Pese a la negativa del régimen, habrá marcha el 15N, anuncia Archipiélago

La plataforma de la sociedad civil Archipiélago anunció el martes que, a pesar de la negativa del régimen cubano a autorizar la realización de la Marcha Cívica por el Cambio organizada para el venidero 15 de noviembre, la convocatoria se mantiene en pie.

"La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos", expresó la plataforma en una breve publicación en su muro de Facebook.

"La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo, quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación. La respuesta del régimen está llena de falsedades, difamaciones y mentiras. La respuesta del régimen constituye un crimen", subrayaron.

"El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo, responderemos con civismo y más civismo", finaliza la declaración.

La reacción se produjo horas después de que, de manera simultánea, las autoridades en siete provincias respondieran a las notificaciones de la celebración de las manifestaciones con un texto casi idéntico que fue entregado a los activistas locales, en el que se califica a las convocatorias pacíficas como una "acción ejercida en su contra", "desestabilizadoras" y por tanto "ilícitas".

Las autoridades sacaron a relucir el Artículo 4 de la Constitución, que define el sistema socialista como "irrevocable", si bien los organizadores de la marcha no cuestionan el orden político oficial en su convocatoria.

El texto acusa además a algunos de los promotores de las manifestaciones de tener "vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense" y de ocultar la "intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba".

"Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de 'cambio de régimen' para Cuba, ensayada en otros países", dice.

El texto replicado subraya que "apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación" a los que las autoridades acusan de "alentar acciones contra el pueblo cubano, intentar desestabilizar el país e instar a la intervención militar". 

Y finaliza reconociendo que si bien los promotores de la marcha invocan el derecho a la manifestación presente en la Constitución de la República redactada por el Partido Comunista y aprobada en 2019, "este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha", concluye.

Inicialmente, Archipiélago había convocado a la marcha para el 20 de noviembre, pero el viernes pasado anunció que la adelantaría para el 15 debido a que las autoridades decidieron horas antes celebrar esa misma jornada el Día Nacional de la Defensa.

"Nosotros no queremos violencia, no queremos que los cubanos se enfrenten y no podíamos lanzar a los manifestantes a enfrentarse con un Ejército en la calle que podía reaccionar de forma violenta", dijo entonces el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los líderes de Archipiélago.

El antecedente de la marcha está en las inéditas protestas del pasado 11 y 12 de julio en medio centenar de ciudades cubanas, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos a manos del régimen.

El propio martes, activistas en Camagüey entregaron la notificación en la oficina de Atención a la Población de la Intendencia local para realizar la marcha en ese territorio, según reportó el medio independiente La Hora de Cuba. 

Entre los firmantes de la carta están la actriz y periodista de ese medio, Iris Mariño, el sacerdote católico Alberto Reyes y el activista Ediyersi Santana. 

Según el reporte, el domingo último Mariño fue visitada en su vivienda por el agente de la policía política alias Cristian, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos de la Contrarrevolución, para advertirle contra la recogida de las firmas para la petición.