La calle, la universidad y la casa para los revolucionarios

El pasado 5 de agosto, el diario Granma reprodujo las palabras del presidente de Cuba acerca del enfrentamiento a la cadena que denominó "colero-acaparador-revendedor y tráfico de divisas". Díaz-Canel declaró que las calles en Cuba son de los revolucionarios y del pueblo trabajador. El planteamiento, nada original, confirma la continuidad de un modelo ineficiente, represivo y excluyente.

Se trata, una vez más, de arremeter contra las consecuencias e ignorar las causas. En el artículo "La moral del cubano de hoy", escrito en marzo de 2001 (hace 19 años), expuse más o menos que la moral es un conjunto de normas de conducta que, admitidas socialmente, se acatan o transgreden en dependencia de fines e intereses, y que las condiciones sociales, políticas y económicas, en cada época y lugar, le brindan un carácter relativo. Y me preguntaba: ¿Cuál es el dilema de la familia cubana si el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos? La respuesta es sobrevivir. Si además esas conductas son aceptadas socialmente y cada familia de una u otra forma se ve obligada a convivir con ellas, entonces estamos ante una moral predominante de sobrevivencia, que sirve para eso, para sobrevivir, no para edificar nada positivo con ella.

Al poco valor del trabajo, los cubanos, revolucionarios o no, respondieron con las actividades alternativas; a la imposibilidad de ser empresarios, con la vía estaticular; a la ausencia de sociedad civil, con la vida sumergida; al dólar circulante, con la lucha por el billete verde; al desabastecimiento, con el robo a la propiedad del Estado —que en definitiva es "de todo el pueblo"—; al cierre de todas las posibilidades, con el escape al exilio.

La respuesta gubernamental a esa situación, que impera desde hace al menos tres décadas, ha sido policía, restricciones, inspectores y "vigilancia popular"; acciones todas sobre los efectos, y por tanto ineficaces. Los coleros, acaparadores y revendedores no los generó el Covid-19; se trata del mismo hecho repetido en el tiempo, dimensionado y devenido cultura. Su causa: la ineficiencia del Estado para satisfacer las necesidades más elementales del pueblo.

Tanto el hecho como la declaración de que la calle es para los revolucionarios no es nueva: su partida de nacimiento data de junio de 1961, cuando Fidel Castro sentenció "dentro de la revolución todo, contra la revolución nada". Contra la revolución nada porque la revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y existir, nadie —por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera—, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella.

La revolución es un concepto que designa un cambio social fundamental en la estructura de poder. Ocurre en un período relativamente corto en el cual se desplaza a un gobierno o una clase social mediante la violencia. Su duración termina en cuanto la revolución se institucionaliza.

Juan Marinello, un hombre de convicciones marxistas, en "La Comuna desde ahora", apoyado en una cita de Federico Engels, escribió: "una revolución es lo más autoritario que existe, un acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra por medio de fusiles, bayonetas y cañones, momento en el cual "el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios".

Las revoluciones, por definición, no son permanentes, aunque la aspiración de sus dirigentes sea eternizarse en el poder. Cuando se habla de la revolución francesa, la norteamericana o la mexicana, no se refiere a la Francia, los Estados Unidos o el México actual, sino a los acontecimientos que cambiaron el orden establecido en una fecha específica: 1783, 1879 y 1910 respectivamente.

En el caso de Cuba ese proceso ocurrió en los primeros dos-tres años después de la toma del poder. Incluso se podría aceptar que la revolución terminó cuando los Estatutos provisionales, conocidos como Ley Fundamental del Estado Cubano, implementados en febrero de 1959, fueron sustituidos por la Constitución de 1976. De esa fecha acá lo que existe es un Estado institucionalizado. Por tanto, el reiterado empleo del concepto revolución después de esa fecha carece de todo fundamento.

Hablar hoy de revolución y de la calle para los revolucionarios es un desfase en el tiempo.

En 1971, en cumplimiento de los acuerdos emanados del Congreso Cultural de La Habana, el Primer Pleno de la Federación de Estudiantes Universitarios aprobó la consigna de "La Universidad para los revolucionarios". Luego, en la marcha estudiantil del 20 de abril de ese año (en la que participé), se hicieron públicas dichas consignas.

En 2005, en el informe presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Carlos Lage —entonces secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros—, se anunció un plan para "construir y terminar no menos de 100 000 viviendas nuevas por año a partir del 2006". En su intervención, Lage planteó que "una destacada conducta social y revolucionaria otorgará absoluta prioridad en el proceso de selección". Es decir, el precepto de que no haya familia sin una vivienda se sustituyó por un principio excluyente: una destacada conducta social y revolucionaria. De tal forma, el Gobierno, que supuestamente representa a todos los cubanos, declara sin rodeos que la prioridad la tienen los revolucionarios. Es decir, que las casas son para los revolucionarios.

En 2019, el 16 de septiembre, el Ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, ratificó en el programa Mesa Redonda que la universidad cubana es para todos, siempre y cuando nadie disienta del sistema político. Y respaldó a la viceministra primera, Marta Mesa, quien unas semanas antes había dicho: "El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renuncia a ser profesor universitario".

De manera que la consigna de que las calles en Cuba son de los revolucionarios no es otra cosa que la expresión del carácter excluyente del modelo totalitario cubano. Un modelo que a lo largo de sus más de 60 años ha expulsado a cientos y cientos de profesores, estudiantes, trabajadores de la cultura y de otros sectores, ha sometido a actos de repudio a los que determinaron abandonar el país, impide a las Damas de Blanco marchar los domingos con un clavel en sus manos o a periodistas o activistas de los derechos humanos salir de sus hogares. A todos por no pensar o actuar como revolucionarios.

Esa exclusión comenzó por los intelectuales, pasó a las universidades, incluyó la vivienda, se exteriorizó en actos de repudio a cubanos fuera de Cuba, como ocurrió en la VII Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2015 y más recientemente en la embajada cubana en Uruguay mediante simpatizantes del Gobierno cubano. Ahora le tocó el turno a un sector de la población que sobrevive gracias a la incapacidad del modelo totalitario para producir, abastecer y satisfacer las necesidades más elementales de los cubanos.

La arremetida contra coleros, acaparadores y revendedores fracasará hasta tanto se renuncie al paternalismo estatal sobre los productores, se permita la creación de pequeñas y medianas empresas, se les otorgue personalidad jurídica, se libere el comercio y se destierre totalmente el sistema de trabas establecidas para evitar la formación de una clase media nacional.

Los coleros no son los culpables del desabastecimiento. Su eliminación pasa, pues, por las reformas que el Gobierno insiste en soslayar, y por que se les devuelva a los cubanos el derecho a la universidad, la calle y la casa. Mientras tanto, las medidas represivas fracasarán, aunque ahora se les una el Ejército.