El 11 de julio Marta Perdomo y sus hijos, Jorge y Nadir Martín, escucharon el sonar de los calderos en cuadras vecinas y vieron después llenarse las calles de San José de las Lajas, capital de la provincia de Mayabeque.
La ciudad se sumaba a las más de 60 localidades cubanas donde hubo protestas reclamando libertad y para denunciar las penurias económicas que provoca el centralizado e ineficiente sistema castrista.
"Mis hijos salieron pacíficamente a manifestarse, sin agredir a nadie ni causar daños materiales", dijo Perdomo, en referencia a la propaganda estatal, que llama delincuentes a los manifestantes y cataloga de violentas las manifestaciones, mientras oculta la brutalidad policial, ampliamente documentada por la ciudadanía.
Casi una semana después de la participación de Jorge y Nadir en las protestas, en la tarde del 17 de julio, tres oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria los citaron "para una entrevista, que vino sin fecha y sin hora", explicó Perdomo.
La familia estuvo horas sin noticias de los jóvenes. "No supimos de ellos hasta llamar nosotros a la estación de Policía esa noche. Nos dijeron que se quedaban detenidos".
Enfermedades en prisión
Familiares de cubanos arrestados por las manifestaciones de julio en todo el país, han informado de maltratos, vejaciones y faltas de garantías procesales en los sistemas carcelario y judicial.
"Se les ha podido enviar aseo una vez a la semana, pero medicinas no", lamentó Perdomo, quien no ha tenido contacto con Jorge o Nadir, graduados de cibernética y lenguas extranjeras, respectivamente.
"No los hemos visto ni oído, y solo nos dicen que están bien, pero ¿cómo creer lo que dicen?", expresó la mujer, a cuyos hijos se acusa de "desorden público", uno de los cargos que está utilizando el régimen para condenar a los manifestantes pacíficos.
"La fecha de juicio no la sabemos, aunque ya tenemos abogado y estamos pidiendo cambio de medida, porque tienen como medida cautelar la prisión provisional", continuó Perdomo.
"Esperamos que sean justos, porque son jóvenes con valores y principios", dijo. "No hemos tenido todos los derechos legales para verlos, y a habido mala información, al no decirnos dónde estaban realmente a su debido tiempo".
Perdomo protestó porque solo a los 11 días de estar detenidos les dijeron que estaban en un centro penitenciario conocido como "la prisión del Sida", en Mayabeque.
"Y siguieron violando el derecho a la información al no decirme que mi hijo más pequeño había dado positivo al Covid-19, y me preocupa mucho porque padece de otras enfermedades, y solo nosotros sabemos el medicamento que puede administrársele o no", comentó.
"Lo mismo ocurre con lo que debe comer y lo que no, porque padece del síndrome de mala absorción de los alimentos", explicó la mujer, que también teme por una sepsis urinaria que desarrolló durante el encierro.
