Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional: la letanía del régimen para entretener a los cubanos

Las frases "soberanía alimentaria" y "seguridad alimentaria y nutricional" se han convertido en los nuevos mantras del régimen para entretener a los cubanos. No deja de echar mano a ellas en sus discursos y están presentes en al menos dos normas aprobadas recientemente. Incluso, al celebrar el quinto aniversario del Centro de Investigaciones de Plantas Proteicas y Productos Bionaturales, que impulsa proyectos de Fidel Castro, el primer ministro Manuel Marrero afirmó el pasado 20 de diciembre que el centro contribuiría a alcanzar las mencionadas soberanía y seguridad.

Desde 2020 Cuba cuenta con un Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, aprobado por el Consejo de Ministros como parte de la Política Alimentaria. Dos años después, en mayo pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entró en vigor el 28 de octubre.

El Gobierno cubano cuenta con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según medios oficiales.

La soberanía alimentaria es la capacidad para producir alimentos de forma sostenible y que la población tenga acceso a una alimentación de calidad, reduciendo la obligatoriedad de importación de productos.

Si de reducir las importaciones se trata, en eso el régimen cubano ha sobrecumplido: las compras de pollo a Estados Unidos cayeron en octubre pasado, en algo más de un tercio. Pero ese desplome no se debió a un incremento de la producción interna y lo demuestran las enormes colas que tienen que hacer los cubanos para adquirir el producto.

La producción de carne porcina también cayó de manera dramática. El medio estatal Escambray reconoció en noviembre que esa producción tocó fondo en Sancti Spíritus. De mamífero nacional en Cuba, el cerdo ha pasado a ser el producto más importado desde España. Pero no llega a los cubanos de a pie, que para acceder a un pedazo de esa carne para celebrar el fin de año, tuvieron que hacer colas durante días y chequear su turno cada cuatro o cinco horas.

Ante su incapacidad de incrementar la producción, el régimen extendió hasta finales de junio de 2023 la exención de aranceles para la importación de comida, además de medicamentos y productos de aseo. De esa forma, los cubanos emigrados y aquellos que residen en la Isla y viajan fuera, llevan a la Isla aquello que el régimen no logra producir dentro del país.

Mientras el régimen cubano habla de soberanía alimentaria depende de donaciones para mal alimentar a los ciudadanos. El mismo día que Marrero Cruz celebraba las "plantas proteicas" de Fidel Castro, Prensa Latina informaba que empresarios vietnamitas enviarían una donación de 7.500 toneladas de arroz a Cuba.

¿Cuáles han sido los resultados del mencionado centro en el lustro transcurrido desde su fundación?

Ninguno. Es lo que cabe deducir de la nota de Cubadebate, en la que solo aparecen "desafíos", entre ellos, contribuir al logro de la cacareada soberanía alimentaria.

Que la manoseada soberanía es una quimera es una realidad admitida por el Gobierno. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en una intervención ante la Asamblea Nacional en diciembre pasado que Cuba tiene una Ley de Soberanía Alimentaria, pero no hay alimentos. En ese momento, la Asamblea estaba a punto de aprobar la Ley de Fomento de la Ganadería —que también tiene entre sus objetivos lograr la soberanía alimentaria— pero, como tuvo que admitir el gobernante, no hay ganado. También admitió la existencia de una ley de pesca, cuando no hay pescado.

La Ley de Soberanía Alimentaria está amparada en la Constitución. El Artículo 77 dice que "todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población", mientras el siguiente reconoce el derecho de las personas a "consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información precisa y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley". 

Si los cubanos que pasan horas en colas para mal alimentarse emplean parte de ese tiempo en leer la Constitución, pensarán que los mencionados artículos constituyen una broma de mal gusto. La realidad es que, al desabastecimiento, los precios que revientan los bolsillos y la miseria que los mantiene fajándose en las colas por unos módulos o un pedazo de carne, se une el pésimo estado de la comida que le vende el Estado a la población en muchas ocasiones.

En las redes sociales abundan las denuncias al respecto. La comida vendida en establecimientos estatales ha llegado a provocar lesiones, como demuestran las quemaduras producidas por croquetas bautizadas como "explosivas".

Pero los cubanos no tienen que conformarse con reclamar en las redes sociales ni en la prensa, independiente o estatal. Como reflejó un análisis de DIARIO DE CUBA en noviembre pasado, la Instrucción número 3 de 2019 del Ministerio de Comercio Interior y el Código Penal que entró en vigor el 1 de diciembre permiten realizar determinadas acciones para reclamar sus derechos, entre ellas denunciar.

Mientras los cubanos continúen pasivos ante las violaciones de sus derechos como consumidores, y de todos sus derechos en general, todas las leyes serán tan inútiles como la de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Al régimen no le interesa que las leyes sirvan para otra cosa que para proporcionarle una fachada y seguir entreteniendo a la población.