¿Qué pasa con el cronograma legislativo en Cuba mientras estamos ocupados con el Covid-19?

Aunque 2020 marca el inicio del cronograma legislativo en Cuba, con un conjunto de leyes y decretos leyes que deben aprobarse hasta 2028, el nuevo coronavirus parece haberle "robado protagonismo" a ese asunto en los medios oficiales de comunicación.

¿Se debe el silencio al respecto solo a la pandemia, o el Gobierno cubano podría estar avanzando en el cronograma de acuerdo con sus propios intereses, mientras los cubanos están agobiados intentando conseguir comida, evitar el contagio con Covid-19 y las medidas policiales por "propagación de epidemias"?

El abogado y activista Hidelbrando Chaviano lo descarta. "No les conviene y, por otra parte, no creo que sean capaces de hacerlo sin riesgo de mostrarse aún más ineptos. La lentitud y capacidad de errar de los legisladores cubanos es histórica. Solo se apresurarían en el caso de leyes al estilo de la Ley 88 [conocida como Ley Mordaza], pero para eso ya tienen los decretos leyes y los decretos".

El periodista independiente y activista Boris González señala que no ha visto la emisión de ninguna ley importante en estos días de confinamiento.

"El castrismo nunca ha necesitado de 'condiciones extraordinarias' para emitir normas restrictivas, impopulares o draconianas", apunta y recuerda que el Decreto 349 era, aparentemente, una actualización del Decreto 226 de 1997, y fue aprobado sin más, hasta que Luis Manuel Otero, Yanelys Núñez y otros activistas se percataron de sus objetivos de represión del artivismo.

Sobre el Decreto-Ley 370, reflexiona que "no le prestamos atención cuando entró en vigor, en julio de 2019, y se ha convertido en la herramienta de azote del castrismo contra comunicadores y activistas políticos. De ahí su calificación como 'Ley Azote'".

A juicio del politólogo Manuel Cuesta Morúa, aunque la política en Cuba siempre se ha hecho detrás del biombo, lo cierto es que hay en el país una mayor conciencia de lo cívico y de lo civil. "Combinado con el activismo en redes, podría ser explosivo para el Gobierno" avanzar en una agenda legislativa de espaldas al público.

Por su parte, Julio Ferrer Tamayo, abogado y miembro del independiente Centro de Información Legal Cubalex, considera que el cronograma legislativo para el período 2019-2022 no ha escapado a las afectaciones que ha provocado el Covid-19 en la economía y la producción de alimentos, entre otros sectores.

Ferrer Tamayo ofrece una relación de decretos leyes promulgados por el Consejo de Estado, sin que hayan sido publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba hasta el 3 de mayo de 2020.

Según el abogado, tal proceder irrespeta lo que mandata la vigente Constitución en el artículo165: "Las leyes y decretos-leyes que emitan la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, según corresponda, entran en vigor en la fecha que, en cada caso, determine la propia disposición normativa".

"Las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones y demás disposiciones normativas de interés general que se emitan por los órganos competentes se publican en la Gaceta Oficial de la República".

Los decretos leyes a los que Ferrer Tamayo hace referencia son los números 3 y 4 de los que se desconoce el contenido, así como los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y aparecen en http://juriscuba.com/.

Para Ferrer Tamayo, lo más probable es que esos decretos-leyes ya hayan entrado en vigor y estén aplicándose sin haber sido publicados, como manda la Constitución, en la Gaceta Oficial de la República, mientras el pueblo, la opinión pública y la oposición, tienen la atención puesta en el coronavirus.   

Al expresar su opinión sobre por qué no se habla del calendario legislativo en Cuba, Hildebrando Chaviano recuerda que este se publicó en la Gaceta Oficial y algo sobre el mismo se ha hablado en la prensa oficial y en discursos de Miguel Díaz-Canel, pero considera que en realidad no hay mucho que decir al respecto.

"Al pueblo, en sentido general, no le interesa porque la gente tiene los cinco sentidos puestos en la cola del pollo e intuye que todas esas leyes son más de lo mismo, y cuando digo más, me refiero a más restricciones de los derechos civiles, políticos y económicos, más represión y corrupción, menos transparencia y menos productividad".

González Arenas recuerda que el Estado cubano solo publicó el cronograma legislativo después de que lo hizo el medio digital El Toque, el 26 de diciembre de 2019. La Gaceta Oficial de Cuba lo publicó el 13 de enero de 2020, mientras que Cubadebate lo hizo el 16 de enero de 2020. "O sea, se dijo que se había aprobado y no se publicó. Imagina, si el calendario legislativo no se pensaba publicar, qué pensar de las informaciones relativas al proceso de redacción, discusión y aprobación".

El periodista considera que la primera razón por la cual el Estado cubano no habla del calendario legislativo es que los cubanos, para las autoridades, no somos ciudadanos, y los políticos de los distintos órganos no son nuestros representantes, sino que lo son del Partido, la Comisión de Candidaturas, el Ejército y las instituciones estatales.

Otra razón, afirma, es que el país hace mucho está regido por improvisadores. Como ejemplo de incompetencia refiere los "tejemanejes en torno a la 'unificación monetaria'. La reunificación está anunciada desde hace más de una década. Ni la reunificación alemana costó tanto trabajo".

Ferrer Tamayo, considera que en Cuba no se habla del cronograma legislativo porque, pese al alto nivel de instrucción que el Gobierno dice haber proporcionado al pueblo, la realidad es que este exhibe una "marcada ignorancia jurídica", pues al Gobierno no le interesa elevar la cultura jurídica de sus ciudadanos.

El resultado es que el principio de que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, funciona de acuerdo al interés del poder, dice.

En su opinión, otro elemento que contribuye a que no se hable del calendario legislativo en Cuba es la falta de interés de los propios ciudadanos en el tema, por creer que no representa ningún beneficio para ellos, que necesitan concentrarse en adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad que escasean en el país.

Cuesta Morúa considera la falta de cultura parlamentaria del pueblo una de las razones para que no se hable del mencionado calendario, pero también señala la falta de interés social en dicha agenda.

El politólogo contrasta la presente situación con el debate nacional sobre el matrimonio igualitario, cuando el régimen realizó su reforma constitucional. "Ahí había un interés social que tenía que ver, no con la comida, y esto es muy interesante, sino con la identidad de la gente y la identidad futura del país. Pero con esta agenda parlamentaria no sucede lo mismo. Está más poblada con temas de control político y administrativo que con temas sociales o políticos".