El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles que está evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubanoamericanos reclamar ante cortes de EEUU propiedades que les fueron expropiadas por el Gobierno de Fidel Castro.
En un comunicado, Pompeo dijo que hará una "revisión cuidadosa" del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que dejaría que los estadounidenses, incluidos cubanos nacionalizados, demanden ante la Justicia de EEUU a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución, reportó EFE.
El título III de la ley Helms-Burton, que endureció el embargo a la isla, ha sido suspendido periódicamente desde su creación en 1996 por todos los Gobiernos de EEUU, desde el encabezado por el presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) hasta el actual, liderado por el republicano Donald Trump.
Este jueves se cumplía el plazo que tenía el Ejecutivo de Trump para notificar al Congreso sobre si mantenía o no la suspensión de esa provisión legal.
Pompeo, encargado de tomar esa decisión, explicó este miércoles que mantendrá la suspensión solo durante 45 días, en vez del periodo usual de seis meses, porque desea hacer "una revisión cuidadosa" del título III teniendo en cuenta los "intereses nacionales" de EEUU y el comportamiento del Gobierno cubano.
En concreto, para decidir si activa el título III, Pompeo tendrá en cuenta los "esfuerzos" de EEUU "para acelerar la transición a la democracia en Cuba" y valorará "factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Además, Pompeo examinará el "apoyo indefendible" que, a su juicio, La Habana ofrece a "los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua".
Desde que llegó al poder a principios de 2017, Trump ha endurecido sus sanciones a Venezuela y Nicaragua; y John Bolton, su asesor de seguridad nacional, está muy interesado en aumentar la presión contra estos dos gobiernos y Cuba, a los que ha descrito como una "troika de la tiranía".
La decisión de Pompeo generó alarma en el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la Isla, puesto que la activación del título III podría afectar al intercambio comercial.
En un comunicado, el presidente de ese organismo, John Kavulich, acusó a Pompeo de estar creando "incertidumbre" y "ansiedad".
El movimiento sin precedentes de la administración Trump para acortar la duración de la autoridad de suspensión legal del Título III debe servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los Estados Unidos mediante el tráfico de propiedades confiscadas.
— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) 16 de enero de 2019
Para el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, "el movimiento sin precedentes de la administración Trump para acortar la duración de la autoridad de suspensión legal del Título III debe servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los EEUU mediante el tráfico de propiedades confiscadas".
En un hilo compartido en Twitter Díaz-Balart celebró la decisión tomada este miércoles, la describió como "un paso firme en la dirección correcta" y felicitó a Trump y a Pompeo "por su audaz liderazgo".
Espero continuar trabajando con la Administración para asegurar que los que se benefician del tráfico de bienes robados rindan cuentas, y que las víctimas reciban la justicia que merecen desde hace mucho tiempo.
— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) 16 de enero de 2019
"Espero continuar trabajando con la Administración (Trump) para asegurar que los que se benefician del tráfico de bienes robados rindan cuentas, y que las víctimas reciban la justicia que merecen desde hace mucho tiempo", añadió el político.
En sus dos años en la Casa Blanca, Trump ha restringido los viajes a Cuba, ha reducido su personal diplomático y ha endurecido el embargo con más sanciones a los hoteles de la Isla en manos de los militares.
Además, el mandatario ha reducido el personal de la embajada de EEUU en La Habana y ha cerrado su oficina de asuntos migratorios en la Isla, lo que obliga a los cubanos a tramitar en terceros países los visados que necesitan para viajar a territorio estadounidense.