Múltiples irregularidades en el procedimiento penal y negligencias del Tribunal Municipal de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, habrían llevado a una condena de dos años en la cárcel a dos agricultores procesados por un presunto delito de "robo con fuerza en las cosas".
Orbelis Vargas Sardiñas y Diosmedes Milanés Pérez, vecinos de Pedro Pi Viejo, fueron arrestados el 4 de marzo de 2020 bajo la acusación de cortar y sustraer 75 metros de cable de fibra óptica en un tramo ubicado en la carretera monumental de Tapaste.
"Nos hemos dirigido a todas las instancias, incluyendo el Consejo de Estado y la Fiscalía General, describiendo la injusticia y el mal trabajo de PNR (Policía Nacional Revolucionaria) en San José de las Lajas porque no cometimos absolutamente el delito por el cual se nos está procesando", explicó Milanés Pérez, de 55 años de edad. Añadió que, además de su libertad, se ha vulnerado su prestigio ante la comunidad en la que vive.
El 4 de marzo de 2020 por la tarde, la Policía se presentó en la vivienda de Vargas Sardiñas y, según la versión de este agricultor, realizó un registro sin su consentimiento y sin orden, como establece la Ley de Procedimiento Penal vigente en la Isla. Luego, los agentes actuaron de forma similar en la vivienda de Milanés Pérez.
"Ninguno de los dos nos encontrábamos en nuestras respectivas casas. En ninguna de nuestras casas encontraron ni ocuparon ni un solo centímetro de cable de ningún tipo y, sin embargo, fuimos acusados, sin ninguna otra prueba, por el teniente Masó y el jefe de la policía Ricardo González", añadió Milanés Pérez. Denunció que sus familiares fueron maltratados y amenazados verbalmente por las autoridades que practicaron el allanamiento ilegal.
Según el Artículo 218 de la Ley de Procedimiento Penal, la entrada y registro de día o de noche, procede si la urgencia lo hace necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de ciudadano cubano o de extranjero residente en Cuba, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado.
A falta de consentimiento, indica dicho Artículo, se requiere resolución fundada del instructor, con aprobación del fiscal, copia de la cual se entregará a la persona interesada al proceder a la práctica de la diligencia.
Se presume que presta su consentimiento el que, requerido por quien haya de efectuar la entrada y registro para lo que permita, ejecute los actos necesarios que de él dependan para que pueda tener efecto, sin invocar, para oponerse, la garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio.
Al día siguiente de las detenciones y el allanamiento de las viviendas de Orbelis Vargas Sardiñas y Diosmedes Milanés Pérez, fue arrestado también Alexei de la Paz Castillo, pariente de ambos, a quien las autoridades sí le ocuparon una determinada cantidad de cable, aunque no de fibra óptica.
"Alexei incluso participó en la reconstrucción de los hechos respecto a esos cables que le ocuparon y dijo cómo y dónde los sustrajo, y le impusieron una fianza de 5.000 pesos. A mí y Diomedes, sin pruebas de ningún tipo, nos pusieron una fianza de 2.000 pesos a cada uno", relató Vargas Sardiñas, de 36 años de edad.
Los familiares de Vargas Sardiñas y Milanés Pérez reunieron el dinero para pagar sus fianzas, pero en la estación de la Policía les informaron algo inquietante: que para liberarlos también tenían que pagar la fianza de Alexei de la Paz Castillo.
"Pagar por esa otra fianza da entender que teníamos alguna relación de complicidad con Alexei y lo que haya cometido. Pero nuestros familiares la pagaron porque la Policía impuso injustamente esa condición. Después supimos que Alexei le mintió a la propia Policía respecto a donde él residía antes de hacerle el registro y la reconstrucción de los hechos", contó Vargas Sardiñas.
En las indagaciones y denuncias que los familiares de Vargas Sardiñas y Milanés Pérez realizaron sobre las injusticias y negligencias de las autoridades contra ellos, corroboraron que, al principio, ninguno de los dos aparecía como acusado, cómplice o testigo de la causa. Solo estaba imputado Alexei de la Paz Castillo, quien no compareció en la vista oral y ahora se encuentra en libertad sin cargos judiciales.
"Otra de las irregularidades que no entendemos es que, hasta el día de hoy, nunca ha aparecido ni un solo centímetro del cable de fibra óptica por el cual se abrió el expediente (#77) de esta causa (2/2020) donde se nos piden dos años de trabajo correccional con internamiento en la prisión de Quivicán", manifestó Milanés Pérez.
En la vista oral, que apenas duró 30 minutos, no se mostraron las pruebas para imputar a Alexei de la Paz Castillo. Tampoco comparecieron testigos de ninguna de las partes. Solo se presentó un funcionario de ETECSA para explicar los daños y perjuicios económicos ocasionados por el corte y sustracción del cable de fibra óptica.
"Incluso uno de los documentos reflejaba que habíamos sido sorprendidos a las 10:46PM del 4 de marzo con el delito en las manos, y nosotros estábamos detenidos en la unidad desde las 8:26PM como consta en otro documento", reveló Milanés Pérez.
"Nunca vino ni un solo agente de la Policía, ni un solo instructor para averiguar e investigar el caso como es debido. ¿Cómo es posible que el Tribunal tenga en su poder pruebas y que nos enjuicie a nosotros dos? El jefe de sector de la comunidad tiene pruebas en fotos donde ocuparon los cables a Alexei, en los linderos de una vaquería cercana, y por las cuales nos acusan a nosotros sin haber cometido ese ni ningún otro delito".
Varios vecinos en la comunidad donde residen Milanés Pérez y Vargas Sardiñas manifestaron que ninguno de ellos fue solicitado o entrevistado para una investigación sobre los hechos. Fuentes en San José de las Lajas también confirmaron que en este municipio de Mayabeque han sido sancionados varios elementos policiales por malas prácticas.
Son "hechos que pueden ser corroborados por cualquiera que pregunte allá, en San José", dijo Milanés Pérez. "Nosotros hemos agotado todos los recursos ante las instituciones de Justicia del Estado. Nos han escuchado y, en ocasiones, se han asombrado de toda la cadena de mal trabajo e injusticias cometidos contra nosotros".
"De hecho, hemos sido nosotros quienes durante todo un año estamos detrás de la Policía, pero no se ordena una revisión para investigar bien todo el proceso", añadió.
Orbelis Vargas Sardiñas y Diosmedes Milanés Pérez deben presentarse el 15 de abril ante las autoridades del penal ubicado en el municipio Quivicán. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.
