La población de los adultos mayores es la única que crece en Cuba, con una representación del 21% de los habitantes, pero la retirada del Estado de la protección de este grupo delega cada vez más responsabilidad en las ya empobrecidas familias cubanas.
La crisis alimentaria, sanitaria y de cuidados afecta de manera general a la población, con peores efectos en los adultos mayores, según la socióloga cubana Elaine Acosta, directora del observatorio sobre envejecimiento Cuido60.
"Las personas mayores han visto reducida toda la ayuda estatal que recibían a través del sistema de atención a la familia. Además, han visto una disminución en calidad y cantidad de servicios. Hay una crisis de medicamentos que, para un grupo poblacional con condiciones crónicas de salud, se vuelve un calvario", señala la socióloga.
Acosta advierte que desde 2017 el Estado cubano ha venido reduciendo el presupuesto destinado a los servicios de protección social, en particular el de las personas mayores.
"Las políticas sociales que el Estado ha implementado transfieren hacia las familias una mayor carga y responsabilidad del cuidado de las personas mayores. Aunque parte de la responsabilidad es de las familias, no es exclusiva de estas", dice Acosta
A pesar de que el abandono a los adultos mayores se hace cada vez más evidente, incluso con el aumento del número de ancianos viviendo en la calle, el Gobierno no ha implementado una ley integral de protección para este sector poblacional, como sí se ha hecho en otros países de la región.
"Esta ley permitiría darle prioridad y atención especializada a este grupo poblacional. En materia familiar la violencia no solo es el maltrato físico o verbal, también lo es el abandono o dejar de hacer lo que moral y legalmente corresponda", dice la jurista y miembro de DIARIO DE CUBA, Maylin Fernández.
Según la abogada, el problema no está en las leyes, sino en su aplicación. Aunque así lo disponga el ámbito legislativo, en Cuba no se garantizan los alimentos y medicinas a los ancianos y la pensión por jubilación no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
"No puede ser que en seis meses un adulto mayor encamado solo reciba un metro de tela antiséptica, una toalla personal y seis jabones, en el mejor de los casos. Es inconcebible que durante la pandemia de Covid-19 la protección al adulto mayor haya sido nula", dice Fernández refiriéndose a una experiencia personal.
La abogada insiste en que el envejecimiento de la población en sí no es un problema, la cuestión es la forma. Para dar pasos hacia una mejora en las condiciones de los adultos mayores, la socióloga Elaine Acosta plantea varias líneas.
"Es necesaria la publicación de información, sin información no hay política pública que se pueda llevar a cabo. Otro punto es que el Gobierno cubano ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para que haga vinculante las responsabilidades internacionales que tiene respecto a estos derechos", aconseja la socióloga.
Otra recomendación de Acosta es que los ancianos que lo necesiten recurran a la organización de la Iglesia católica Cáritas Cuba. "Tienen un programa bastante integral de protección, recreación y formación continua". También sugiere al Estado apoyarse en la Sociedad Civil y en el sector no estatal para brindar la atención debida a los ancianos, en lugar de criminalizar la acción social.
"El Estado cubano no puede brindar la atención suficiente, necesita del concurso de la Sociedad Civil, de los privados que, de manera incipiente, están brindando algunos servicios; y también de las familias. Para eso tiene que facilitar que estas organizaciones puedan operar, acceder a recursos internacionales y a información", concluye Acosta.
