El PCC y el futuro de Cuba

Comenzaron las sesiones del VIII Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) rodeado de una misteriosa opacidad. Si no fuera por la circunstancia, pareciera uno más de los rituales ideológicos del régimen. Pero la persistente precariedad de las condiciones económicas y sociales del país y el aumento de la expresiones de descontento social imponen cierta seriedad a la interrogante de qué esperar de dicho evento.

Dos parecen ser los objetivos centrales del cónclave: la reafirmación de la estrategia continuista del Modelo Económico y Social del Socialismo Cubano, y su irreversibilidad, y la retirada del segundo líder histórico del PCC, el casi nonagenario Raúl Castro.

El primer objetivo tiene su origen en un ejercicio de conceptualización del Modelo Económico y Social Socialista del cual derivaron los Lineamientos y el Plan de Desarrollo 2030 para el país. Concretamente, un intento de dotar de cierta coherencia conceptual y justificación política a las estrategias de sobrevivencia del régimen en las variables y complejas condiciones de las últimas décadas. En palabras del experimentado ideólogo del PCC José Ramón Machado Ventura: "este será el congreso de la continuidad histórica". Y continuidad significa, según los documentos rectores, reforzar el control del Estado en todos los sectores de la vida pública a través de "la planificación y la propiedad socialista".

La cautelosa mención de las diversas formas de propiedad e iniciativas no estatales —previa aclaración de sus límites: "no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales"— reafirma la histórica aversión al riesgo, y por tanto a las reformas, del liderazgo histórico. Inmutable, como hace seis décadas, la tensión entre principios ideológicos "revolucionarios’, basados en una narrativa teleológica de la historia nacional, que conduce inevitable e irreversiblemente a un futuro socialista, y los valores de la eficiencia e innovación económica.

En esto reside tal vez la función principal del Congreso: evaluar la "eficacia" de la Tarea Ordenamiento, orientada al logro de la "soberanía alimentaria", al reajuste de la relación ingresos-precios, la revisión de las diversas actividades autorizadas a ejercer por cuenta propia, los incrementos de salarios y pensiones, la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles, y la reforma de algunos programas sociales.

Expertos en la materia han reconocido que las medidas adoptadas han acentuado la tensión entre igualdad-equidad en la sociedad cubana, al no tener en cuenta las diferencias estructurales de su población. Baste un breve ejemplo: en el primer trimestre del año el precio de la canasta básica normada aumento 3,82 veces, y con los demás precios de la economía, su variación real correspondiente a la de los salarios se ha calculado en 8,42 veces. Lo anterior significa que, a pesar del aumento salarial en el sector estatal, los precios han aumentado desproporcionalmente.

Por otro lado, la unificación monetaria ha acentuado la precariedad de sectores sociales vulnerables (pensionados, desempleados, asalariados, madres solteras, poblaciones concentradas en áreas geográficas vulnerables con limitado acceso a recursos alimentarios, etc.). Encuentros recientes del Gobierno con sectores productivos (por ejemplo, campesinos y cooperativas rurales) sugieren una flexibilización ligera de las restricciones a su autonomía e iniciativa productiva.

En síntesis, con información imperfecta, podríamos pensar que los delegados discutirán los "avances" y tensiones provocados por el ordenamiento económico y financiero en la legitimidad política del modelo socialista.

En otras palabras, esta tensión entre economía e ideología del modelo cubano debería asumirse con realismo crítico, alejados de las recurrentes expresiones rutinarias de consignas ideológicas cargadas de evocaciones emocionales sin sustento real. La difícil situación de los cubanos de a pie debería ser la referencia, no la evocación de un heroísmo abstracto y descontextualizado. Muy desordenado debe estar el país cuando una necesidad básica como la alimentación adquiere una dimensión soberana.

El otro tema a tratar será la renovación del cargo más relevante en la dirección política del país: el primer secretario del PCC. Aunque el proceso de rutinización del carisma comenzó con la enfermedad del líder histórico, y la transferencia del poder a Raúl, y la Constitución de 2019 estableció algunos elementos innovadores en el diseño institucional actual, la probable designación del presidente Díaz-Canel como sustituto en el cargo de primer secretario del PCC tendría un efecto regresivo. Uno de los méritos de la propuesta de reforma constitucional previa fue la distinción entre la dirección del PCC y la dirección del Gobierno. No olvidemos que durante cinco décadas ambos cargos se concentraron en la figura del líder histórico, lo que acentúo el profundo personalismo del sistema cubano.

A pesar de la opacidad, el Congreso que comienza podría tener una dimensión histórica, al resolver definitivamente el relevo generacional en la dirección del PCC y el Gobierno en Cuba. Una nueva generación posrevolucionaria podría arribar a los puestos claves en el Buro Político del PCC y la dirección del Gobierno, modificando la dinámica de poder y las expectativas a mediano plazo al interior de la elite. Pero tratándose de Cuba, el optimismo tiene límites.

Todo parece indicar que la generación histórica conserva recursos de poder, o ha transferido a actores leales de dudosa visibilidad, la capacidad de control y autocorrección de las nuevas figuras. El retiro de históricos octogenarios como José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés constituye un enigma; ambos celosos guardianes del modelo socialista original. En fin, la adversidad e incertidumbre del momento y la inquietante y visible frustración generacional deberían estimular deliberaciones inspiradas en un futuro realista de soberanía, bienestar y libertad definitivas para Cuba y todos los cubanos.