Las nuevas normas jurídicas acerca del funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias (CNA), publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 63, e informadas en los principales medios de prensa el pasado viernes 30 de agosto, pretenden perfeccionar un experimento que, al decir de las autoridades cubanas, "ha demostrado la validez de un proceso gradual y ascendente".
Sin embargo, las estadísticas ponen en tela de juicio semejante afirmación. Según cifras emitidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), al cierre de 2018 había en la Isla un total de 434 CNA, mientras que ahora, a raíz de la publicación de las referidas normas jurídicas, el número de CNA ha descendido a 398. Más bien hemos asistido a un "proceso descendente" cuajado de imperfecciones, lo que ha llevado a los gobernantes a detener la creación de nuevas CNA.
Entre las principales deficiencias que las autoridades les señalan a las CNA se hallan la contratación excesiva de fuerza de trabajo asalariada, la diferencia de ingresos entre sus socios, la escasa calidad de sus registros contables, así como la tendencia a incrementar los precios de sus productos y servicios.
Si repasamos algunas de las disposiciones que normalizarán el desempeño futuro de las CNA nos llevamos la impresión de que la maquinaria del poder está decidida a impedir que el desarrollo de esta forma de gestión no estatal se le vaya de las manos. Más o menos en el contexto de no permitir la concentración de la riqueza, tal y como se refrenda en los diferentes documentos partidistas y en la Constitución de la República.
En lo adelante habrá límites en la incorporación de socios a las CNA. Por ejemplo, las cooperativas que cuenten con más de 101 socios, solo podrán crecer en el entorno del 10% de su membresía. En lo que respecta a los trabajadores asalariados contratados por las CNA, se aspira a que disminuyan aún más, no obstante la tendencia decreciente mostrada por dicha contratación. Si en 2014 había 61.280 trabajadores contratados, en 2017 fueron reportados 888, mientras que el pasado año 2018 cerró con una cifra de 777.
Los ingresos de los socios de las CNA serán regulados, en el sentido de establecerse que el ingreso del socio que más perciba no exceda el triple de aquel que menos ingrese. Por otra parte, los requisitos para ser elegido presidente de una CNA vienen definidos "de arriba", léase de las altas esferas partidistas y gubernamentales.
Los precios y tarifas que las CNA apliquen a los productos y servicios que comercialicen con las entidades estatales serán topados, en base a un determinado margen de utilidades por encima de sus costos de producción. Además, las autoridades gubernamentales estarán facultadas para suspender las operaciones de las CNA en caso de detectarse problemas o deficiencias en la gestión de esas entidades.
Las normas jurídicas son explícitas en lo concerniente a la supervisión que soportarán las CNA por partida doble: por los Órganos de la Administración Central del Estado (ministerios), tomando en cuenta el sector de la economía al que pertenezcan, y también por los Consejos de la Administración Provinciales, de acuerdo con el territorio donde se encuentren establecidas. Estos Consejos serán los encargados de autorizar o no la realización de producciones secundarias por parte de las CNA.
Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de medidas que refuerzan el control gubernamental sobre las CNA, y en consecuencia limitan su autonomía. Una autonomía que resulta imprescindible para que los socios de estas entidades adquieran sentido de pertenencia.
Es que, al parecer, la facción de línea dura que lidera la actualización del modelo económico, con Díaz-Canel al frente, no acaba de entender que una cooperativa no puede funcionar como una empresa estatal.