El Gobierno cubano aprobó nuevas normas para "el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales", y para "el cambio de uso y traspaso de locales", que aparecen publicados este viernes en la Gaceta Oficial ordinaria No. 33, acompañados de dos resoluciones de los ministerios de Justicia (MINJUS) y de la Construcción (MICONS).
El sitio oficial Cubadebate las presentó como "un paquete jurídico que beneficiará a miles de familias que hoy habitan inmuebles bajo régimen de arrendamiento permanente o usufructo, o que han construido sin seguir formalidades legales".
Santiago Herrera Linares, director de Asuntos Legales de la Vivienda, del MICONS, dijo en una conferencia de prensa que más de 230.000 familias van a favorecerse con las nuevas medidas que entrarán vigor a finales del próximo mes.
"Los que construyeron ilegalmente y violan las regulaciones urbanísticas y territoriales, no se legalizan. Por tanto, el principio rector y de máximo conocimiento por ciudadanos, dirigentes y funcionarios, es que lo que está edificado cumpla las regulaciones urbanas y territoriales. Esa es la consideración clave para la tramitación de las solicitudes de la población y su aprobación por las autoridades pertinentes", dijo Herrera.
Según el funcionario, "el precio ideal de la vivienda en Cuba sigue siendo muy subsidiado, en un nivel que se estima entre un 60 y 80%".
"Las personas van a acceder a legalizaciones y plenos derechos sobre inmuebles estatales a precios muy subsidiados", afirmó.
En el caso de las personas que no cumplieron las regulaciones urbanas y territoriales cuando ejecutaron las acciones constructivas de sus viviendas (y en el proceso entran tanto las terminadas como las que no lo han sido), dijo que "se trata de esfuerzo propio y no se aplica el requisito del pago".
En tales casos "se les reconocerá y deberán pagar lo que deban pagar, que generalmente, si no lo han hecho, será el derecho perpetuo de superficie", afirmó.
Sin embargo, aclaró que "si la persona incumplió las regulaciones urbanas y territoriales y no es posible la legalización u otorgamiento del local que está adecuando o la vivienda que está ejecutando, entonces no se legaliza porque no es legalizable ni admisible en términos urbanos y territoriales o de disciplina social".
Tendrán prioridad, según el director de Asuntos Legales de la Vivienda, personas discapacitadas, embarazadas y adultos mayores.
Los destinatarios de las nuevas normas son los arrendatarios permanentes del fondo estatal de viviendas, que tienen contratos de arrendamiento permanente (o tienen derecho pues el titular del contrato, un familiar, falleció); los usufructuarios y ocupantes legales de viviendas, cuartos, habitaciones y accesorias, y quienes habitan en viviendas o locales terminados o en ejecución por el Estado o los propios habitantes, dijo Herrera Linares.
No se legaliza todo
De las legalizaciones se exceptúan, por ejemplo, casos de sentencias penales. En cuanto a quienes han sido arrendatarios por concepto de medidas derivadas de confiscaciones que se hicieron vía sentencias en tribunales (relacionadas con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos), Herrera aclaró que "esas medidas deben ser cumplidas, siguen en vigor y los inmuebles se mantienen en el estatus de arrendamiento".
Hay otro grupo de arrendatarios que lo son en virtud de sanciones, pero relacionadas con medidas ejecutivas adoptadas como consecuencia de la confiscación porque compraron las viviendas ilegalmente.
En estos casos se refirió a que en el período anterior a 2012 —año en que se legalizó la compraventa entre particulares—, cuando eran ilegales las transacciones de este tipo, se confiscaba la vivienda, los ocupantes generalmente permanecían en la vivienda, pero no en régimen de propiedad, porque estaba infringiéndose la ley. Otros eran reubicados, también en concepto de arrendamiento.
"Estos casos —aseguró Herrera— fueron los que generaron la idea del beneficio, y la mayoría son beneficiados".
Magalys Rivero Ramírez, directora de Inversiones del Instituto de Planificación Física (IPF), descartó la legalización de casos en que "el plan de ordenamiento territorial indique que hay o habrá trazado de líneas férreas, líneas eléctricas de alta tensión, riberas de ríos, desagües de presas, costas, áreas de inversiones en un plazo determinado".
Cambio de uso y traspaso de locales
Rivero señaló que el IPF se encargará de la organización y control del proceso de cambio de uso y traspaso para que los locales involucrados asuman funciones habitacionales.
Dijo que "va a haber dos niveles de aprobación: en el caso de los inmuebles que son de Organismos de la Administración Central del Estado, estos elevan sus necesidades de cambio de uso al IPF, y en el caso de los que son de orden municipal y provincial, serán valorados y aprobados por los consejos de la Administración", un "proceso conlleva una documentación mínima necesaria".
Conlleva más trámites: Primero se entregarán los expedientes por los organismos o los Consejos de Administración al IPF, luego se consulta al Ministerio de Economía y Planificación y al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y una vez recibida la respuesta las propuestas son aprobadas por el IPF".
Orden legal y disciplina social sobre el derecho a la vivienda
Aliuska Puentes Fontaniella, de la Dirección del Registro de la Propiedad, Mercantil y Patrimonios del Ministerio de Justicia, dijo que "una de las metas" de su organismo "es garantizar, desde sus propios procedimientos y normas, que se rescate y se imponga en Cuba la disciplina inmobiliaria, para que se pueda cumplir la política del país; el llamado al orden, a la disciplina, al control, a que todo (…) quede inscrito en el registro público".
La situación de la vivienda en Cuba es compleja tras décadas de políticas incapaces de solucionar las necesidades habitacionales de los cubanos. El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, admitió recientemente que la Isla padece un déficit de 929.695 viviendas, y estimó su solución en diez años, pero analistas ven mucho más lejos la meta.
La burocracia, la escasez de materiales de construcción, las limitaciones a iniciativas privadas, el impacto directo y continuo de fenómenos meteorológicos, más el destartalado fondo habitacional, complican el panorama.