Las compañías españolas Meliá e Iberostar han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa en caso de reclamaciones en EEUU de bienes confiscados por el castrismo, después de que la Administración Donald Trump apretara más las tuercas del embargo sobre La Habana, informó el suplemento Cinco Días del diario El País.
Washington estudia la reactivación completa del título III, congelado desde la aprobación de la Ley Helms Burton en 1996. El capítulo nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
Finalmente, el Gobierno de Donald Trump anunció el pasado 4 de marzo que prorrogaría un mes más su suspensión, sin embargo, con la salvedad de que sí se podrán interponer demandas contra compañías incluidas en una lista de entidades "bajo el control" de la Inteligencia y el Ejército cubanos, muchas de ellas administradas por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA.
En ese registro figuran en la actualidad 205 entidades. Una de ellas es Gaviota, el grupo de turismo que posee 84 hoteles en la Isla en régimen de propiedad y cuya gestión cede a operadores extranjeros, entre las compañías españolas.
Meliá explota seis de esos hoteles (dos en Varadero, tres en Villa Clara y otro en Jardines del Rey) e Iberostar otros seis (uno en la Habana, tres en Varadero, uno en Villa Clara y otro en Jardines del Rey).
Si algún ciudadano hubiera registrado una demanda con anterioridad, podría activarse la reclamación contra los citados establecimientos gestionados por Meliá e Iberostar incluidos en esa lista negra.
Las dos empresas temen que se active un segundo escenario a partir del próximo 17 de abril, cuando particulares y empresas podrían demandar la recuperación de los bienes confiscados, siempre y cuando el Ejecutivo de EEUU active en pleno el capítulo III.
Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk del despacho, recordó a Cinco Días que existen cerca de 6.000 demandas certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del Gobierno, por importe estimado de 9.000 millones de dólares (7.959 millones de euros), pero se calcula que el importe global es muy superior.
Las dos empresas españolas más afectadas por ese endurecimiento del embargo serían Meliá e Iberostar. La primera tiene 32 hoteles operativos en la Isla, siete en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones.
Despachos de abogados consultados por la edición de El País creen poco probable que se activen las expropiaciones, pero sí consideran más plausible que se aprueben otras medidas de presión económica.
"Veo altamente improbable que uno de los reclamantes certificados pueda iniciar el proceso de reclamación, pero si lo hiciera eso podría generar un deterioro de la calificación crediticia de las compañías y podría provocar un recorte de las líneas de crédito a las empresas españolas", recalcó Altozano, que acaba de regresar de un viaje a Londres donde ha tratado de ese tema con inversores ingleses con intereses en la Isla.
Otra oficina, que prefirió guardar el anonimato, consideró más probable la posible interposición de recursos y presentaron una posible derivada. "El pulso podría intensificarse si se pasara de la amenaza a la realidad y el Ejecutivo estadounidense también podría optar por embargar flujos de caja o activos de la compañía en suelo estadounidense".
Meliá cuenta con tres establecimientos en EEUU (Nueva York, Miami y Orlando) e Iberostar cuenta con otros dos (Nueva York y Miami).
La respuesta de la UE
Bruselas y Washington firmaron un memorando de entendimiento en 1997 que fijaba la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton sine die a cambio de que Europa trabajara por la recuperación de los derechos humanos y la democracia en Cuba.
EEUU ya amenazó varios años después con activar las reclamaciones y la Unión Europea (UE) presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que posteriormente retiró. A pesar de esto, fuentes jurídicas consultadas creen que se podría reactivar en cualquier momento.
Según Cinco Días, desde la Cámara de España se ha reclamado, si finalmente se produce el endurecimiento del embargo, la activación del artículo seis del Blocking Statute de la Unión Europea que permite a los estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con intereses en Cuba. Ese artículo, sin embargo, no afectaría a particulares.
Hermenegildo Altozano, socio del despacho Bird & Bird, considera que una respuesta adecuada por parte de la UE, en el caso de que se active el capítulo III de la ley Helms-Burton, sería la prohibición de entrar en suelo europeo a cualquier particular o empresa de los que haya presentado una demanda.