El Consejo de Estado aprueba dos decretos leyes más

El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos nuevos decretos leyes y examinaron temas que se debatirán durante la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en los próximos días, durante una reunión presidida por Esteban Lazo Hernández.

Tras la exposición realizada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, los miembros del Consejo de Estado adoptaron el decreto ley "Reglamento de la Ley de Ejecución Penal", disposición normativa que tiene como objeto implementar las disposiciones de dicha ley, en el curso del proceso de "ejecución de sanciones penales, medidas de seguridad postdelictivas terapéuticas, cautelar de prisión provisional y sobreseimiento condicionado, en lo relacionado con el modo y tiempo de actuación de los sujetos implicados," publicó la oficial Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Remigio Ferro dijo que las diferentes versiones del proyecto analizado fueron sometidas a un "extenso proceso de consulta", en el que se recibieron diversas propuestas realizadas por magistrados y jueces, los fiscales encargados del control de la legalidad en esta materia, de directivos y funcionarios de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del Ministerio del Interior, además de expertos y especialistas de otras materias afines.

El 1 de diciembre, junto al nuevo Código Penal, entra en vigor la Ley de Ejecución Penal, publicada en la Gaceta de la República tres meses antes y que cerró el ciclo de lo que el régimen ha presentado a la opinión pública como "una relevante y verdadera revolución procesal que garantiza derechos y deberes constitucionales a las partes". En la práctica, esta nueva ley no garantizará ningún derecho de los presos cubanos, menos aún para los presos políticos, como señaló un análisis de DIARIO DE CUBA.

Por su parte, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, presentó el proyecto de decreto ley "Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Ciudadanos Cubanos Designados como Representantes de las Representaciones Comerciales Extranjeras en la República de Cuba".

La disposición normativa aprobada por el Consejo de Estado establece un régimen especial de seguridad social dirigido a la protección de esos ciudadanos, con excepción de los que son sujetos del régimen general de seguridad social.

A su vez, el Consejo de Estado evaluó la propuesta de acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular que regula el procedimiento para la realización de preguntas por los diputados en las sesiones del aparato legislativo del régimen cubano.

Su secretario, Homero Acosta Álvarez, dijo que "la necesidad de garantizar a los diputados el ejercicio pleno de ese derecho aconseja articular otros mecanismos, que les faciliten, previo a la realización de las sesiones, elaborar las preguntas que desean formular al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, o sobre alguno de los restantes temas que se van a debatir; y que estas les sean respondidas con la calidad que corresponde".

Al respecto, dijo que los diputados pueden hacer llegar a la Secretaría de la Asamblea Nacional, a través de los departamentos independientes de esta con sede en las provincias, las preguntas que desean formular, "con el tiempo suficiente y en correspondencia con nuestro diseño constitucional y con las regulaciones vigentes". Acosta añadió que este procedimiento no limita el derecho a los diputados de hacer otras preguntas en el plenario.

Los integrantes de este órgano analizaron también el proyecto de ley del Código Penal Militar, previo a su presentación y discusión por los diputados en el Primer Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular convocado a partir de este 20 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana.

También el Consejo de Estado acordó convocar al proceso de elecciones de los jueces legos del Tribunal Supremo Popular por la Asamblea Nacional del Poder Popular y del resto de los tribunales de Justicia por las asambleas municipales del Poder Popular, que se desarrollará entre el primero de agosto de 2023 y el 28 de febrero de 2024, según lo establecido en la ley.

Las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea se reúnen desde este martes para analizar temas del quehacer económico y social, según publicó el diario oficial Granma.

Previo al inicio, el próximo 20 de julio, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados discutirán, por espacio de dos jornadas, los resultados de las comprobaciones a varios acuerdos adoptados, y el cumplimiento de normas jurídicas y su implementación.

Se discutirán los resultados de la primera etapa del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado Tarea Vida; la proyección y los preparativos para la realización de la zafra azucarera 2023-2024, y la evaluación del impacto de las acciones aprobadas en la Política para la atención a la dinámica demográfica en lo relativo a la situación del embarazo adolescente.

Los diputados también analizarán el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia; la situación actual y perspectivas de los medicamentos que integran el cuadro básico; el cumplimiento de las directivas de enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción en entidades del Ministerio del Comercio Interior; las perspectivas de desarrollo de la industria de materiales de la construcción y del Programa de la Vivienda, entre otros asuntos.

La reunión del aparato llega en momentos de crisis económica sin precedentes y con reportes previos en medios oficiales donde las autoridades han reconocido el desastre que rodea a las políticas sociales y que atribuye de manera invariable al embargo de Estados Unidos.