En Cuba, se juzgaron diez casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas en 2021, según el Informe Nacional sobre Trata de personas sobre el referido año, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
De esos casos, ocho se correspondieron con la modalidad de trata con fines de corrupción de menores y dos de ellos incluyeron la modalidad de trata con fines de proxenetismo.
Fueron identificadas diez víctimas, todas ellas niñas, según el documento divulgado por el MINREX. Los acusados fueron cinco hombres y siete mujeres, que fueron sancionados con penas de privación de libertad entre cinco y 20 años de privación de libertad.
La implementación del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2017-2020) se extendió por un año.
El informe del MINREX describió el plan como una "herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a este grave delito".
El régimen cubano reconoce como organizaciones de la sociedad civil a aquellas que responden a sus intereses, mientras criminaliza y hostiga a las que desarrollan su labor de manera independiente y revelan las deficiencias de las políticas estatales.
De acuerdo al informe, durante 2021 "continuaron las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el sistema de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos homólogos de países de la región y europeos, en aras de garantizar una prevención y enfrentamiento efectivos a la trata de personas".
"Se mantuvo la atención especializada a las víctimas de trata identificadas en el informe anterior, así como a aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad".
El MINREX afirmó en el documento que "Cuba mantuvo su política de 'Tolerancia Cero' respecto a cualquier modalidad de trata de personas", pese a que profesionales cubanos de la salud que han formado parte de las misiones médicas gubernamentales enviadas al exterior han asegurado haber sido víctimas de esta práctica.
En enero de 2022, la ONG Prisoners Defenders presentó de manera virtual la tercera ampliación de denuncia "1.111 Médicos cubanos contra el Gobierno cubano", que reveló que los cubanos que cumplen misión en el extranjero son despojados de sus pasaportes y de hasta el 90% de sus salarios.
Como corroboran profesionales cubanos de la salud que, tras abandonar misiones gubernamentales, han ofrecido entrevistas a DIARIO DE CUBA, no podían establecer relaciones amorosas o de amistad que no recibieran el visto bueno de los jefes de las misiones; no podían relacionarse con compatriotas que hubieran abandonado misiones del régimen cubano ni con personas que tuvieran una posición política contraria a este.
Esas prohibiciones, entre otras, aparecen en el "Reglamento disciplinario para trabajadores civiles en el exterior", contenido en la Resolución 168 de 2010, que establecía el Reglamento Disciplinario para Trabajadores Civiles. Dicha norma fue sustituida en 2020 por la Resolución 368, similar en contenido.
Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, mostró documentos de consulados de La Habana en otros países en los que se comunicaba la prohibición de entrar a Cuba durante ocho años a profesionales cubanos que habían abandonado misiones.
Al momento de la presentación del informe, más de 5.000 padres y madres cubanos no podían ver a sus hijos por esta causa. La ONG calculó que, históricamente, habían sido alrededor de 40.000 los profesionales privados de entrar a la Isla por al menos ocho años, hasta enero de 2022.
El informe no se centró solo en la situación de los médicos, pues también otros empleados como marineros y trabajadores gastronómicos de cruceros han sufrido violaciones de sus derechos, al ser despojados de hasta el 80% de sus salarios y de sus pasaportes. Como consecuencia, al llegar a los puertos, tenían que bajar a tierra indocumentados. En Croacia, las autoridades decidieron que los cubanos no podían desembarcar sin sus pasaportes, por lo que los miembros cubanos de la tripulación debieron permanecer en el barco.
"Esto es igual que el esquema de la trata de blancas", sostuvo Larrondo sobre las restricciones y violaciones de derechos a que están sometidos los cubanos que cumplen misiones gubernamentales en el exterior.
El régimen cubano continúa exportando a sus profesionales de la salud a países como México, donde los especialistas extranjeros cobrarán 53.569 pesos mexicanos (más de 2.500 dólares) mensuales, más boletos de ida y vuelta de avión a sus países de origen, traslado a los lugares de residencia, alimentos, hospedaje, aguinaldo, pago de trámites migratorios y de validación académica, según informó en octubre el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.
Sin embargo, los médicos cubanos, que son mayoría entre los profesionales extranjeros de la salud que trabajan en México, son los únicos contratados mediante convenios gubernamentales entre los dos países.
