En medio del desorden sanitario y sin mencionar las cifras de infestados, la cantidad de infractores, ni la cuantía de las multas, la Fiscalía de Santiago de Cuba sancionó a quienes debían evitar la propagación del Covid-19 en instituciones que supuestamente son "modelo" de sensibilidad y humanismo.
Esta vez los sancionados fueron funcionarios públicos responsables de los 13 hogares de ancianos, las 20 casas de abuelos y los centros encargados de proteger a los niños sin amparo filial, los pacientes psiquiátricos y los indigentes, según declaró al periódico Sierra Maestra, Maritza Paredes Vera, fiscal jefa de la provincia.
A las penurias se suman la insalubridad y las negligencias que atentan contra la contención de la crisis epidemiológica en este territorio.
Paredes Vera dijo que su equipo "evaluó la propagación del virus en todos los hogares de ancianos, el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín y el centro de atención a personas con conducta deambulante de El Viso", donde al parecer se concentran los "correctivos" y demociones de directivos.
"Durante la inspección se identificaron problemas asociados a la higiene de los locales y la manipulación de alimentos; además del uso inadecuado del nasobuco, el hacinamiento y las demoras en los PCR", enumeró la fiscal jefa.
Esto generó "la imposición de medidas disciplinarias y la aplicación de decretos con cuantiosas multas a los responsables de las violaciones en las diferentes instancias", indicó el reporte de Sierra Maestra.
Se confirmaron focos de transmisión de Covid-19 en el Centro América Labadí Arce y en el hogar de ancianos del mismo nombre, "en los que están involucrados personas con discapacidad y enfermedades psiquiátricas", añadió el periódico oficialista, sin precisar si alguno de los contagiados había fallecido.
Mientras en el sector estatal se omiten detalles de los procesos legales, en el privado se sobredimensionan, diferencia que marca la inequidad con la que jueces y fiscales aplican la "justicia".
Según Sierra Maestra, hasta el cierre de octubre se había procesado en el territorio a 1.022 personas por acaparamiento, desobediencia, propagación de epidemias y actividad económica ilícita, en 888 procesos penales contra coleros, revendedores y otros que violan las regulaciones para frenar la pandemia.
Un alguacil del Tribunal Provincial, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que desde entonces a la fecha esa cifra se ha multiplicado, en especial la relacionada con las infracciones contra el Covid-19, donde se han tramitado más de 500 expedientes, entre multas, contravenciones y limitación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
De esa cifra, alrededor de 200 corresponden a los dos primeros meses de 2021. A juicio de Harris Rivaflecha, un abogado consultado por DIARIO DE CUBA, "entre el 70 y el 80% de los sancionados no tiene capacidad de pago y demorará más de un año en liquidar la multa".
Aunque el interés de Fiscalía es dar la imagen de no tolerar la impunidad, las indisciplinas perdurarán mientras subsistan el desabastecimiento, los precios excesivos, el hambre, la corrupción y el resto las causas que propician las aglomeraciones y el descontrol epidemiológico.
Las crisis económica y sanitaria afecta de forma particular a los 32.000 ancianos que viven solos y a los indigentes que pernoctan en aceras y parques públicos.
En las últimas semanas DIARIO DE CUBA ha revelado el caos en las áreas de salud de la provincia, en especial en la ciudad cabecera, así como otras deficiencias que ponen en duda la información que ofrecen las autoridades, incluido el número de muertes.
