Plataformas independientes cubanas denunciaron dos nuevos feminicidios ocurridos en Holguín y La Habana, cuando aún resuena el caso de la adolescente de 17 años asesinada en Camagüey por su expareja, un hombre de 50 años, en una estación de Policía.
"Lamentamos los dos últimos feminicidios que han podido verificar los Observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, en lo que va del año 2023", publicó Yo Sí Te Creo en Cuba en sus redes sociales.
"Enviamos nuestras condolencias a la madre y demás familiares de Arletis Almarales Alberteris, fisioterapeuta de un Hogar de Ancianos, en San Germán, Holguín. A sus 40 años de edad, esta rehabilitadora muy querida por sus pacientes fue agredida en la vía pública por su expareja, el 26 de enero", informó el grupo feminista.
"Llegue nuestro pésame a los dos hijes [sic] menores de edad y demás familiares de Yanet Rodríguez, de 33 años, que murió a manos de su expareja el 3 de febrero, en San Agustín, La Lisa, en La Habana. Fuentes comunitarias denuncian la situación de violencia familiar (de género e infantil, específicamente) de este hogar y la necesidad de acciones integrales para estos casos", añadió.
Yo Sí te Creo en Cuba invitó a participar con "propuestas sobre cómo la ciudadanía puede articularse para evitar estos hechos" en el "Tercer llamado por el Estado de Emergencia en Cuba" ante el incremento de la violencia de género. Con estos nuevos casos registrados de manera no oficial, serían seis los feminicidios en Cuba en poco más de 30 días del año 2023.
El jueves, el caso de la joven Leidy Bacallao, asesinada en la madrugada del sábado 4 de febrero en la localidad Camalote, del municipio Nuevitas, llegó a las páginas de BBC Mundo. El medio británico destacó "la crueldad del ataque", "los más de 30 años de diferencia entre el presunto asesino y su víctima", así como "el hecho de que ocurrió en una unidad policial".
Este suceso también fue denunciado por plataformas feministas y organizaciones de la sociedad civil independiente cubana que esta semana realizaron, a través de una misiva, otro llamado por el Estado de Emergencia en Cuba.
La carta responsabiliza claramente al Estado cubano por los asesinatos de mujeres, en un país que no cuenta con mecanismos efectivos de prevención.
"Nos están matando porque carecemos de protocolos y mecanismos efectivos de prevención en Cuba, porque no accedemos a la justicia: persisten problemas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la recepción de denuncias", recalca la carta.
Además de las mencionadas carencias, las organizaciones critican que programas estatales como el de Adelanto para la Mujer "se quedan en papeles", "el prometido Observatorio de Violencia de Género no ha llegado aún y la Línea 103 no estuvo activa ni un año".
"Muchos de los agresores identificados tenían antecedentes de violencia, lo que habla de la ausencia de la prevención y de estrategias para la reinserción de estas personas", denuncia la carta, que critica además la falta de refugios para las mujeres víctimas de maltratos y sus hijos, y la criminalización por parte del Estado del activismo feminista y todos los activismos.
La carta recuerda que es el Estado el que tienen los recursos para decretar el estado de emergencia y hace un llamado para la articulación de la ciudadanía, en aras de "evitar los feminicidios y las desapariciones que sean posibles".
Los proyectos recuerdan que tres cubanas fueron reprimidas por solicitar permiso para realizar una manifestación pacífica el próximo 8 de marzo, utilizando los canales establecidos, y exigieron que se respete "el derecho a la protesta y la manifestación pacífica de las activistas y mujeres que están usando la etiqueta #LaCalleSeráTestigo".
Precisamente, de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la Red Femenina de Cuba emitió una declaración en la que exigió una vez más una Ley Integral contra la Violencia de Género, independiente del Código de las Familias y el fin de la violencia política ejercida contra activistas independientes.
"Es imprescindible en Cuba potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos para que, por un lado, no exista impunidad (en torno) a cualquier tipo de violencia contra la mujer, ya sea doméstica o institucional, que brinde la protección más elevada a las víctimas y sus familias", señala la red.
Para las activistas cubanas, una Ley Integral contra la Violencia de Género, "regularía las medidas contra la violencia por una Ley Orgánica" y significaría "vivir sin violencia", "un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir".
La Red Femenina recuerda que son derechos humanos de las mujeres: "el derecho a la educación, salud, desarrollo, al trabajo, a una vida libre de violencia, sexual y reproductiva, así como el derecho a la libre participación política, que tampoco se cumple en Cuba, pues desgraciadamente, la vulneración de este último se ha sistematizado como norma" en la Isla.
Cita el arresto de tres integrantes del movimiento por solicitar un permiso para manifestarse el Día Internacional de la Mujer, en sintonía con cientos de miles de mujeres del mundo.
"Cuba es el único país del hemisferio occidental que no goza de una Ley Integral contra la Violencia de Género, (lo que guarda relación con la violencia política ejercida contra activistas independientes). Esto tiene que cambiar. Se ha de actuar con celeridad. Las mujeres en Cuba exigimos que se armonice la legislación local con los dictados de las normas internacionales de derechos humanos", señala el texto.
Igualmente, reclama "una reforma del sistema de justicia penal para que se tenga más en cuenta las necesidades de las mujeres", "que los jueces y los agentes del orden público reciban una nueva formación; que atiendan con consideración a las víctimas; que se creen tribunales especiales o comisarías de policía con personal femenino; que se establezcan procedimientos e instituciones de investigación dirigidas por personas cuyas actitudes sean reflejo de la realidad social; que se articule una lucha contra la cultura de la violencia doméstica e institucional, y que se respeten, en consonancia con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, las propuestas, iniciativas y espacios de género en la sociedad civil".
