Las autoridades cubanas prometieron a Cleida García Díaz, madre de la niña de 13 años de edad que fue agredida sexualmente por seis hombres el pasado 6 de septiembre, que la van a apoyar en todo y que se impartirá justicia contra los agresores de su hija.
Después de un mes de denuncias en las redes sociales y en los medios de prensa independientes, por irregularidades e inacción Policía, García Díaz fue contactada por la oficina de Mariela Castro Espín, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual. Funcionarios de ese centro prometieron a la madre una entrevista y le aseguraron que estaban indignados con todo lo ocurrido y por la ausencia del debido proceso.
El pasado lunes, funcionarios de la oficina de Castro Espín se personaron en el domicilio de García Díaz, a quien reiteraron que la iban a "apoyar en todo".
"Me dijeron que no me preocupara, que ellos (los agresores) recibirán su condena al máximo. Y que la medida cautelar que les había puesto la Policía no había sido justa. Yo les expliqué todo; que tuve que recurrir a la prensa independiente porque me sentí desamparada de mi país cuando mi hija y yo lo necesitamos", dijo García Díaz, quien en junio de 2019 había perdido a su bebé de tres meses de nacido por una mala praxis médica durante su período de gestación. En aquella ocasión también tuvo que recurrir a medios de prensa independientes.
"Les dije, además, que yo era hija de esta patria y que toqué puertas y nadie me dio una respuesta. Que mi patria me desamparó y que no estaba arrepentida de lo que hice. Que si no hubiese prensa independiente, los que violaron a mi hija quedarían impunes, y que ya era segunda vez que me pasaba, primero con mi hijo y ahora con mi hija. Me dijeron que no me podían criticar por haber tomado esas decisiones".
Según García Díaz, el día de la agresión sexual contra su hija la Policía arrestó a tres de los presuntos agresores, pero fueron liberados bajo investigación y con una presunta medida cautelar. Los otros tres nunca fueron detenidos.
En el Centro de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) ubicado en el municipio Habana del Este, el jefe de instructores justificó que habían liberado a tres de los sospechosos porque los juicios estaban limitados por el Covid-19, y que a los otros supuestos implicados no los habían arrestado por falta de transporte disponible, de acuerdo con la versión de la madre. Al quejarse ante Fiscalía Provincial, le indicaron redactar un escrito y presentarlo en la Fiscalía Municipal del Cotorro, señaló.
García Díaz dijo que los funcionarios del CENESEX le explicaron que el CPNNA "tenía la obligación" de hacerles saber a ellos lo ocurrido y que "por eso habían estado ajenos al caso".
"Pero lo principal fue que me dijeron que ya el caso está finalmente en manos de la justicia", consideró la madre.
En otra entrevista, con Fiscalía del Municipio Cotorro el pasado martes, le explicaron "cómo va el proceso".
"Me reiteraron que se había hecho un mal trabajo por los instructores del CPNNA y por la Policía, que no debió otorgarles a los violadores la medida cautelar. Pero que ya todo estaba siendo encauzado".
Los agresores podrían ser procesados por violación de una víctima mayor de 12 años y menor de 14, con penas de entre siete a 15 años de cárcel; por pederastia con violencia con una víctima menor de 14 años, que podría implicar penas de hasta 30 años; por abusos lascivos, con condenas de entre uno y tres años de privación de libertad; o por mantener relación sexual con mujer soltera mayor de 12 años y menor de 16, con sanción de tres meses a un año de prisión.
Cleida García Díaz tiene pendiente otra entrevista con Fiscalía Militar. Tres de los agresores de su hija se encontraban cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio en el momento de la violación.
