Dos compañías estadounidenses acordaron con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), pagar multas por haber violado las regulaciones del embargo, mediante la compra de explosivos a Cuba, según publica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su página web.
La minera multinacional Newmont Corporation, con sede en Denver, Colorado, acordó el pago de 141.442 dólares para liquidar la responsabilidad civil en que habría incurrido mediante cuatro violaciones aparentes de las Regulaciones del Control de Activos Cubanos (CACR, por sus siglas en inglés).
Específicamente, entre junio de 2016 y noviembre de 2017, la compañía Newmont Suriname, una empresa subsidiaria de Newmont, que está sujeta a la jurisdicción estadounidense, en virtud de las CACR, compró explosivos y accesorios de origen cubano a un proveedor externo en cuatro transacciones diferentes.
La OFAC determinó que Newmont reveló las violaciones de manera voluntaria y que estas no constituyen un caso grave.
La oficina llegó a un acuerdo por separado por 45.908 dólares con la compañía Chisu International Corporation, que está ubicada en Parkland, Florida y se afilia a un distribuidor de explosivos y accesorios para operaciones mineras.
Entre junio de 2016 y noviembre de 2017, Chisu y sus afiliados en Surinam y Panamá adquirieron explosivos y accesorios de origen cubano, específicamente a la Unión Latinoamericana de Explosivos (ULAEX), una entidad cubana, en nombre de una compañía estadounidense para el proyecto minero de la empresa en Surinam.
En el caso de Chisu, la OFAC determinó que no reveló de manera voluntaria estas violaciones aparentes, aunque consideró que estas no son un caso de gravedad.
Al publicar la noticia, el medio estatal Cubadebate se quejó de que la administración del presidente Joe Biden mantenga "la aplicación genocida del bloqueo estadounidense contra Cuba y su carácter extraterritorial".
Además, criticó que el mandatario estadounidense ha aplicado las 243 medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno de su predecesor, Donald Trump.
En enero, la empresa de alquiler de viviendas Airbnb Inc., con sede en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con OFAC para pagar una multa de 91.172 dólares por aceptar en Cuba a huéspedes estadounidenses que viajaron sin estar incluidos en las 12 categorías autorizadas por Washington.
Entre 2016 y 2017, cuando la empresa podía ofrecer su servicio a turistas de cualquier nacionalidad, Cuba se convirtió en el mercado de mayor crecimiento para la compañía.
De acuerdo a una investigación de Raúl Santiago-Bartolomei, especialista puertorriqueño en Desarrollo y Planificación Urbana que estudió la presencia de Airbnb en La Habana, entre 2015 y 2017 el número de reservas mensuales aumentó allí más de 12.000%. Y entre finales de 2016 y marzo de 2020, los ingresos mensuales totales de Airbnb en La Habana oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares, según el periódico argentino El Diario.
