Desde que empezó el año 2019 las autoridades cubanas tuvieron que enfrentar decenas de protestas de naturaleza económica y social a lo largo de todo el territorio y en casi todas decidieron replegarse. Las zonas de mayor conflictividad nacional han sido las referidas al transporte, vivienda, insalubridad, desabastecimiento, salarios, así como las restricciones a la libertad cultural y de libre acceso a internet.
No es que esas sean áreas novedosas de queja popular.Lo nuevo es que cada vez más ciudadanos dan muestras de no estar dispuestos a seguir aceptando promesas o negativas respecto a sus demandas. Frente a ellos, el Gobierno viene replegándose con concesiones puntuales aquí, allá y acullá.
La idea de que mientras más los presionen peor reaccionan es un mito construido en La Habana. El Gobierno cubano sabe dónde están las rayas rojas. El Maleconazo, por citar un ejemplo, los hizo reabrir las fronteras, los mercados campesinos y ceder espacio al cuentapropismo. La realidad los sacudió. Esa es su pesadilla. Por eso vociferan, amenazan, sacan nuevos decretos represivos… pero se repliegan cuando encuentran firmeza ciudadana.
Por poner un ejemplo local, pese a las amenazas de retirarles las licencias y confiscar sus vehículos, el Estado no pudo apaciguar a los transportistas privados (camioneros) que iniciaron una huelga —eso es lo que realmente fue, aunque se evite llamarle por su nombre— en Santiago de Cuba. Por el contrario, terminaron por concederles una parte importante de sus demandas respecto a los precios especiales del combustible y el del cobro de los pasajes.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) lleva una meticulosa bitácora de casi dos decenas de situaciones muy diversas en que los ciudadanos han hecho retroceder al Estado frente a sus demandas después de muchos fracasos previos ante tácticas de apaciguamiento, amenazas y represiones policíacas. Habitantes de construcciones ilegales que querían evacuar y derribar, vecinos que por décadas protestaron inútilmente por zanjas y fosas contaminadas, pobladores que exigían la reconstrucción de la única parada de guaguas de su caserío, todos resolvieron sus demandas con métodos de resistencia cívica no violenta.
Los cubanos están aprendiendo que su poder está en una combinación del número de personas movilizadas de forma organizada y la información que pongan de sus problemas en las redes sociales. Las redes sociales constituyen la nueva plaza cívica virtual desde la que se denuncian los atropellos, pero en la que también se coordinan las movilizaciones que se realizan fuera del espacio virtual. A ello se suma el aprendizaje de técnicas negociadoras y la decisión de no aceptar promesas imprecisas o negativas basadas en que EEUU es lo que impide resolverles el problema.
¿Reforma o violencia?
La única salida racional que tendría el Gobierno para estabilizar la gobernabilidad nacional sería levantar el bloqueo interno que paraliza las fuerzas productivas.
Levantar el bloqueo interno supone, entre otras muchas medidas posibles, las siguientes: liquidar el sistema de acopio de productos agrícolas, entregar la tierra en propiedad a quien la trabaje; liberar los precios del sector privado; otorgar moratorias fiscales a los negocios que creen empleos, productos y servicios; abolir el monopolio de comercio interior y exterior; cancelar los aranceles aduaneros a aquellas mercancías, insumos y herramientas destinados al sector productivo nacional privado; así como permitir inversiones de capital en cualquier sector de la economía a los cubanos, sean o no residentes en la Isla. Y, sí, tendrán que abrir la sociedad cubana levantando las trabas que hasta hoy le han impuesto al desarrollo de internet y la conectividad nacional.
Las iniciativas como SNet, una red comunitaria, están amparadas en muchos países por leyes que las protegen y fomentan su desarrollo para el bienestar común. Un estudio internacional de la Universidad de Michigan determinó que SNet era la mayor red autónoma sin acceso a la web en todo el mundo. Algo para admirar e incentivar. Pero el Gobierno cubano sigue perdido en su laberinto y decidió cerrarla a golpe de decretazo.
Al parecer, las cosas tendrán que empeorar mucho más para que la elite de poder entienda que ya "los de abajo" no están dispuestos a ser gobernados como antes. Por ahora parece más inclinada a "legalizar" la represión con nuevos decretos, que a reconocer derechos y nuevas libertades.
Hay entre ellos quienes todavía creen que pueden controlarlo todo, prohibiendo y reprimiendo. Otros saben que "el horno no está para galleticas". Su problema es que en las actuales circunstancias nacionales e internacionales, la violencia que puedan desatar se sabe cómo se inicia, pero no cómo termina ni a quiénes aplastará al final.
Deberían meditar que el régimen de Venezuela ya no puede sostenerlos y que Raúl Castro se aproxima, de forma inexorable, a su hora final. Pero todavía no parecen muy reflexivos. Hasta que la realidad los sacuda de nuevo, quizás mucho peor que en agosto de 1994.