¿Por qué el régimen cubano se retira de los espacios públicos?

Desde 2023 la X Legislatura de la Asamblea Nacional y los órganos municipales del Poder Popular se han distanciado de la ciudadanía, aplazando por tiempo indefinido el deber constitucional de rendición de cuentas de los delegados de circunscripción a sus electores. O haciendo indirecta esa rendición de cuentas, programando labores de comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional en agendas fraccionadas por regiones o funcionando mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación: a distancia y en circuitos cerrados, potenciándose así el nocivo flagelo de la censura y desinformación.

La propia Asamblea Nacional se distancia de la base dejando de sesionar —por ejemplo— en el pasado mes de abril. De la correspondiente y común sesión plenaria de diputadas y diputados planificada históricamente para esa fecha, el ciudadano común no sabe nada, en una Cuba que deja de funcionar institucionalmente a pedazos para dar pie al sistema de poder encubierto de "ordeno y mando".

En la Isla, los ciudadanos siguen cargando una doble problemática. En primer lugar, los problemas que impone la grave crisis económica y política existente. Entre ellos, el hambre, la falta de transporte, la devaluación extrema de la moneda, la reducción productiva de bienes y servicio básicos, la inseguridad y la falta de calidad en los servicios de salud, por citar únicamente los más preocupantes. Y, en segundo lugar, el hecho de que, aun cuando el Parlamento cubano no ha resuelto casi nada sesionando durante décadas en las fechas señaladas, ahora ceda el paso a la concentrada función ejecutiva bajo la justificación de ahorrarse recursos.

Esto último constituye otro rasgo calificativo de la tendencia del distanciamiento de la "Revolución" respecto a la ciudadanía, sus demandas y problemas cotidianos agobiantes. A lo que es preciso añadir la lentitud o el impedimento del desarrollo legislativo encargado de asegurar derechos y libertades fundamentales de las personas. Amén del daño por morosidad y aplazamiento de disposiciones jurídicas básicas de participación real ciudadana.

El régimen cubano ceden normas reales como las de acceso a la información o el derecho a la reunión, manifestación y asociación, para potenciar las de condenas establecidas en el nuevo Código Penal. Y, en lugar de hacer trabajar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales sobre las deudas del cronograma legislativo, presenta a altos cargos de MININT, del sistema de Justicia penal y del Tribunal Supremo Popular en programas de televisión desinformativos y legitimadores de la violencia de Estado como Hacemos Cuba, dejando un mensaje de represalia contra todo el que considere intente  deponer los poderes establecidos y el Gobierno.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel visita entornos y contextos estrictamente controlados por los cuerpos de Seguridad, de conjunto con dirigentes encargados de organizar reuniones de personas que canten, griten consignas y celebren estar junto al mandatario.

Resulta sintomática la suspensión de actos masivos en fechas conmemorativas, como los del 1 de enero, Primero de Mayo, 26 de julio y 28 de septiembre. También el hecho de que a las plazas y actos culturales destinados a la celebración del triunfo de la Revolución acudan en exclusivo militares y funcionarios selectos, mientras el pueblo queda relegado, accediendo a ellos a través de los medios oficiales.

Ya en 2023 el Primero de Mayo había sido suspendido como acto masivo en la Plaza de la Revolución, autorizándose pequeñas marchas en los municipios ante el desabastecimiento de combustible. Este año, por segunda vez debido a la grave crisis, se decidió no hacer reunión de trabajadores en la Plaza de la Revolución, optando en su lugar por una concentración más modesta que el año anterior, en la Tribuna Antiimperialista, situada frente a la Embajada de EEUU en La Habana.

Frente a estos hechos, uno se pregunta si el régimen cubano se retira de los espacios públicos ante la falta de moral y de respuestas o evita sucesos erosionadores del poder por el descontento social, político y funcionarial interno. ¿Está el poder real rematando sus apariencias de institucionalidad? ¿Cuánto tiempo más legitimará el sistema judicial cubano la represión de derechos y libertades de toda clase, así como el grave estado de anulación del Estado de derecho?