Un juez federal de Miami desestimó una demanda presentada por un médico de Florida contra Carnival Corporation por hacer uso de una propiedad confiscada por el Gobierno cubano para hacer negocios, informó The Wall Street Journal.
La demanda, presentada el año pasado en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, fue una de las primeras en virtud de una disposición de la Ley Helms-Burton que permite a los estadounidenses emprender acciones legales contra empresas que hacen negocios en Cuba con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
La Administración de Donald Trump puso fin a la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 en mayo de 2019. La disposición permite que ciudadanos estadounidenses con reclamos de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano busquen compensación de las compañías que operan en esas propiedades.
Javier García-Bengochea, neurocirujano de Jacksonville, Florida, afirmó que tenía derechos de propiedad comercial sobre el puerto de Santiago de Cuba, confiscado en 1960, y que ha sido utilizado por Carnival desde 2016. En tal sentido pedía una compensación a la compañía de cruceros.
Sin embargo, el juez James Lawrence King desestimó el caso esta semana en un fallo que se centró en la adquisición por parte de García-Bengochea del reclamo de la propiedad.
"Estamos considerando nuestras opciones en el futuro", dijo Rodney Margol, abogado que representa al demandante.
Un portavoz de Carnival, con sede en Miami, que había presentado una moción para desestimar el caso el año pasado, declinó hacer comentarios.
García-Bengochea dijo que heredó la propiedad reclamada de un primo, un ciudadano costarricense, en 2000, según su demanda. Carnival argumentó que la herencia no era válida, según la ley costarricense. El juez King se negó a pronunciarse sobre ese argumento, citando preguntas sobre la ley de sucesiones en Costa Rica, de acuerdo con documentos de la corte.
Carnival también argumentó que el caso debería desestimarse porque García-Bengochea adquirió su reclamo después del 12 de marzo de 1996, una fecha límite especificada en la Ley Helms-Burton.
En opinión de John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, la decisión podría influir en el resultado de casos similares.
Recordó que Carnival enfrenta al menos otra demanda amparada en la Ley Helms-Burton. El actual fallo "ha establecido el tono para otros jueces", dijo Kavulich.
Hay casi 6.000 demandas sobre propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia de los EEUU y con un valor de aproximadamente 2.000 millones de dólares (aproximadamente 8.000 millones con intereses), según Kimberly Breier, exsecretaria de Estado de los EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Según una estimación de 1996, el número de reclamaciones no certificadas podría ser de hasta 200.000, con un valor de decenas de miles de millones de dólares.
Sin embargo, hasta ahora se han presentado menos de tres docenas de demandas bajo la disposición del Título III de la Helms-Burton, según datos compilados por el Consejo Económico y Comercial de EEUU-Cuba.
En este grupo se encuentran compañías que van desde hoteles, aerolíneas, instituciones financieras hasta compañías de búsqueda y reserva de hoteles como Amazon, Société Générale SA o American Airlines, entre otras.
El costo de presentar tales demandas, que incluye una tarifa especial de presentación de más de 6.000 dólares, podría estar limitando la cantidad de demandas, dijo Kavulich.
Los posibles demandantes están observando el progreso de los casos existentes antes de presentar el suyo.
La semana pasada Meliá sufrió un revés en los tribunales españoles en su querella con la familia cubana Sánchez Hill. Un juzgado de Palma de Mallorca rechazó tres peticiones realizadas por la cadena hotelera española para sortear una demanda.
