Activistas de la comunidad LGTBI solicitaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que incorpore una Ley Integral de Identidad de Género, así como otras demandas relacionadas con dicha comunidad, informaron este miércoles en redes sociales, reportó la agencia EFE.
La plataforma independiente Alas Tensas divulgó las peticiones que incluyen "la transparencia en estadísticas e información relacionada con crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI".
El acceso a maternidades y paternidades no heteronormadas y la implementación de una Ley Integral contra la Violencia de Género también forman parte de la larga lista de solicitudes, entregadas al Parlamento cubano el lunes.
Los colectivos independientes defienden esta última ley porque los feminicidios no están tipificados como delitos en el Código Penal, y han alertado sobre el aumento de los casos de asesinatos machistas en el país (34 en 2022 y 63 en lo que va de 2023).
Las demandas abarcan, entre otras, la puesta en marcha de un programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema nacional educativo. Asimismo, el desarrollo de una política de educación integral en sexualidad con enfoque de género.
Según el documento hecho público, la comunidad LGTBI cubana "ha promovido la creación de espacios inclusivos para las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género".
"Estas demandas se basan en documentos internacionales, como los Principios de Yogyakarta y Nacidos Libres e Iguales, así como en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de la República de Cuba", indicaron los activistas.
Estos también mencionaron que las solicitudes "son fundamentales para garantizar una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género".
Cuba aprobó el año pasado el Código de las Familias, un paquete legislativo que contempla el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales, la prohibición del matrimonio infantil y reconoce derechos que favorecen a los niños, ancianos y personas discapacitadas. Sin embargo, el abordaje de ese código a la violencia de género se considera insuficiente.
