El Gobierno cubano desempolvó este jueves el fantasma del "gusano que te quiere quitar la casa" para responder al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien dijo que evalúa activar la parte de la Ley Helms-Burton que permitiría a estadounidenses y cubanoamericanos reclamar ante cortes norteamericanas propiedades que les fueron expropiadas por el Gobierno de Fidel Castro.
"Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad", dijo la Cancillería cubana en una declaración.
Pompeo anunció el miércoles que hará una "revisión cuidadosa" del título III de la Ley Helms-Burton, de 1996, que permitiría demandar a compañías extranjeras que se están beneficiando de propiedades confiscadas por el castrismo.
El título III de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo a la Isla, ha sido suspendido cada seis meses desde 1996 por todos los presidentes de Estados Unidos, que han alegado posibles perjuicios para los intereses estadounidenses.
Este jueves se cumplía el plazo que tenía el Ejecutivo de Donald Trump para notificar al Congreso si mantenía o no la suspensión de esa provisión legal.
Pompeo, encargado de tomar la decisión esta vez, dijo que mantendrá la suspensión solo durante 45 días para hacer "una revisión cuidadosa" teniendo en cuenta los "intereses nacionales" de Estados Unidos y el comportamiento del Gobierno cubano.
"Entre los objetivos centrales de la Ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo. A ese propósito se dedican expresamente los títulos III y IV de la ley", se quejó la Cancillería cubana en su declaración de este jueves.
Aseguró que La Habana "considerará nula toda reclamación" amparada en la Helms-Burton "de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad". Advirtió que el Gobierno "se reserva el derecho de responder oportunamente" a las intenciones de Washington.
La Cancillería defendió que las nacionalizaciones de la década de 1960 fueron "un proceso legítimo".
"Esta decisión que el Gobierno de Estados Unidos amenaza con adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos", dijo la Cancillería.
Los cubanos, añadió, "verían cómo se presentan ante tribunales de Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los que se edifican sus barrios; y podrán constatar la pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza del país, la infraestructura, las tierras cultivables, las industrias, los recursos mineros, el potencial energético y las bases sobre las que se desarrollan la ciencia y la tecnología y se prestan los servicios a la población", enumeró el Gobierno.
"Las familias cubanas y el país serían despojados prácticamente de todo", añadió, repitiendo su tradicional discurso sobre las supuestamente malas intenciones de los exiliados.
Muchos emigrados cubanos han dejado claro que no planean reclamar sus antiguas viviendas a los actuales habitantes. El estado del fondo habitacional cubano tras 60 años de desidia gubernamental convertirían además en absurdas esas reclamaciones.
Antiguos propietarios de inmuebles sí han expresado intenciones de exigir al Estado cubano compensaciones por esas propiedades confiscadas.
En 2015 existían más de 5.900 reclamos abiertos en Estados Unidos, por parte de empresas y ciudadanos tanto cubanos como estadounidenses, por propiedades expropiadas por el Gobierno de Fidel Castro, que sumaban entonces entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.
De ese volumen total de compensaciones, aproximadamente el 90% correspondía a empresas cuyas instalaciones y operaciones fueron nacionalizadas, como la Cuban Electric Company, ITT, North Sugar Company, Standard Oil y Texaco, entre otras.
Esos reclamos fueron compilados por la Comisión de Acuerdos sobre Reclamos en el Extranjero, fundada después de la Segunda Guerra Mundial y dependiente del Departamento estadounidense de Justicia.
La Cancillería cubana dijo que la Ley Helms-Burton "ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los sectores anticubanos" en Estados Unidos y que, en "virtud de su aplicación, se han aprobado cientos de millones de dólares para subvertir el orden interno en Cuba" e "intentar provocar un cambio de régimen".
Culpó una vez más al embargo del atraso en el desarrollo económico del país.
Repitió que "todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un compromiso de compensación, que el Gobierno de los Estados Unidos se negó incluso a discutir, mientras sí fue asumido por los gobiernos de los reclamantes de otros países, todos los cuales disfrutaron de debida compensación".
En un artículo publicado en 2016 en DIARIO DE CUBA el economista Elías Amor desmintió esas aseveraciones.
"Existen numerosas evidencias en las hemerotecas que confirman que la compensación monetaria nunca estuvo en la mente de los confiscadores revolucionarios. Además, todas las decisiones confiscatorias se tomaron en tiempo récord, no hubo convocatorias públicas, ni mesas de negociación. Fue una política de hechos consumados en tiempos de gran inestabilidad institucional. Los sucesos posteriores, provocados por el régimen con su continuo enfrentamiento con Estados Unidos, se encargaron del resto. Nunca existió voluntad alguna de compensar", escribió Amor.
Rechazó también que Washington obstaculizara las compensaciones. "Por otra parte, los acuerdos de compensación con Canadá o España fueron ridículos y tuvieron un alto componente político", indicó el economista.
Puso como ejemplo el caso español. "Algunas de las propiedades expropiadas a españoles, que aún conservaban un elevado valor casi 30 años después de los robos, se pagaron con contenedores de baratijas y artesanías de dudoso valor comercial, y en el mejor de los casos, los pagos que se realizaron con langosta fueron inaprovechables por las pésimas condiciones de envío", señaló.
"Los que firmaron para cobrar, quedaron muy insatisfechos. Además, una parte importante de los expropiados de origen español, los que se habían hecho cubanos, quedaron fuera de los pagos acordados".
Unas 400 familias españolas se han agrupado en los últimos años para solicitar a La Habana, a través de la sociedad 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.