El régimen usa el delito de desobediencia contra cubanos que no trabajan ni estudian

El delito de desobediencia, del que el régimen suele acusar a activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes críticos con el sistema, ahora pende también como una espada de Damocles sobre quienes no trabajan ni estudian.

De acuerdo con el medio estatal Granma, con esas personas se hace un trabajo de prevención y, como parte de este, se imponen medidas. Quien no las cumpla, incurre en el delito de desobediencia y puede ser sancionado con privación de libertad de seis meses a un año.

Para justificar la aplicación de las sanciones, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) explicó que "la existencia de un considerable número de personas con aptitud física y mental, desvinculadas del estudio y del trabajo, y no posean ingresos económicos lícitos que garanticen su solvencia económica constituye una de las causas y condiciones que propician las manifestaciones de corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales, presentes actualmente en nuestra sociedad". Ello también tiene "un impacto negativo que tiene para la prosperidad individual y colectiva del país", afirmó el medio estatal.

Granma explicó que "el desarrollo económico y social de Cuba, como Estado socialista de derecho y justicia social, requiere, entre varios factores, del trabajo socialmente útil que aporta la población apta física y mentalmente para el empleo".

Recordó que, según el Artículo 13 de la Constitución de la República, el Estado debe "garantizar el cumplimiento de los deberes constitucionalmente establecidos". Citó también el Artículo 31, que reconoce "como un valor patrimonial de nuestra sociedad, al que califica, además, como un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de hacerlo".

El medio estatal recordó que el propio artículo de la Carta Magna "instituye también que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas y la forma de elevar el bienestar material y espiritual".

El órgano oficial del PCC obvió que los salarios en Cuba apenas alcanzan para alimentarse y que la principal fuente de ingresos, para los afortunados con familiares radicados fuera de la Isla, son las remesas que reciben del exterior.

El propio Miguel Díaz-Canel dijo en marzo que los cubanos empleaban más del 70% de sus salarios en adquirir comida. Esa afirmación, aunque se quedaba corta, constituyó un leve reconocimiento de la inflación que exprime a los cubanos. El euro y el dólar se acercan a los 400 pesos en el mercado informal, con lo que el salario mínimo es inferior a seis euros.

Sin embargo, Granma no hizo alusión a la inflación que envuelve el país ni a su efecto en el aumento de la corrupción y las ilegalidades.

Asumiendo tácitamente que los cubanos que no trabajan ni estudian son potenciales delincuentes y los culpables de la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el medio afirmó que "a fin de favorecer la disminución" de las mismas, las autoridades aplican distintos tipos de medidas.

"Como parte de las tareas de Prevención y Atención Social que también promueve la máxima dirección del país, de conjunto con toda la sociedad, y en cumplimiento de las misiones establecidas en el Acuerdo 9151 de 2021 del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior (MININT), mediante el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, y con la participación de las organizaciones sociales y de masas, propone, organiza y aplica medidas profilácticas, preventivas, jurídicas y operativas en la demarcación territorial a su cargo, con las personas desvinculadas del trabajo o del estudio", dijo Granma sin aclarar en qué consisten esas medidas.

El medio añadió que "la atención por los órganos de prevención y atención social incluye también otras conductas nocivas, como el ejercicio de la prostitución y otras incompatibles con el clima de orden, legalidad y tranquilidad ciudadana que debe prevalecer en la sociedad cubana".

La persona que "reiteradamente desobedezca o incumpla las medidas que le hayan sido impuestas en forma legal por las autoridades competentes, o las advertencias realizadas como consecuencia de la inobservancia de las adoptadas por el órgano o entidad encargada de la prevención social incurre en el delito de desobediencia", explicó Granma.

El Código Penal de Cuba prevé para el delito de desobediencia penas de cárcel de seis meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.

Para apuntalar la aplicación de sanciones contra cubanos que no trabajen ni estudien por el delito de desobediencia, Granma sostuvo que "mantener la justicia social alcanzada, lograr la equidad, la igualdad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva que establece el Artículo Primero de la Constitución de la República, es responsabilidad de toda sociedad y resulta decisiva la contribución de las personas mediante el trabajo o el estudio".

El órgano oficial del PCC concluyó afirmando que "corresponde, constitucionalmente, al Estado y al Gobierno, garantizar el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes".

Este mismo mes, el Gobierno de Santiago de Cuba anunció una campaña para censar a los residentes de esa provincia que ni trabajan ni estudian.

A mediados de enero, el perfil oficialista Fuerza de Pueblo dio a conocer que el MININT desarrollaba reuniones profilácticas con cubanos a los que consideraba "potenciales delincuentes" para "fomentar" su "capacidad reflexiva" otorgándoles "la posibilidad de cambiar e insertarse a la sociedad".

Fotos de cubanos que no estaban siendo procesados por ningún delito, pero que son descritos por las autoridades como proclives a cometerlos, fueron exhibidas por el perfil de Facebook, que funciona como un brazo del MININT y la Seguridad del Estado en dicha red social.