Una protesta callejera en la que participaron decenas de residentes en la comunidad habanera de Las Lajas, Arroyo Naranjo, fue el remedio para que el Gobierno los escuchara tras más de dos meses sin agua.
Con esta acción los afectados llamaron la atención de las autoridades, quienes solucionaron el problema con un nuevo cronograma de abasto.
La masiva protesta involucró a hombres, mujeres y niños, y ocurrió el pasado 18 de Julio. Desde horas muy tempranas, los habitantes del lugar comenzaron a movilizarse, fabricando barricadas con tanques y árboles, para ocasionar el cierre de la principal vía de acceso a esta localidad.
Por más de seis horas el tráfico vehicular y peatonal estuvo detenido, mientras se escuchaba a los vecinos gritar repetidamente "¡queremos agua!".
Una hora después de iniciada la movilización popular, comenzaron a llegar patrullas de la Policía —sin que se produjera arresto alguno—, y funcionarios del gobierno municipal y provincial, para "conversar" con la población.
Ahora, los afectados reciben agua cada cuatro días. Y la estatal Aguas de La Habana ha reanudado las obras pendientes en la zona, que habían sido paralizadas para trasladar toda la fuerza productiva hacia la ampliación del proyecto Cuenca Sur, según explicó a los vecinos un especialista de Recursos Hidráulicos que se identificó con el nombre de Paneque el día de la manifestación.
"La protesta cumplió su objetivo, ya tenemos agua. Pero yo no confió en las promesas del Gobierno, así que si incumplen volvemos a movilizarnos en las calles", comentó Adenis Enamorado, residente de la comunidad.
"Actualmente el Gobierno está cumpliendo con el cronograma para llenarnos las cisternas, y están poniendo las conductoras de agua que quedaban pendientes", afirmó Yanelis Cisneros, otra vecina.
Los residentes en la localidad aseguraron que, antes de acudir a la protesta, trataron de buscar la ayuda del delegado el Poder Popular, del gobierno municipal, y de la Oficina de Recursos Hidráulicos.
En esta última, una funcionaria que se identificó como Doris, los "maltrató y discriminó", refiriéndose a ellos como "inmigrantes indocumentados, ilegales y sin derechos", haciendo alusión a que la mayoría de los afectados provienen de las provincias orientales del país. Esa actitud aumentó el malestar en la comunidad.