La Dirección Integral de Supervisión (DIS) aplicó hasta noviembre de este año 21.895 multas por un valor de 815.380 pesos (unos 32.000 dólares) para topar los precios de alimentos, según dio a conocer el semanario oficial Escambray.
El Gobierno fijó este año precios máximos a minoristas para una serie de productos agrícolas que se expenden por trabajadores por cuenta propia o de forma estatal.
"Los precios contemplados en la Resolución no se pueden violar por ningún concepto. Los decretos se han impuesto por las afectaciones al consumidor, ya sea porque no se le da la cantidad de producto establecido o por el cobro de más en alimentos que tienen los precios topados. Específicamente, a los trabajadores por cuenta propia se les aplica el Decreto-Ley No. 315, artículo 6, inciso k, el cual contempla multas de hasta 700 pesos por violar los precios establecidos por las autoridades competentes", dijo Deivy Carrera Calderón, jefa de grupo de la DIS.
Asimismo, esta funcionaria explicó que en 2017 "se han decomisado tres masas adulteradas de pesas y se ha llevado ante los tribunales a algunos vendedores transgresores de lo legislado".
Tras el paso del huracán Irma el pasado mes de septiembre el desabastecimiento en general campea en los mercados del país.
El Gobierno ha tomado medidas al respecto. Ha topado precios en algunas provincias como Cienfuegos, donde también ha racionado la venta de productos, así como en Villa Clara o Ciego de Ávila.
Las propias autoridades, incluso, han anunciado que el desabastecimiento de alimentos en algunas localidades se extenderá por meses.
Según la prensa oficial, el ciclón dañó, según datos preliminares, 338.000 hectáreas de cañas, 95.000 hectáreas de cultivo y 466 granjas avícolas.
La estatal Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) informó en noviembre que la producción cubana de alimentos se estancó en el primer semestre de 2017 y podría declinar este año debido a los daños ocasionados por el ciclón.
El sector cuentapropista, eufemismo que usa el Gobierno para evitar la palabra "privado", se encuentra maniatado por las disposiciones estatales y tiene poco margen de desarrollo.
El pasado mes de junio el Gobierno paralizó la entrega de nuevos permisos a cuentapropistas de determinadas actividades bajo el argumento de "irregularidades en los procedimientos". A principios de noviembre volvió a autorizarlos, pero solo "con carácter excepcional durante la etapa de recuperación de la infraestructura turística afectada" tras el huracán Irma y circunscritos a ciertas actividades como construcción y transporte y carga.
El pasado 31 de mayo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el vicepresidente Marino Murillo dejó claro que el Gobierno no permitirá la concentración de la propiedad y de la riqueza aunque se autoricen formas de gestión privadas. En sesión posterior también lo ratificó el general Raúl Castro.
Varios expertos en economía cubana han criticado las políticas económicas de La Habana sobre este particular y especialmente estas últimas disposiciones tomadas para continuar el control sobre el sector privado.
"Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza", lamenta el economista Omar Everleny Pérez.
De acuerdo con datos oficiales, solo en 2016 en la provincia de Santa Clara el Gobierno confiscó bienes a 239 trabajadores del sector privado y les ocupó más de 10.800 artículos de plomería y ferretería, efectos electrodomésticos y 1.123.996 pesos cubanos.