La investigación penal contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil, es el más reciente hecho de interés público nacional que el régimen envuelve en la opacidad y sobre el que solo informa a los cubanos en apariencia y a cuenta gotas. Pero el contexto y la relevancia para la población son distintos, aunque no es el primero caso ni probablemente será el último.
A diferencia del adiestramiento de guerrillas de América Latina durante al menos los años 60 y 70 del siglo XX, y destituciones como las de Carlos Lage, Roberto Robaina y Hassan Pérez —por solo mencionar algunos ejemplos del secretismo del régimen— el caso actual se relaciona con una cuestión que resulta crucial para los cubanos y constituye la causa directa del descontento popular, que provocó protestas en el oriente del país el 17 de marzo: la economía.
Gil fue el ministro de Economía de la Tarea Ordenamiento implementada en plena pandemia de Covid-19, de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que acentuaron las diferencias sociales en Cuba, de los precios disparados que exprimen los bolsillos de los cubanos y reducen el salario mínimo a menos 6,70 dólares mensuales.
El interés de los cubanos en este hecho es más que lógico, pero a estas alturas ignoran de qué se acusa exactamente al defenestrado Gil. En el comunicado firmado por Miguel Díaz-Canel y leído en televisión para informar que el exministro estaba bajo investigación no se dijo de qué se le acusaba.
Se afirmó que, "como resultado de rigurosas investigaciones" se habían determinado "graves errores" cometidos por Gil y que este había reconocido "graves imputaciones". ¿Cuáles?
Posteriormente el medio oficialista Con Filo, punta de lanza del régimen en sus campañas de desinformación, cargó contra el exmiembro de la Asamblea Nacional y del Comité Central del Partido tachándolo de "contrarrevolucionario" y lo criticó por vivir por encima de las posibilidades del pueblo y hacer ostentación de ello.
El reproche resultó llamativo porque por ejemplo, Sandro Castro, nieto del difunto dictador, vive por encima de las posibilidades de los cubanos y exhibe sus lujos, sin que hasta el momento Con Filo haya salido a rasgarse las vestiduras.
¿Pero, en definitiva, de qué se acusa al exministro Gil? ¿Cuál es su presunto o presuntos delitos? ¿Qué desencadenó la investigación? ¿Cuándo y por qué aparecieron las sospechas sobre esos presuntos delitos? Apenas un mes antes, Díaz-Canel lo había destituido con un "abrazo agradecido".
El secretismo del régimen solo contribuye a alimentar hipótesis. Para medios de prensa internacionales como la agencia española EFE, el caso de Gil sería parte de una campaña del Gobierno de Cuba contra la corrupción.
Sin embargo, la economista y columnista de DIARIO DE CUBA Rafaela Cruz señala que "levantar la polvareda de la corrupción" le haría al Gobierno un daño mayor que el supuesto beneficio de entretener al pueblo.
"Esta farsa tiene un público objetivo, pero no es el pueblo, sino el sector del castrismo que asiste derrotado —quizás definitivamente— a cómo otro sector tritura al colaborador más cercano de Díaz-Canel", escribió Cruz en marzo.
Pero por entretenidas que puedan resultar estas y otras hipótesis del anuncio de un proceso penal contra el destituido Gil, nada puede desviar la atención del hecho de que al pueblo se le está violando el derecho a conocer información de carácter público.
¿Habría que esperar a la aprobación de la dos veces postergada Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que debe ser sometida al criterio de los diputados en abril, para conocer todo lo referente a la investigación sobre el exministro cubano de Economía?
¿Dicha norma, cuando por fin se apruebe, marcará el fin del secretismo? ¿Obligará al régimen a informar de manera transparente sobre temas de interés público?
En realidad, los cubanos no tendrían que esperar por una ley bien hecha y su correcta aplicación para que se les proporcione toda la información sobre el caso de Gil.
Por tratarse de un funcionario público de alto nivel, que integraba la Asamblea Nacional y el Comité Central del PCC, no puede alegarse como justificante de la desinformación la regla del "secreto del sumario".
Sin negar la presunción de inocencia de Alejandro Gil y su derecho a defenderse en un sistema de justicia que le será adverso, la información sobre esos presuntos delitos ahora también es parte de las necesidades que tiene el pueblo.
Para mi lo mas interesante es lo rapido que se apunta EFE para lavarle la cara a la dictadura. A EFE no le interesa el pueblo cubano.
Los cargos deben de estar relacionados a los delitos de siempre: tiene una alcancia escondida, o trafico de influencias, quizá una grabación en donde se oye la corrupción o algo de “contrarrevolución”. El no causó las explosiones en los hoteles, pero ¿quiénes son los otros corruptos? ¿Hay militares, jueces u otros ministros en el escándalo? ¿Están planeando otras destituciones para arrancar con un juicio? ¿Cuantos ministros cubanos tienen una cuenta de banco personal en el extranjero? ¿Cuántos familiares de funcionarios tienen licencias para importar productos y servicios?
Se dice que Gil exploto porque alguien le dijo a Canelo que la michi, estaria pensando en probar otro "mango" y la cogieron con èl.