Solo un año después del inicio de Más Médicos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había sido avisada de que podía tener problemas por la violación de los derechos laborales de los profesionales cubanos que participaban en el programa, del Gobierno brasileño de Dilma Rousseff.
Tras una auditoría interna solicitada en 2014 por la OPS, el Tribunal de Cuentas de España recomendó a la organización internacional, intermediaria en el acuerdo entre La Habana y Brasilia, formular "un plan de contingencia para el proyecto Más Médicos a fin de hacer frente a posibles dictámenes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acerca de la constitucionalidad del proyecto, y del Tribunal de Trabajo del Brasil, acerca del reconocimiento de los derechos laborales de Brasil para los médicos cubanos".
"Este plan de contingencia debe incluir disposiciones para afrontar los riesgos resultantes de esos posibles dictámenes negativos (transporte de los médicos, financiamiento para gastos extraordinarios, obligaciones, etc.)", aconsejó el Tribunal de Cuentas de España en el informe de su auditoría, obtenido por DIARIO DE CUBA.
En una nota de prensa publicada en junio de 2015, la entidad española indicó que realizó dos visitas a los Servicios Centrales de la OPS en Washington D.C. y también visitó las oficinas regionales de la organización en Colombia, Cuba y Brasil.
El Tribunal de Cuentas resaltó la "elevada importancia" de la oficina de Brasil "en relación con el total de fondos administrados por la organización (en 2014 gestionó el 45,33% del total de gastos de la OPS, incluyendo el proyecto Más Médicos, que supuso un desembolso de 707,8 millones de dólares".
En el esquema creado con La Habana y Brasilia para la contratación de trabajadores de salud cubanos que prestaban servicios en Más Médicos, la OPS se quedaba con el 5% de lo que pagaba en salarios el Gobierno de Rousseff. El régimen cubano, por su parte, se quedaba con al menos el 70%.
A las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de España, la OPS respondió que las posibles decisiones negativas de los tribunales brasileños eran "una consideración fundamental del grupo de trabajo responsable de identificar, vigilar y mitigar los riesgos relacionados con el proyecto Más Médicos".
La OPS aseguró que tenía "una colaboración y seguimiento estrechos" con el Ministerio de Salud de Brasil "con respecto a todos los riesgos legales y los casos pendientes".
La venta de servicios profesionales cubanos fue propuesta por la Comercializadora de Servicios Médicos —una opaca Sociedad Anónima cubana— al Gobierno de Dilma Rousseff en 2012, según cables diplomáticos revelados por DIARIO DE CUBA.
La idea de implicar a la OPS fue un subterfugio propuesto por el entonces ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, para evadir al Congreso brasileño, al que habría que haber acudido en caso de acuerdo bilateral, y no inclinar hacia el lado cubano la balanza comercial entre ambos países, cosa que habría sucedido si Brasil pagaba directamente a La Habana por los médicos contratados.
El programa arrancó finalmente en 2013. En el momento en el que La Habana decidió unilateralmente retirar a sus trabajadores de Más Médicos, en noviembre de 2018, prestaban servicio en Brasil 8.471 profesionales de la salud cubanos.
Ese mismo mes, cuatro médicos cubanos —Ramona Matos, Tatiana Carballo, Fidel Cruz y Russela Rivero— que escaparon de Brasil, demandaron judicialmente en Miami a la OPS, por considerar que facilitó una "red de tráfico humano" y de "esclavitud".
"Hay una organización internacional (la OPS), afiliada con las Naciones Unidas, que se convirtió en la principal fuerza para permitir que Cuba exportase a sus ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en un país extranjero", dijo entonces el abogado Samuel J. Dubbin.
