Las recientes protestas en Cuba devuelven a la actualidad un reiterado e injustificado incumplimiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular con el pueblo al que dice representar: no haber aprobado la ley que debería garantizar el derecho constitucional a manifestarse, lo que coloca a los cubanos en una situación de inseguridad jurídica.
La aprobación de la ley de manifestación y reunión con fines pacíficos estaba prevista para septiembre de 2020 y fue postergada hasta después de 2022. Tras las protestas del 11J fue sacada del cronograma legislativo sin explicaciones y no aparece entre las que deben aprobarse en los próximos cinco años.
No basta que el régimen haya pasado en tres años de la represión brutal y ordenada por Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2021 —cuando los cubanos salieron a las calles con gritos de "Patria y Vida" y "Abajo el comunismo"— a la "compresión" del descontento del pueblo que gritó por "corriente y comida" este 17 de marzo, con pocas detenciones reportadas hasta el momento.
Ese cambio de estrategia solo demuestra que el régimen le teme al costo político de una nueva ola represiva. Por otro lado, las represalias contra los ciudadanos, incluidas las duras condenas de cárcel, no han tenido el esperado efecto de disuadir a los cubanos de volver a manifestarse.
Miguel Díaz-Canel dijo en una entrevista con la emisora estadounidense NBC News que protestas como las que estallaron en Cuba el 17 de marzo ocurren en el mundo. O sea, que Cuba es un país normal, donde la gente tiene motivos de descontento para protestar.
El gobernante y la prensa estatal han admitido incluso que las protestas fueron fundamentalmente pacíficas.
Sin embargo, el carácter también fundamentalmente pacífico de las protestas del 11J no impidió que cientos de cubanos fueran reprimidos, juzgados y condenados a prisión.
Días después de aquellas manifestaciones, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, afirmó en conferencia de prensa que manifestarse, lejos de ser un delito, era un derecho reconocido en la Constitución de la Isla.
El presidente del TSP dijo además que "la libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito".
Eso no evitó que muchos manifestantes fueran sentenciados por cargos que fueron desde los "desórdenes públicos" hasta la "sedición".
La falta de la ley no impide el ejercicio del derecho constitucional, y los cubanos no se han sentado a esperar por una norma para lanzar sus reclamos. Pero la ausencia de unas reglas del juego determinadas por la ley sí permite que el régimen decida arbitrariamente cuándo hay derecho a manifestarse y cuándo no; qué manifestaciones son legítimas y cuáles no.
El régimen optó esta vez por admitir que la población protestara por los apagones y la falta de comida. Los gritos de "Patria y Vida", "Abajo el comunismo" y "Libertad", criminalizados en 2021, fueron minimizados en esta ocasión.
En 2022, también fueron criminalizados los reclamos de corriente, comida y agua hechos durante las protestas de Nuevitas, Camagüey, en agosto, y durante las que ocurrieron en septiembre en la capital y otros puntos del país, tras el paso del huracán Ian.
Puede parecer ingenuo exigir al máximo órgano legislativo de Cuba, cuya subordinación al régimen es declarada, que apruebe una norma que a la luz de los acontecimientos demuestra ser más necesaria que nunca. Una norma que no cumpla el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse tendrá el mismo efecto de inseguridad jurídica para la ciudadanía que la ausencia de la ley.
Sin embargo, la renuencia de la ANPP a incluir nuevamente la norma en su cronograma legislativo demuestra que podría dejar resquicios por los que puedan colarse reclamos populares pacíficos de cambios en el sistema político.
¿Qué efecto tendría ante la opinión pública internacional una manifestación pacífica y multitudinaria que, respetando la norma que regule este derecho, exija la liberación de los prisioneros políticos, el fin de socialismo irreversible en la Constitución, un cambio de modelo político y económico, la legalización de los partidos políticos de oposición y de la sindicalización independiente?
Es de esperar que el régimen viole la ley, si la ANPP no puede evitar aprobar una norma de la que los cubanos puedan agarrarse para lanzar reclamos que rebasen las cuestiones relacionadas con la subsistencia. Ya el régimen viola sus propias leyes al impedir, mediante el secuestro de activistas y opositores, y la coacción a la población, la participación de cubanos no afines al sistema en las elecciones municipales.
Sin embargo, las elecciones municipales ocurren una vez cada cuatro años, mientras que el régimen no puede prever cuándo estallarán nuevas manifestaciones. Solo puede suponer que cada vez serán más frecuentes, ante su incapacidad de dar soluciones duraderas a los problemas de la población y el evidente fracaso del modelo político y económico impuesto en el país.
El coste político de violar repetidamente la ley que garantice el derecho constitucional de manifestarse puede ser mucho mayor que el de impedir la participación de la disidencia en las elecciones.
