Después del 11J el régimen cubano podría legalizar viviendas... donde las personas no pueden vivir

Al cubrir la visita de Miguel Díaz-Canel a La Güinera, en Arroyo Naranjo, e informar del trabajo que ha comenzado a realizarse recientemente para resolver problemas que han afectado a los ciudadanos por décadas, Granma publicó que se avanzaba "en la legalización de 122 viviendas" en esa comunidad.

Quienes habitan viviendas no legalizadas las han levantado sin autorización de las autoridades y suelen recibir amenazas de desalojo. Se trata fundamentalmente de personas que llegan a La Habana desde el oriente del país, con la esperanza de encontrar condiciones de vida menos precarias que las de sus provincias.

La Güinera, donde un policía mató de un disparo a Diubis Laurencio Tejeda durante las protestas de 11J, podría no ser el único barrio periférico de la capital beneficiado con la medida, según declaraciones de una abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del municipio Playa, que accedió a hablar con DIARIO DE CUBA bajo la condición de no ser identificada.

"Recibimos la orientación de empezar a otorgar propiedades de viviendas en los considerados 'barrios insalubres' de La Corbata, El Bote, Romerillo y Cubanacán, en el municipio Playa", explicó.

Sin embargo, al conversar con los beneficiarios de la medida gubernamental, este reportero ha comprobado que muchos no ven en esta orientación la verdadera solución de sus problemas.

"La presidenta del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) de nuestra cuadra nos hizo saber de esta medida, pero hasta el momento no se ha hecho nada para eso. Muchos aquí están en mi caso, que llevo 30 años reclamando una vivienda más digna y hasta albergue, y nunca me han resuelto nada. Para muchos no tiene sentido que nos den propiedad de una vivienda en la cual no podemos ni queremos vivir", expresó Zoila Calas Hernández, residente en el barrio del Romerillo, quien vive en un espacio sin baño ni cocina.

Lo mismo opina Rosa Cala Hernández, hermana de Zoila, quien vive junto a su hija, con padecimientos mentales, y su nieto de cinco años en una casa en pésimo estado en el mismo barrio. Nunca ha contado con los medios para repararla, a lo largo de sus 68 años.

"Para los que tienen una vivienda decente esta medida es positiva, aunque llega muy tarde porque este barrio tiene más de 60 años de creado y los funcionarios locales nunca se han ocupado de mejorar nuestras condiciones de vida. A mí, que vivo en una casa muy mala, no me sirve de nada", critica esta señora.

Este reportero se llegó además hasta Campamento 14, en El Cerro, uno de los barrios más pobres de la capital. Hace solo año y medio, las autoridades deseaban desalojar a los residentes de este sitio, por haber levantado bohíos sin autorización. Varios vecinos afirman desconocer esa medida y hasta se muestran escépticos de que a corto plazo les otorguen algún título de propiedad.

"Aquí lo único que están haciendo es entregando libretas (de racionamiento), pero eso va muy lento. Es cuando te llaman y debes hacer una cola demorada para que te la den, todavía muy pocas personas aquí tienen libreta. Pero de legalizarnos la casa nadie ha hablado y, realmente, dudo mucho que suceda por ahora", comenta Ángel Díaz, uno de los habitantes de este barrio desde que surgió, dos años atrás.

Tras las manifestaciones en las que el pueblo gritó "Abajo el comunismo" y "Patria y Vida", además de la represión, el régimen ha emprendido un control de daños para aplacar el descontento popular. Apenas tres días después de las protestas, anunció la eliminación de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y productos de aseo, y la autorización para que más de 300.000 cubanos que viven en la capital de su propio país como indocumentados puedan comprar los escasos productos que se distribuyen por la libreta de racionamiento. A esas medidas se ha sumado la entrega gratuita de módulos de alimentos donados por otros países.