El caso del cubano Orelvis Olivera Amador, que cumple una condena de privación de libertad en EEUU por estafar ocho millones de dólares al Medicare, ha salpicado a allegados en Cuba. Personas con las que estableció negocios en La Habana y Sancti Spíritus para abrir paladares, un hostal y construir viviendas están siendo procesadas por los tribunales de la Isla.
El periódico estatal Escambray ha publicado un extenso reportaje en el que desvela todo los detalles alrededor de la actuación de Olivera y de los presuntos implicados en Cuba.
El cubanoamericano era uno de los titulares de la sucursal Acclaim Home Health Care Inc en la Florida. A través de esta facturó al Medicare ocho millones de dólares por créditos fraudulentos. El programa federal desembolsó alrededor de 7.300.000 a la mencionada entidad por servicios nunca prestados.
Según el medio oficial, la Dirección Nacional de Enfrentamiento a la Delincuencia Internacional, perteneciente al Ministerio del Interior, fue avisado del caso.
Pocas semanas antes de su arresto, Olivera visitó la Isla. No fue la única vez. Desde agosto de 2007 hasta julio de 2014 viajó en 26 oportunidades.
Escambray asegura que aquí "invirtió parte de las ganancias ilegales obtenidas en EEUU, y para ello utilizó como 'presta nombres' a sus familiares más allegados y amistades". Afirma que fueron "piezas claves a la hora de adquirir inmuebles y bienes diversos en la provincia de Sancti Spíritus y en La Habana".
La Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus radicó la causa 138 de 2017 por los supuestos delitos de lavado de activos, evasión fiscal y de falsificación de documentos públicos, entre otros. Este proceso, cuyo juicio oral aún no ha sesionado, incluye 17 acusados, y uno de ellos (Orelvis Olivera Amador) se juzgará en ausencia.
Testimonios, propiedades, fraude eléctrico
Según testimonios de los procesados escuchados en audiencias y de los que da cuenta el periódico local, en La Habana adquirió por 17.000 CUC una vivienda que reparó y convirtió en un lujoso hostal.
Uno de los implicados, que fungía como representante y administrador de las propiedades de Olivera en la capital, reveló a la Policía que los ingresos de ese negocio se depositaban en las cuentas bancarias de la madre de Papo (apodo de Olivera), —la propietaria de la casa en los papeles oficiales—. El resto (alrededor de 3.000 CUC al año) se destinaba a promocionar el negocio en internet, de lo cual se ocupaba un cubano que reside en Canadá.
En Zaza del Medio, localidad espirituana, el cubanoamericano compró dos viviendas contiguas con la ayuda de un hermano. Los dos actos de traspaso consumados ante notarios aún estaban bajo investigación, pero ambos inmuebles ya fueron confiscados.
Las dos casas habían sido demolidas y reconvertidas en vivienda en la planta baja y una paladar en la segunda, administrada por otro familiar, según el periódico
Escambray habla además de "fraude eléctrico". Dice que por ese motivo los inspectores detectaron que se dejaron de facturar en la vivienda de Zaza del Medio y otro apartamento lo correspondiente a 10.164 kilowatts el pasado año. El Estado habría dejado de embolsarse 20.366 pesos.
Asimismo, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) determinó una deuda —pagada con posterioridad— ascendente a 197.694 pesos moneda nacional (CUP) de 2015 a 2016 al familiar de Olivera a cargo de una paladar en su condición de trabajador por cuenta propia. Esta persona realizó, además, la compraventa de viviendas en la ciudad del Yayabo.
'Patrimonio ilegítimo' confiscado
Según el Ministerio de Finanzas y Precios, el patrimonio ilegítimo que confiscó a Olivera asciende a 6.436.942 pesos en moneda nacional; los bienes sujetos al proceso penal están valorados en 1.599.949 y los dejados a los terceros beneficiados para su subsistencia en 65.450 pesos.
El Gobierno se quedó, entre otros bienes, con cuatro viviendas, un auto, una cuenta bancaria ascendente a 4.516 CUC, otras dos en moneda nacional —por un total de 151.228 pesos cubanos—, 4.090 CUC en efectivo y 550 euros.