Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en respuesta a la decisión del Gobierno norteamericano de suspender por dos semanas el Título III de la Ley Helms-Burton, escribió en un tuit: "esa Ley es una aberración, jamás debió existir, viola el Derecho Internacional, daña a toda Cuba, a cada familia".
Las acusaciones, los lamentos y el empleo de la violencia física o verbal nada aportan y en nada atenúan los daños ocasionados. Separados por seis décadas del inicio del embargo y más de 20 años de la promulgación de la Helms-Burton, lo sensato no es acusar y echar más leña al fuego, sino asumir la responsabilidad correspondiente, dialogar y negociar su solución, que es precisamente lo que ha estado ausente.
Desde 1996 —con el objetivo de evitar litigios con corporaciones extranjeras que tienen negocios con propiedades confiscadas— la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton fue aplazada cada seis meses. Recientemente la Administración Trump redujo ese tiempo a 45 días, luego a un mes y por último a dos semanas, hasta ejecutarlo hoy. Con este giro los cubanoamericanos, afectados por las confiscaciones, pueden demandar a las compañías que hacen negocios con empresas de las Fuerzas Armadas de Cuba (FAR). No así con el resto de las firmas extranjeras que continúan exentas de las reclamaciones.
La inminente aplicación del Título III constituye un freno a las inversiones extranjeras, lo que demuestra que tanto la negociación sobre las compensaciones, como la democratización de Cuba, se imponen. Entre otras cosas, porque forman parte de las garantías que reclaman los inversionistas y del bienestar de los cubanos.
El Gobierno de EEUU mantiene una observación sobre las condiciones de los derechos humanos en Cuba y sobre el apoyo cubano al Gobierno de Nicolás Maduro. Así lo expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en un tuit del pasado 2 de abril.
En cuanto a responsabilidades, es innegable que las confiscaciones en Cuba comenzaron por las grandes empresas extranjeras, pero no se detuvieron hasta liquidar al último puesto de fritas en manos cubanas. La promesa de que las propiedades confiscadas pasarían al pueblo se incumplió. Primero faltó la voluntad del Gobierno, medio siglo después se desaprovechó el giro de la política norteamericana hacia Cuba durante el Gobierno de Barack Obama, quien sin exigir una democratización previa, flexibilizó el embargo y planteó su eliminación.
Ahora, ante la inminente aplicación del Título III, el Partido-Estado-Gobierno recaba el apoyo del pueblo. Sin embargo, en lugar de publicar íntegramente el texto de la Ley Helms-Burton para que se conozca de primera mano y/o someter a consulta popular si los cubanos quieren participar como propietarios o prefieren que el Estado siga siendo el dueño absoluto, se ha optado por azuzar el miedo. Como puede verse en la "Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba" del pasado 4 de marzo:
"El Título III de la Ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del Gobierno Revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense, el ulterior establecimiento de un Gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington... Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de EEUU por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo, donde tienen un negocio particular..."
O en un artículo de Granma del pasado 26 de marzo: "Las sanciones económicas, las demandas judiciales arbitrarias, así como la expulsión de los cubanos de sus propiedades no cesarán hasta tanto la Casa Blanca no considere todo en orden […] Imagine usted el escenario, se encuentra sentado en la acera de su casa, o vuelve a su vivienda al culminar la jornada diaria, para encontrarse un sello en la puerta y varios extraños que se dicen cubanos expropiados y dueños del inmueble".
Además, pasando por alto la experiencia de Vietnam, se insiste en que la Ley Helms-Burton es el principal obstáculo para el desarrollo y causas fundamental del retroceso sufrido. También se habla del peligro de perder la independencia, como si un país sin economía propia pudiera serlo. "La independencia de un pueblo consiste en el respeto que los poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos", escribió José Martí.
Si en lugar de azuzar fantasmas se implementaran cambios estructurales para que los cubanos puedan crear pequeñas y medianas empresas en todas las ramas de la economía y participar como sujetos activos en el destino de su nación, el crecimiento económico y el bienestar tendrían un impacto positivo. Y esa posibilidad no depende de la derogación de ninguna ley extranjera, ni favorecería a nadie más que al pueblo cubano. Depende de voluntad política y de colocar a Cuba antes que la ideología.
Se impone dejar atrás el esquema bilateral del diferendo entre Cuba y EEUU para otorgarle carácter trilateral. Estas deberían ser las tres partes a considerar:
- EEUU, que debe apoyar pero no desempeñar la función de agente directo en los cambios.
- El Partido-Estado-Gobierno, que detenta las riendas del poder tiene que dar los pasos correspondientes.
- El pueblo cubano, aunque desarmado de mecanismos e instituciones cívicas, pero preparado para asumir los cambios, como lo demuestra la eficacia de las pocas actividades privadas que le han permitido.
Si en lugar de acusar al otro, el Partido-Estado-Gobierno implementara los Pactos de Derechos Humanos, como fundamento de la incorporación ciudadana en la solución de los graves problemas que nos aquejan, no serían necesarios tantos discursos, descalificaciones ni asustar a un pueblo, que a estas alturas tiene muy poco que perder y mucho que ganar con la democracia, el diálogo y las negociaciones.