A partir del 1 de septiembre y hasta el día 15 de ese mes el Gobierno de La Habana determinó que se impondrán multas de entre 500 y 3.000 pesos, a ser pagadas en solamente diez días, a aquellas personas que violen las medidas tomadas para controlar el Covid-19.
Las órdenes facultan al gobernador de la capital cubana de un instrumento legal que permite aplicar estas sanciones en hechos como el no uso o uso incorrecto del nasobuco; la no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales, así como las asociaciones no gubernamentales, publicó el sitio oficial Cubadebate.
También serán multadas con estas altas cuantías personas que permanezcan en áreas de estar, parques y vías públicas fuera de los horarios establecidos (toque de queda entre las 7:00PM y las 5:00AM), los que utilicen áreas culturales y deportivas o realicen ejercicios, juegos o estancias en la vía pública.
Las sanciones de este tipo también serán impuestas a aquellos que permitan "que menores de edad o adultos discapacitados se encuentren en la vía pública, parques u otras áreas" y a los que mantengan locales, instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos para cualquier forma de gestión.
También serán multados quienes realicen fiestas de cualquier índole, ingieran bebidas alcohólicas en lugares públicos y se salten otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias del municipio o provincia.
En por ello que el Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y de órganos de inspección para reforzar "el enfrentamiento en los repartos, barrios y comunidades".
García Zapata anunció que también se crearán grupos de trabajo de inspección que actuarán en barrios e instituciones y "se establecerán espacios en los medios de comunicación donde se informe a la población casos de sancionados".
Aunque la exposición pública y ejemplarizante no es algo nuevo, se ha hecho norma en los últimos meses. Pese a las críticas suscitadas, el gobernador justificó que "la gente tiene que conocer quiénes son los irresponsables".
En la labor intervendrán organizaciones de delación dentro de la comunidad como la FMC, los CDR, la Asociación de Combatientes y "demás factores del barrio".
Fiscalización y el control
Al responsable del centro o área de trabajo que incumpla las normas sanitarias vigentes, se le aplicará una multa de 3.000 pesos. En tanto, a la persona natural que dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas para el control y erradicación del Covid-19, se le aplicará una multa de 2.000 pesos.
Para quienes organicen fiestas con invitados que no sean parte de la vivienda, se dispondrá su procesamiento judicial.
Durante el período que perdure la situación, el Gobierno facultó para la imposición de dichas multas a la Policía y otros órganos del MININT, el Cuerpo de Inspectores de la Salud, Inspección Estatal de Transporte, entre otros.
