El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, se halla muy activo recorriendo todas las provincias para reunirse con los factores que tienen que ver con el sector agropecuario. En esos convites se habla de planificación, comercialización, precios, calidad de los productos, sustituir importaciones, así como crear polos exportables. Sin dudas, existe preocupación gubernamental por un sector que no acaba de dar el despegue que precisa la actualización del modelo económico, y que en los últimos tiempos apenas alcanza el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, hay un tópico que sobresale en la agenda del primer vicepresidente: la contratación de las producciones. Es decir, asegurar que los productores se comprometan a vender la mayor parte de sus producciones —casi con la única excepción de su autoconsumo— a la Empresa Estatal de Acopio.
La más reciente de esas reuniones aconteció en la provincia de Granma. Allí el señor Valdés Mesa, después de insistir en que la contratación llegue a todas las figuras productivas, y abarque la más amplia gama de productos en el campo, fue diáfano al afirmar que "El Ministerio de la Agricultura tiene que controlar todo lo producido y los destinos que toma, prodúzcalo quien lo produzca" .
O sea, que no solo se pretende interferir en la gestión de las empresas estatales y de las cooperativas semiestatales —unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), y cooperativas de producción agropecuaria (CPA)—, sino que también habrá presión sobre los pequeños propietarios privados, y las otras formas de gestión no estatal, como las cooperativas de créditos y servicios (CCS), y los usufructuarios de tierras ociosas.
Evidentemente, la maquinaria gubernamental, ante el persistente desabastecimiento que muestran los mercados agropecuarios estatales (MAE), en contraposición a las tarimas bien surtidas de los mercados agropecuarios de oferta-demanda (MAOD), quiere disminuir las fuentes de suministro a estos últimos mediante el impedimento de que los productores vendan sus cosechas a comercializadores privados.
Por supuesto que semejante coerción gubernamental puede provocar la desmotivación de muchos productores, sobre todo de aquellos acogidos a formas de gestión no estatal. Una desmotivación que haría disminuir los niveles productivos, esos que tanto necesita la mesa del cubano de a pie.
Y una desmotivación, en fin, porque los productores corren el peligro de que sus cosechas se pudran en los campos, o no reciban el pago oportuno por su trabajo, debido a la proverbial ineficiencia de la Empresa de Acopio. No hace mucho trascendió una queja de un campesino de la provincia de Matanzas, al cual Acopio le recogió una cosecha de frijoles dos meses después de lo acordado, y transcurridos seis meses de la entrega, aún el referido productor no había recibido el pago correspondiente.
Por otra parte, es de destacar que esos intentos de asfixia a los MAOD son un atentado contra la existencia de las relaciones de mercado en la economía, que si bien de un peso bastante pequeño, están contempladas en documentos partidistas como los Lineamientos y la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. El título de un artículo sobre el tema publicado en Granma ("Corregir brechas en la comercialización agrícola") indica que cualquier margen que los productores puedan comercializar con entes privados es visto solo como eso, "como una brecha", y no como una opción legal y viable.
Pero vayamos a la tan promovida nueva Constitución. En su Artículo 18 se establece que la propiedad socialista, y la dirección planificada de la economía, tienen en cuenta la existencia de las relaciones de mercado, aunque controladas en función de los intereses de la sociedad.
No obstante, la faena del señor Valdés Mesa, al parecer, va más allá de un simple control. Más bien se asemeja a una extinción. Aun acabado de nacer, la práctica va convirtiendo en letra muerta el referido texto constitucional.