armada y la declaración como área militar de "zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje, y otras áreas urbanas y rurales", ha pasado por debajo del radar de la ciudadanía.
Confirmando su función desinformadora, los medios oficiales de la Isla no reportaron la noticia ni se han encargado de indagar en la implementación y alcance de la Resolución 9/2024, publicada en la Gaceta Oficial número 46 de 2024.
Pero para la politóloga argentina Laura Tedesco, experta en liderazgos en América Latina, lo anterior "implica una concentración mayor en el poder de las FAR. Quizás es simplemente poner en papel la concentración de poder político, militar y económico en las FAR, algo que ya existe en realidad".
En diálogo con DIARIO DE CUBA, la también vicedecana de Humanidades y Ciencias Sociales en la Saint Louis University-Campus de Madrid y codirectora del proyecto Diálogos sobre Cuba, indicó que "es evidente que los militares están ampliando su poder".
"Esto puede suceder por varias razones. Una de ellas podría ser que la debilidad de Díaz-Canel preocupa cada vez mas a la cúpula militar, por lo que amplían sus áreas de control. Otra de las razones podría ser que las FAR perciben el descontento popular y quieren controlar cada vez mas los órganos del Poder Popular para evitar cualquier tipo de debate o manifestación popular".
Pero, agregó, hay una probable causa "quizás más compleja, y es que las FAR estén preparando un golpe militar frente a la incapacidad del Gobierno de Díaz-Canel".
Junto con la resolución del MINFAR, fue publicada la Directiva 1 del Consejo de Defensa Nacional, que aumenta el grado de militarización de las denominadas "estructuras organizativas de la defensa" en las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular. Lo anterior supondrá poner a militares en activo, que responden a sus mandos superiores y no a los cargos civiles y partidistas, en los gobiernos provinciales y municipales del país.
El abogado cubano Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y coordinador de la plataforma cívica Cuba Humanista, afirma que las nuevas determinaciones parecieran "parte del estado de paranoia actual".
"Todo país tiene lo que se llaman 'infraestructuras críticas': instalaciones y estructuras cuyo funcionamiento resulta esencial e insustituible para el correcto desempeño y mantenimiento de las funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población, así como para el funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas. Estas infraestructuras requieren de un nivel mayor de análisis de riesgo y, de ser necesario, de especial protección. Sin embargo, ello es muy distinto a que se le considere 'área militar'", señaló.
"Obviamente, la medida podría estar relacionada con el amplio descontento que existe y el temor a estallidos sociales. Busca aumentar la presencia militar en lugares específicos, lo cual cumple con una función disuasoria y a la vez mantiene la capacidad para dar una respuesta represiva casi inmediata", agrega.
"Ya habían hecho algo parecido en el verano de 2021, en plena pandemia, reforzando la seguridad en tiendas y lugares específicos. Sin embargo, el estallido fue en las calles y no se caracterizó por el asalto o el saqueo de locales".
Cires recuerda que "el mayor golpe a las infraestructuras críticas del país se lo da el propio régimen, que mantiene un sistema económico ineficiente. Pero no es un tema solamente de deterioro y falta de mantenimiento, sino también de gestión de crisis. Hay asuntos que décadas atrás se gestionaban con relativo éxito; por ejemplo, la respuesta a catástrofes, y que ahora se convierten en una crisis nacional".
Señala finalmente que "aunque el Código Penal cubano tiene un amplio abanico de opciones para reprimir con la cárcel a cualquiera, habría que ver si esa consideración de 'área militar' tendrá algún reflejo en la jurisdicción penal".
Mas, el argumento oficial de que la designación de nuevas zonas militares por el MINFAR busca "incrementar la seguridad y protección física" de esas áreas, es puesto en duda por Laura Tedesco. Según su parecer, esas razones "no son creíbles, y la mayor parte del pueblo de Cuba lo sabe. Creo que las razones son especialmente para garantizar el poder de las FAR y la continuidad de un régimen que beneficia, en primer lugar, a los jerarcas de GAESA".
Pero, de todo lo anterior deriva una pregunta: ¿por qué dar este paso precisamente ahora? ¿Qué tiene en el visor el aparato represivo del régimen que apunta a la necesidad de organizar guardias armadas en zonas no militares e introducir oficiales de alta graduación en cargos dentro de los gobiernos?
Tedesco prefiere responder con otras preguntas: "¿Tendrá alguna relación con la llegada de los barcos rusos? ¿Es una forma de mantener la paz social en Cuba por la llegada de esos buques? ¿Es una reacción a las pandillas que son cada vez más activas en Cuba?"
"Creo que la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa. La aparición 'pública' de las pandillas, la llegada de los buques rusos y la situación económica y social de Cuba pueden producir un estallido como el 11J. Frente a esta posibilidad, la dictadura se refuerza otorgándole más poder a las FAR", concluye.
¿Más poder?
¡Pero si ya lo tenían todo!
El sistema de gobierno crea una ruptura en el cuerpo de mando civil, introduciendo la cadena de mando militar. La incursión de los militares en la comunidad no es poca. En caso de cualquier desequilibrio social; en el barrio ahora mandan los militares.