Lavado de dinero, tráfico de drogas, armas… ¿Es esto lo que nos espera en Cuba?

Vidal Romero —jefe del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México— ha dirigido una investigación centrada en cómo un proceso de apertura en Cuba afectaría la seguridad pública y la ilegalidad. ¿De qué manera repercutiría esto en una sociedad y un país marcados por diversos factores, como el alto índice de corrupción, la ubicación geográfica estratégica para las redes del crimen internacional, y la gran necesidad económica de la población?

En este diálogo con DDC, Romero expone algunos riesgos que deberíamos enfrentar en un futuro inmediato.

Señor Romero, usted entiende la necesidad de reformas de liberalización económica y de democratización de la vida política en Cuba. Al mismo tiempo, señala los riesgos que estos pasos podrían acarrear. ¿Puede hablarnos un poco al respecto?

Ciertamente es importante enfatizar la necesidad de que Cuba continúe y profundice las reformas de liberalización económica que emprendió desde 2011, y que inicie la democratización de su vida política. Dicho esto, también es importante entender que los procesos de liberalización están plagados de riesgos y contratiempos, usualmente son momentos de inestabilidad y cambios que alteran el orden de las sociedades. 

En la medida en que tengamos presentes estos riesgos, es que podremos generar acciones que minimicen la incidencia negativa de la liberalización económica (y eventualmente política) sobre la seguridad en Cuba. Esto es muy importante, porque si el proceso de liberalización y democratización incide negativamente en la seguridad, esto impactaría negativamente en el apoyo ciudadano a un régimen más liberal que el actual y muchos añorarían el orden del anterior régimen, lo que dificultaría el proceso de transición y consolidación democrática.

Desmantelar y hacer más eficientes las instituciones del actual Estado cubano, orientándolas más hacia el bienestar de la ciudadanía y menos a los intereses políticos, no es trivial.

¿Cómo ve la situación actual de Cuba en términos de seguridad e ilegalidad? 

Cuba presenta la peculiar combinación de una aceptable seguridad pública (para Latinoamérica) con una rampante ilegalidad (aún para Latinoamérica). Si bien un cubano promedio puede transitar por las calles del país con una probabilidad relativamente baja de ser víctima de un delito, una gran parte de las actividades que ese mismo cubano realiza durante un día típico son ilegales.

Dicha ilegalidad está en buena medida inducida por la regulación estatal, que tiene una lógica política y no económica o social, aunada a una burocracia corrupta e inoperante. Esta ilegalidad se relaciona a la idea del cubano de "resolver". Las circunstancias de Cuba han generado múltiples mercados negros y redes de negocios ilegales que satisfacen distintas necesidades. 

Es muy importante notar que existen pocas estadísticas públicas actualizadas sobre la situación del crimen en los Anuarios Estadísticos que publica el Gobierno cubano. El delito con el que usualmente se compara a los países es el de homicidio. El dato más reciente para Cuba en las estadísticas de la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas es de 2016. No hay datos recientes sobre otros delitos como robo, por ejemplo. Las fuentes de noticias oficiales de Cuba en rara ocasión reportan eventos criminales en la Isla; no tienen (como es común en otros países) una sección de nota roja o policiaca.

También es importante contextualizar el nivel de crimen actual en Cuba. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 2016 es de 5.0, según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Si la comparamos con los países del Caribe o de Centroamérica en 2014 (que es cuando hay datos para el resto de países de la región), es una tasa relativamente baja. Por ejemplo, para ese mismo año en el Caribe, solo Aruba tuvo una tasa inferior a Cuba (1.9 por 5.2 de Cuba); la tasa de República Dominicana fue de 17.4, la de Puerto Rico de 19 y la de Jamaica de 35.1. 

Comparada con sus vecinos en el Continente, Cuba fue en 2016 el país con menor tasa de homicidios (5.0). Nicaragua tuvo una tasa de 7.4, México de 19.3, Belice de 37.6, Honduras de 56.5, e incluso Costa Rica —un país conocido por su orden— tuvo una tasa más alta, 11.9. La tasa para Miami en 2016 fue de 12.2.

Pero si el criterio no es geográfico, sino de tipo de régimen (que es una relación lógica, dado que el tipo de Estado debiera incidir en el orden), entonces el crimen en Cuba no es tan bajo. Entre los países que Freedom House clasificó como no-libres en 2016, Cuba es de los que tiene mayores tasas de homicidio, solo superado por Yemen, Kazajistán y Rusia. La tasa de Cuba se percibe alta si la comparamos, por ejemplo, con China, 0.6, y Vietnam, 1.5 (para 2011, último año disponible), que son algunos de los modelos a seguir para la elite cubana en el Gobierno.

¿Cuáles son los elementos más relevantes que podrían determinar un aumento de los índices delictivos en un contexto liberalizador?

Hay varios elementos presentes o potencialmente presentes en Cuba que ponen en riesgo a esta nación de una escalada de crimen y violencia: una economía precaria, un Estado débil, la existencia de múltiples mercados negros, una arraigada cultura de ilegalidad, jóvenes y empresarios en desventaja para competir en una economía más abierta, y la ubicación estratégica de Cuba para actividades ilegales de las organizaciones criminales de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Si uno considera estos elementos en su conjunto, pareciera inminente un aumento en los índices delictivos conforme Cuba liberaliza su economía (y eventualmente su régimen político), de ahí la importancia y urgencia de tomar medidas concretas que reduzcan el efecto de estas variables.

En Cuba, según las estadísticas que menciona, hay un bajo índice de homicidios. Sin embargo, hay una gran cantidad de armas en manos de un ejército desmesuradamente grande para el tamaño de la población y la extensión del país. ¿Podría significar esto un riesgo de cara al futuro?

Sí. Una de las razones de la baja violencia en tierras cubanas es la muy baja posesión de armas de fuego entre la población. Por los pocos reportes de prensa que existen y relatos de habitantes de la Isla, sabemos que buena parte de los homicidios y de la violencia se ejecuta utilizando cuchillos, machetes, bates, palos o las manos. 

Si bien esto es positivo para la seguridad y la convivencia dentro de Cuba, existe la contraparte de un Estado excesivamente armado. Esta es una característica común a los regímenes autoritarios. El Gobierno cubano parece poner mucha atención a este tema, no por cuestiones de seguridad pública, sino para evitar un derrocamiento por la vía armada.

En un futuro más democrático, esta situación será problemática, ya que es probable que dichas armas (así como la información de inteligencia y seguridad) queden en manos de quienes ahora tienen el poder en Cuba y lo utilicen para estructurar organizaciones criminales. Esto fue lo que sucedió en Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética, y ahora estos países pagan las consecuencias con gobiernos poco democráticos y altos índices de crimen y violencia.

Usted ha señalado los potenciales vínculos entre el actual mercado negro, de extensión nacional, y posibles redes criminales en el futuro…

Ciertamente. Como ya mencioné, en buena parte por la regulación tan restrictiva y la escasez, existen ya en Cuba mercados negros para prácticamente todos los bienes y servicios. La pregunta fundamental en este tema es si una vez que se normalicen las reglas, estos negocios que ahora trafican con bienes inofensivos (como, por ejemplo, azúcar, café, pescado o ropa) desaparecerán y se convertirán en empresas legales, o si mutarán a traficar con bienes ilícitos de alta rentabilidad, como drogas, prostitución, o bienes robados, dado que ya cuentan con la estructura, conexiones y conocimiento para la actividad ilegal. Esta segunda opción pareciera altamente probable.

Más aún, existen múltiples organizaciones criminales en Estados Unidos, México y otros países de la región de las que hay evidencia de que están ya intentando ingresar a hacer negocios en Cuba. Y, aunque no hay evidencia sólida de que a la fecha lo hayan logrado, conforme la entrada a Cuba sea menos restrictiva, es posible que estas organizaciones logren infiltrarse en suelo cubano.

También ve el lavado de dinero y las privatizaciones como áreas de peligro…

Observamos lavado de dinero y privatizaciones fallidas en muchos de los países que han liberalizado sus economías y/o democratizado con condiciones iniciales difíciles, como las de Cuba.

En cuanto al lavado de dinero, es un fenómeno que ya se observa en Cuba de distintas formas. Una forma que probablemente ha existido desde hace ya tiempo, son inversiones extranjeras o de otros gobiernos en suelo cubano con participación gubernamental de capitales de origen dudoso. 

La otra forma es de particulares de otros países que han aprovechado las reformas de apertura económica para invertir dinero de origen ilícito en negocios legales en Cuba. Existen múltiples reportajes en los medios de comunicación sobre cubanos residentes en Miami que huyen a la Isla para evadir a la justicia norteamericana cuando han cometido un acto ilícito. Muchos otros residentes en el extranjero envían a sus familias en Cuba dinero ganado ilícitamente en otros países para que inicien algún negocio como cuentapropistas.

Nótese, sin embargo, que no todas las inversiones de individuos en Cuba son de origen ilícito, pero muchas sí dejan lugar a sospechas. El monto de la inversión que se observa en muchos negocios privados en Cuba, especialmente en zonas turísticas, parece imposible de haber sido acumulado por un cubano en la Isla, dadas las precarias condiciones de los salarios.

En cuanto a las privatizaciones, este fue un tema especialmente problemático en las transiciones de los países del antiguo bloque comunista de Europa del Este y en los procesos de liberalización económica de los países de Latinoamérica en los años 90. El desmantelamiento de las empresas del Estado presenta una gran oportunidad de negocios, el cual puede ser aprovechado (ilícitamente) por los funcionarios del actual régimen. 

El resultado sería una economía poco competitiva, concentrada en unos pocos, sin beneficios para el grueso de la población. Rusia es el mejor ejemplo de cómo puede salir mal un proceso de privatización de las empresas estatales. En el caso de Cuba, las empresas operadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas son un potencial peligro si, en caso de ser privatizadas, terminan como propiedad de los militares del régimen.

Sabemos que el fenómeno de la corrupción socava la democracia. ¿Podría también, en un contexto como el cubano, retrasar o suprimir la llegada de esa democracia?

Ciertamente. La corrupción crea intereses muy fuertes para no dejar el poder, tanto para continuar con la extracción ilícita de rentas, como para evitar ser enjuiciada por actividades ilegales. 

Los procesos de liberalización son una gran oportunidad para el desarrollo económico de las sociedades, pero también son grandes oportunidades para enriquecerse si se tiene la posibilidad de establecer reglas que favorezcan a ciertos grupos sobre otros. Este poder económico se traslada a la política; y entonces el poder político y el económico se entremezclan, lo cual es altamente nocivo para la democracia, especialmente en sus etapas más tempranas de consolidación.

Ha mencionado los principales riesgos para Cuba en términos de seguridad e ilegalidad. ¿Hay otros? Y por último, ¿qué pasos deberían darse ahora y en el futuro para mitigarlos?

Si bien buena parte de las acciones a realizar en un contexto democrático pasarían por el Estado, en el caso de Cuba esto es complicado. Aún así, habría mucho que hacer.

Existen subgrupos de la población que están más en riesgo que otros de caer en la actividad criminal por razones de necesidad y oportunidades. Sobresalen los jóvenes y los afrocubanos. A estas subpoblaciones se deben enfocar apoyos en forma de capacitación empresarial y de integración a actividades económicas.

Otro tema fundamental es modificar la actual cultura de ilegalidad que existe en Cuba. Violar las normas se ha convertido en algo aceptado cuando se trata de necesidad, pero la línea que delimita qué es necesidad y qué no, es borrosa y cada vez más flexible. Las organizaciones de todo tipo que operan en Cuba debieran tener como parte básica de sus funciones cambiar esta forma de pensar. De otra forma será imposible establecer un estado de derecho en Cuba cuando las condiciones del régimen cambien.

Es importante establecer algún sistema de monitoreo sobre la inversión que llega al país. Esto, para alertar sobre el lavado de dinero y sobre una potencial infiltración de las organizaciones criminales de la región en la Isla.

Finalmente, una cuestión necesaria para determinar acciones que mitiguen una escalada de inseguridad, es tener información actualizada. Ya sea a través de redes de informantes locales o con algún tipo de presión sobre el Gobierno, es muy importante conocer qué está pasando en el país en materia de seguridad.