La Ley de Inversión Extranjera, aprobada en abril de 2014, "no ha revelado todo el dinamismo que podía esperarse". En el presente año las firmas extranjeras "habrán financiado en tal caso unos 510 millones de dólares. Dudas, temores al fantasma del mercado y sordas resistencias internas se adivinan en la dilatación de las negociaciones y en trabas a los empresarios extranjeros para contratar personal y servicios cubanos".
Las citas anteriores vienen del artículo "Amenazas de lentitud", publicado por Ariel Terrero en el diario Granma, que concluye: "Sin prosperidad, el socialismo será siempre una utopía".
Según Ivonne Vertiz Rolo, subdirectora general de Inversión Extranjera del MINCEX, el país necesita de un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5 y el 7% anual. Para lograrlo se requieren tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que exige de un flujo anual de inversión de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (Granma, 12 de diciembre de 2014).
Sin embargo, las restricciones contenidas en el Decreto-Ley 50 de 1982 —en vigencia cuando los subsidios soviéticos permitían mantener una actitud hostil hacia los inversionistas de otras partes del mundo—, y en la Ley 77 de 1995 que conservó, entre otras, la ausencia de garantías y el mal trato a los inversionistas, provocaron que de unas 400 empresas mixtas que llegaron a funcionar en el año 2002, la mitad abandonaron el país.
El efecto de la baja inversión foránea se intentó resolver con el Decreto-Ley de septiembre de 2013, mediante el cual, soslayando la necesidad de cambios estructurales, se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, cuya importancia consiste en que, al ampliarse el Canal de Panamá que permite el paso de megabuques con capacidad aproximada de 13.600 contenedores, se creó la posibilidad de transformar algunos puertos del Caribe en megapuertos.
Entre esos puertos estaba el de Mariel, que al permitir la participación de Cuba en esa cadena de producción y transporte, iba a convertirse en un factor dinamizador de la economía y de atracción a la inversión extranjera. Algo que resultaba imposible sin la solución previa del diferendo con EEUU.
Los magros resultados obtenidos se intentaron corregir luego con una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley 118, cuyo nacimiento se manifestó a lo largo del año 2014.
El 20 de febrero de ese año, en el discurso pronunciado en el XX Congreso de la CTC, Raúl Castro dijo: "Debemos tener en cuenta la imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país, propósito en el que avanzamos con la creación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y en la elaboración de un proyecto de Ley sobre la Inversión Extranjera, que se someterá a la Asamblea Nacional en este mes de marzo".
El 25 de marzo de 2014, Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado del mandatario cubano, recorrió la Terminal de Contenedores de Mariel y al día siguiente impartió una conferencia en el Hotel Nacional, titulada "La experiencia brasilera en la atracción de inversiones, el Estado como inductor, asociado y facilitador", a la que asistieron ministros y altos funcionarios cubanos.
El 1 de marzo de 2014, en una reunión del Consejo de Ministros, se enumeraron varias deficiencias del proceso inversionista: sobreestimación en la planificación anual, insuficiente control, deficiencias en la contratación, uso inadecuado del contrato como herramienta de trabajo, falta de exigencia ante obras mal ejecutadas, incorrecta gestión en las importaciones, indisciplinas tecnológicas, baja productividad y déficit de constructores.
Ausencia de interés de los cubanos
Las deficiencias enumeradas tienen un factor común: la ausencia del interés de los cubanos. Tanto los fracasos ocurridos como los que están por ocurrir mientras no se proceda a una reforma profunda e integral, tienen y tendrán su causa fundamental en que la persona humana no constituye el objetivo fundamental de dichos proyectos, sino que están concebidos como medios para un fin político e ideológico predeterminado por el poder.
Con esos propósitos y antecedentes, ignorando al cubano como sujeto, se preparó la Ley de Inversiones Extranjeras 118 que, a pesar de ser más flexible que las legislaciones precedentes, conservó entre otras las siguientes restricciones:
- Negación del derecho de los cubanos a participar como inversionistas en su país. Se trata de una prohibición que atenta contra los cubanos que viven en la Isla o radican en el exterior; una decisión ideológica contraria a los derechos más elementales que anula el interés de los cubanos por los resultados de la economía y genera sospechas en los inversionistas. Lo peor es que Cuba es el único país de la región donde sus habitantes, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional, carecen de un derecho tan elemental como el de participar en calidad de sujetos en las actividades económicas.
- Prohibición a los cubanos de contratarse libremente como fuerza de trabajo. Una negación de la historia laboral cubana; prueba inequívoca de que los trabajadores cubanos son concebidos como un medio y no como un fin en sí mismo, y que los mismos son alquilados por el Estado en condiciones totalmente desventajosas.
- Ausencia del principio de libertad sindical. Un principio regulado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Cuba es signataria; contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue una de sus promotoras en 1948; además contenida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por Cuba pero no ratificados) y refrendado en la Constitución cubana de 1940 y por tanto, ajeno a la historia de lucha del movimiento obrero cubano.
En la presentación del Proyecto de Ley, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, dijo que la misma: "tiene fuertes implicaciones políticas, ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado Revolucionario". Es decir, según las palabras del ministro, la intención declarada de la Ley es conservar la estatización, una de las causante de la ineficiencia económica.
Detrás de los resultados negativos está la ausencia de las libertades ciudadanas —un factor soslayado por el Gobierno e ignorado por la prensa oficial— sin las cuales será imposible destrabar las fuerzas productivas.
El ministro de Economía y Planificación Ricardo Cabrisas, en la reunión del parlamento cubano el 27 de diciembre de 2016, planteó que la inversión extranjera continúa siendo muy baja. Por tanto, para que la inversión extranjera surta el efecto que Cuba necesita hay que ponerla no solo en correspondencia con las reglas de la economía de mercado, sino en primer lugar, con las libertades y los derechos humanos fundamentales.
Se impone pues, promulgar una nueva Ley o someter la actual a una profunda modificación, en la cual el apellido de "extranjera" debe desaparecer y convertirse simplemente en Ley de Inversiones. Así, aumentaría el monto de las inversiones, foráneas y nacionales, y las "dudas, temores al fantasma del mercado y las sordas resistencias internas"que plantea Ariel Terreroen su artículo de Granma.