Todavía no se ha producido la entrada en vigor del Título III de la Ley Libertad, conocida también como Ley Helms-Burton, y al parecer todo el mundo está culpando a la misma del deterioro de la economía cubana y del empobrecimiento angustioso que padecen los cubanos. Falso.
Basta con ojear muy por encima la norma para concluir que su impacto sobre la vida de los cubanos será indiferente. A nadie se va a expulsar de sus ajadas viviendas, a nadie se le va a quitar el edificio del colegio donde estudian sus hijos, o las instalaciones del ambulatorio de salud al que acuden cuando están enfermos. Los llamados "logros de la revolución" precisamente están a salvo de la Ley Libertad. Y por supuesto, nada de todo eso se verá afectado por la entrada en vigor del Título III y su aplicación a partir del próximo mes de mayo. Las demandas, en caso de producirse, irán dirigidas a los activos productivos, las empresas, las infraestructuras, los medios de producción que fueron confiscados a sus legítimos propietarios entre 1959 y 1968, y extendido después a todos los cubanos que abandonaban el país en busca de libertad.
A nadie se le ocurre abrir un pleito en un tribunal de EEUU cuyo coste no bajará de 6.000 dólares, para demandar una vivienda semidestruida en Centro Habana o el descampado lleno de cascotes de un viejo establecimiento de comidas patrimonio de los abuelos. Hay que ser realistas para asumir que la mayor parte del capital productivo de los cubanos, el que se construyó con el trabajo, esfuerzo y dedicación de varias generaciones de cubanos, se ha perdido para siempre y será imposible su recuperación, salvo para los anales de los historiadores, por muy buenas que sean las intenciones de la Ley Libertad.
No deja de ser curioso que, de aquellos cubanos que fueron expropiados de sus viviendas, sus ahorros, planes de jubilación, activos no monetarios, medios de producción, hace 60 años, nadie se acuerda, nadie quiere reconocer la necesidad de justicia, de recuperación de lo que les fue arrebatado por disposiciones ilegales firmadas por un presidente títere, amenazado por revolucionarios con armas, dispuestos a todo con tal de que se cumplieran sus órdenes.
Nadie parece querer acordarse de aquel drama que fracturó a la sociedad cubana, enfrentando a hermanos con padres, a abuelos con tíos. Y todo por culpa de una ideología absurda que solo podía sostenerse dentro del marco de una Guerra Fría, en la que Cuba no tenía por qué participar. Las demandas en los tribunales de los estadounidenses y de los cubanos que han obtenido esa nacionalidad, de producirse, irán dirigidas contra aquellos que empleando el término de la Ley, "trafiquen" con activos expropiados por el régimen castrista y que "divisas, petróleo, inversión productiva o expertise a las autoridades". Así de claro se expresa la Ley.
En ningún momento se contempla demandar un colegio o un centro de salud, básicamente porque ningún extranjero ha sido autorizado por el régimen a invertir en esos sectores. De la misma forma que el capital extranjero que empezó a llegar a Cuba a partir de 1990 se orientó hacia aquellas actividades (hostelería, turismo, minería) que el régimen autorizó, aún a sabiendas que existían querellas de legítimos propietarios desde mucho tiempo antes.
Todos los inversores extranjeros sabían, desde el primer momento, a qué atenerse. Cuando se publicó la Ley Libertad y se dejó de aplicar el Título III, la amenaza se hizo realidad. Guerra avisada, no mata soldados. Así que a partir de ahora se abre un nuevo escenario difícil de prever en sus consecuencias. Lo más importante es que los cubanos saben que si sus salarios apenas llegan a 30 dólares al mes, su capacidad de ahorro es mínima, no tienen libertad de elección de bienes y servicios y se encuentran sometidos a una permanente represión política interna que no respeta sus derechos humanos básicos, no es por culpa de la Ley Libertad, sino del régimen político que existe en el país (por cierto, el mismo que de forma irresponsable decretó las expropiaciones y confiscaciones a partir de 1959) y del modelo económico de raíz estalinista que se niegan a modificar.
Si la situación económica en Cuba empeora en los próximos meses, no será porque se reduzcan los viajes o las remesas. Los ejemplos pueden ayudar. Si un cubano en Miami envía 1.000 dólares a su familia al trimestre, o su equivalente a 333 dólares al mes, estará enviando diez veces más que el salario medio, o dicho de otro modo, si un trabajador en Miami cobra 2.000 dólares al mes y se produjera el envío de un subsidio de la misma magnitud, tendría todos los meses 20.000 dólares más para disponer. Ya me dirán si es poco o mucho. El problema es dónde gastar ese dinero. En Miami no hay dificultades para hacerlo, hay de todo, en Cuba es más problemático.
Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera de la Ley Libertad. Están en su derecho, para eso nos encontramos en el mundo libre. No precisamente en Cuba, donde solo existe una versión oficial que se repite hasta la saciedad. Sin embargo, antes, conviene tener información y saber de qué estamos hablando.
La campaña contra la Ley Libertad desatada en medios de la Unión Europea e incluso de EEUU tiene como principal objetivo erosionar el capital político del presidente Trump por su paso al frente a favor de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Cuba. Bienvenida sea esta "campaña", porque que yo sepa no ha existido nunca antes en la Historia un apoyo tan decidido como este para Cuba y los cubanos, si se exceptúa la Posición Común europea defendida por el presidente español Aznar. El resultado final admite al menos la recompensa de la espera. Yo lo haré.
Este artículo se publicó en el blog Cubaeconomía. Se reproduce con autorización del autor.