El Gobierno ha aprobado para este año unos 50 millones de pesos para un plan de construcción viviendas para intentar atajar el envejecimiento poblacional que sufre la Isla promoviendo la natalidad.
"Para el 2019 se aprobó un financiamiento de 50 millones de pesos para atender las acciones constructivas de viviendas para madres con más de tres hijos menores de 12 años", declaró ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana Marino Murillo, el jefe de las reformas económicas de Raúl Castro.
Dijo que los encargados de ejecutar este presupuesto son los Consejos de la Administración de los 32 municipios que han sido incluidos en el presupuesto, publicó el sitio oficial Cubadebate, que no precisa cuáles son los territorios.
Según Murillo, "estos 50 millones de pesos son para estimular los nacimientos, por lo que su ejecución no pasa por el complejo proceso de los subsidios".
El sector de la construcción en Cuba está en crisis desde hace décadas. El Gobierno ha sido incapaz de dar solución a irregularidades que lo afectan y cumplir los propios planes que se propone. Los fenómenos climatológicos han empeorado el ya deteriorado estado constructivo de las viviendas. Los subsidios son un campo minado de burocracia y corrupción.
El objetivo es "estimular la fecundidad con el fin de acercarse al reemplazo poblacional en una perspectiva inmediata" dentro de una nueva política aprobada por el Gobierno, teniendo en cuenta los elevados niveles de envejecimiento de la población cubana, insistió.
La Isla padece desde hace años un menor crecimiento de la población total y natural, como consecuencia del bajo número de nacimientos, en relación con la cantidad de defunciones y el saldo negativo de la emigración.
Murillo admitió que las tendencias demográficas son difíciles de revertir. La Habana tiene que hacer mayores inversiones para intentar atender las necesidades de la creciente población de más de 60 años. Para ello ha querido involucrar más al adulto mayor en las tareas económicas, políticas y sociales y pretende que las personas de la tercera edad vuelvan al trabajo.
El funcionario lamentó que hay un millón de personas en Cuba que pudiera trabajar y no lo hace. "Una solución podría ser el empleo de personas de más de 60 años. Por poner un ejemplo, más del 50% de las personas que venden tarjetas de recarga de ETECSA son jubilados", dijo.
Muchos jubilados recurren al sector privado que les proporciona ingresos superiores. Las bajas pensiones que perciben, con las que no pueden sostenerse para llegar siquiera a mediados de mes, los obligan a volver al trabajo.
Ley electoral
La Asamblea Nacional del Poder Popular, que nunca vota contra iniciativas presentadas por el régimen, aprobó sin sorpresa los dictámenes del Proyecto de Ley de Pesca y el de Ley Electoral.
Según José Luis Toledo Santander, presidente de Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del órgano, tras un "debate legislativo" y preguntas recibidas por correo electrónico, "surgieron modificaciones, aún poco tiempo antes de presentarse la norma para su sanción".
Estas últimas estuvieron relacionadas con la residencia efectiva, derecho a elegir y a ser electo, entre ellos los candidatos de las instituciones armadas, y de gobernadores que, en caso de ausencia, pueden ser escogidos de manera provisional por el presidente de la República.
Toledo Santander anunció que el proyecto en cuestión será sometido a la consideración de los legisladores del país este fin de semana en el III período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea, y que de inmediato entrará en vigor para la elección del Colegio Electoral Nacional.
La recién publicada nueva Ley Electoral mantendrá la elección indirecta de las autoridades en Cuba, pese a un reclamo que muchas personas hicieron durante los debates en el proceso de reforma de Constitución, que esperaban tener voto directo para las primeras magistraturas.
La norma propuesta reemplazará a otra de 1992. El poderoso Partido Comunista de Cuba, el único con estatus legal, no aparece como un elemento electoral, sino que por la misma Constitución —la antigua y la vigente— cumple la función de dirigir los destinos del país.
Igualmente, la nueva ley permite y regula los plebiscitos sobre temas puntuales que deban ser consultados a la población, permite la votación de ciudadanos en el exterior en estos referendos —no en las elecciones para las asambleas— y autoriza a ciudadanos como supervisores para los comicios que deben ser acreditados por la Comisión Nacional Electoral.