El retorno a la "normalidad" avanza en Santiago de Cuba en pleno auge de los casos de dengue, aunque los casos de Covid-19 disminuyen, al menos en los reportes oficiales.
En centros de trabajo, negocios y plazas públicas el debate gira en torno a la reapertura definitiva, cuando hace solo unos días Lázaro Expósito, hasta esta semana primer secretario del Partido Comunista en la provincia, anunciaba medidas extraordinarias y reconocía que los hospitales y centros de aislamiento para casos de Covid-19 parecían "almacenes de gente".
La suspensión de restricciones, anunciada a través de la prensa oficial, permite circular en cualquier horario por la vía pública. Algunos la consideran, sin embargo, efectista, pues coincide con los juicios contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio.
La "relación costo beneficio" es positiva para reanimar una economía colapsada, opinó el profesor Alcides Quintana. "Muchos negocios saldrán del letargo y podrán pagar las deudas que tienen”.
Yaser Fernández, dueño de un taller para reparar celulares, alabó la medida con la esperanza de que los emprendedores puedan recuperarse luego de año y medio de gastos sin apenas obtener ingresos.
A su juicio, con el Covid-19 y el dengue hay que aprender a lidiar sin que se afecte la economía. Es "indispensable para atemperar la inflación y una política de precios que afecta a los cuentapropistas y continúa desfasada con respecto al salario medio de Cuba".
"El anuncio es incongruente", consideró, sin embargo, Aurora Beltrán quien cree que la situación aún no está lo suficientemente controlada.
Entre los porteadores privados, la reanudación de la transportación intermunicipal ha sido bien recibida, debido a que constituye la antesala de los viajes a otras provincias, la opción que deja mayores beneficios.
Los propietarios de dulcerías, pizzerías, cafeterías y restaurantes privados también recibieron la noticia positivamente. Muchos tuvieron que apretarse el cinto, recortar los gastos y pagar la patente a como diera lugar en un período en el cual el costo de las materias primas para trabajar resultaba inaccesible.
La apertura de playas y piscinas fue una buena noticia, sobre todo después de un período de confinamiento que disparó el estrés de las familias, aunque los bañistas tengan que llevar la comida y la bebida que vayan a consumir.
Los artistas y la población aceptaron con beneplácito la apertura de museos, cines, salas de concierto, bibliotecas y teatros. Un alivio frente a la programación televisiva, que apenas produce audiovisuales y repite cuanto material de mala factura tiene en sus archivos.
La reapertura ha ocurrido, no obstante, bajo la amenaza de las autoridades de incrementar el rigor y las multas impuestas por los inspectores de Salud y el Gobierno local, y por la Policía, quienes, como norma, se exceden y reprimen al pueblo.
Familiares de personas fallecidas mostraron, por su parte, inconformidad con la prohibición de salir de las capillas durante los velatorios, justamente cuando el Gobierno permite que por Enramadas, a media cuadra de la funeraria Bartolomé Masó, circulen diariamente unas 100.000 personas.
Un ambiente irritante existe en los bancos y oficinas de cobro de las facturas eléctricas y telefónicas. También en las tiendas en MLC, donde es casi imposible acceder antes de que se acaben las ofertas.
Los establecimientos estatales de Comercio y Gastronomía han reabierto, entretanto, bajo el mismo panorama de los últimos meses: desabastecidos y en medio del caos.
De las 73 unidades de la Empresa de Gastronomía y Recreación de la ciudad de Santiago de Cuba solo funcionan 15, señaló Paquita Ríos, una dependienta con 30 años de servicio.
"Cobramos el salario de julio a mediados de octubre, y todavía nos deben los sueldos agosto y septiembre. Al parecer, pagamos las fechorías de los sinvergüenzas", dijo refiriéndose a la corrupción en el sector.
Una situación comprometida presentan los Estudios Siboney, de la Empresa de Ediciones y Grabaciones Musicales (EGREM), cuyo director, Marcos Antonio Campins Robaina, reunió al consejo y le indicó a cada administrador vender 10 cajas de cerveza a 2.400 pesos cada una, para reparar las unidades y aprobar la inspección de Higiene y Epidemiología.
Alden González e Irene Rodríguez denunciaron que la controvertida "iniciativa" buscaba acondicionar instalaciones la Casa de la Trova Pepe Sánchez, el Bar Bohemio, La Casa de la Música "La Pachanga", el Patio de los Dos Abuelos, El Ranchón del Músico "Los Compadres", el Salón del Son, el Iris Jazz Club, el Complejo Cultural de Palma Soriano y la red de tiendas Álbum Café
