Para un ejercicio de pensamiento convocado por Díaz-Canel: la clase media en Cuba

En respuesta al ejercicio de pensamiento convocado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dediqué el artículo anterior a demostrar que la crisis de Cuba precede a la generada por el Covid-19, y que por tanto, el ejercicio tiene que dirigirse a causas existentes antes de la pandemia. Lo argumenté con el caso de la agricultura.

En otro momento de su intervención, Díaz-Canel planteó que el objetivo del ejercicio de pensamiento era "llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos".

Siguiendo la misma línea de razonamiento, la transformación productiva no es una necesidad de este momento, sino de antes. Enfocarla como asunto de este momento es atribuirle un carácter coyuntural a una crisis estructural y sostenida durante décadas. El ejercicio tiene que dirigirse, pues, al origen de la crisis. En este caso, lo argumentaré con la clase media nacional.

¿Qué es la clase media?

La clase media es un sector de las clases sociales que ocupa un lugar intermedio entre la gran burguesía y los obreros. Surgió en la Inglaterra del siglo XVII, al calor de las revoluciones liberales. A partir de allí, se extendió al resto del mundo como resultado de la democratización de la economía. Su principal característica consiste en que, al no poder vivir solo de los intereses que genera su capital, participa directamente en la gestión del mismo.

Por su tamaño, la clase media es la mayor representante de la población en los países desarrollados. Se subdivide en clase media alta y clase media baja: la primera incluye a la mayoría de hombres de negocios que poseen ingresos económicos estables; la segunda a oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Por el número de trabajadores que emplean, sus empresas pueden clasificar como micro, hasta 10 trabajadores; como pequeña, de 10 a 49; y como mediana, de 50 a 249. Su base económica es la pequeña y mediana propiedad. Por su esfuerzo, función e interés en los resultados de su actividad, constituye una necesidad del progreso.

En Cuba, de la producción agrícola e industrial, de la del comercio y de las profesionales, desde la colonia fueron surgiendo pequeños y medianos propietarios que en la primera mitad del siglo XX había adquirido una fuerza económica significativa.

De 1912 a 1950 hubo un crecimiento de la importación de materias primas, combustibles y capital fijo, que redundó en la instalación de industrias para producir en el país bienes de consumo que antes se importaban. Ya en la década de 1950, aunque las inversiones extranjeras llegaron a representar un tercio de las inversiones totales; las microempresas constituían el 45% del tejido empresarial cubano, y se estima que las pequeñas eran el 35,5%.

Por ejemplo, la producción de calzado contaba con cientos de empresas y talleres que empleaban más de 10.000 obreros, y producían alrededor de ocho millones de pares de zapatos al año. La industria textil contaba con unas 85 fábricas, y empleaba más de 25.000 obreros. Las fábricas de pintura cubrían cerca del 85% del consumo nacional. Las industrias del cemento contaban con 12 fábricas vinculadas que procesaban tejas, planchas y láminas de ese material. Las industrias de fabricación de papel y cartón contaba con una inversión de más de siete y medio millones de pesos. Las tradicionales industrias de jabón y perfumería, representadas por 51 empresas, daban empleo a cerca de 6.000 obreros.

La revolución en 1960 expropió —además de a las grandes empresas norteamericanas y los bancos— toda la industria nacional con más de 25 trabajadores. Y en 1962 intervino las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías. Entre 1959 y 1963, con las dos leyes de reforma agraria se liquidó a la clase media rural. Solamente quedaron unos 200.000 pequeños propietarios, sin personalidad jurídica, con el 30% de la tierra cultivable, que posteriormente se redujo al 25%. Y en 1968 la "Ofensiva Revolucionaria" propinó el tiro de gracia a la clase media, al intervenirse las 55.636 microempresas de producción y servicios que habían sobrevivido la estatización.

Los dueños fueron sustituidos por funcionarios, jefes y administradores designados por razones extraeconómicas. El resultado se reflejó en la incompetencia, la improvisación, el desabastecimiento, la pobreza generalizada y la búsqueda de formas alternativas para sobrevivir.

Ante la incapacidad de la empresa estatal, se autorizó el trabajo privado bajo el eufemismo de "trabajo por cuenta propia". Comenzó en 1993 con un listado de 117 actividades que fue creciendo gradualmente hasta comprender 201 actividades en 2017. En ese año, se dio un giro en dirección contraria: se toparon los precios, se confiscaron mercancías y equipos de transportistas privados y vendedores ambulantes, se suspendió la emisión de nuevas licencias y se concentraron las actividades permitidas en 123. En 2018, se dictaron nuevos impuestos; se limitaron las licencias a una actividad por persona, se impuso la obligatoriedad de una cuenta bancaria fiscal para las operaciones financieras; y se suspendieron las licencias para las actividades que más utilidades reportaban. Todas esas medidas fueron dirigidas a obstaculizar la formación de una clase media nacional.

En 2019, el freno se refrendó constitucionalmente: la empresa estatal socialista, causante del desbarajuste económico, se refrendó como forma principal de producción, con la propiedad privada en cuarto lugar de las siete formas reconocidas, por debajo incluso de la propiedad de las organizaciones políticas y de masas.

La clase media no se construye, surge y se desarrolla de forma natural. Tampoco se puede destruir sin causar grandes perjuicios, como los que está sufriendo el país. Lo que se impone es favorecer su existencia, que constituye una necesidad de la nación. Su restablecimiento influirá en el aumento de las inversiones extranjeras; actuará contra el robo generalizado, una de cuyas causas es la inexistencia de dueños; disminuirá el éxodo; aumentará el empleo; y mejorará la producción y el abastecimiento.

Su embrión está en los trabajadores privados del campo y de la ciudad, en los integrantes de las cooperativas, en profesionales de todas las esferas y en cubanos cuyos vínculos con familiares en el extranjero les otorgan posibilidades de participar como micro y pequeños empresarios. Lo que se requiere es eliminar los obstáculos políticos e ideológicos, dotar a los actores productivos de personalidad jurídica, de derechos y de libertades para vender sus productos, comprar insumos, relacionarse con otros productores internos y externos, acceder a internet y asociarse para la defensa de sus intereses.

Sin la clase media no habrá despegue económico ni salida de la crisis, que muy poco tiene que ver con el Covid-19. Por tanto, la misma tiene que estar comprendida en el ejercicio de pensamiento convocado por el presidente.