El régimen cubano no ha negado hasta ahora la existencia de ataques acústicos contra diplomáticos extranjeros en La Habana. Ha dicho no tener explicación para lo ocurrido y ha mostrado interés en profundizar en una investigación de los hechos, pero ha declarado no tener responsabilidad en ello, pese a que esos ataques han tenido lugar en el territorio nacional y han afectado a personal al cual estaría obligado a ofrecer protección.
Una evasión de responsabilidad de esta clase es lo que ha hecho al Gobierno de EEUU asumir la suya, cerrando de facto la embajada y advirtiendo a sus ciudadanos que no viajen a la Isla.
Ante esto, las autoridades cubanas se han quejado de que "se politice" la situación, como si la relación entre dos gobiernos no fuera siempre primordialmente política. Acostumbradas a imponer sus decisiones sin discusión alguna, para esas autoridades "politizar" es emprender cualquier acción que les resulte inconveniente.
Los funcionarios y las embajadas de EEUU y Canadá en La Habana representan a sus respectivos gobiernos y cualquier ataque contra ellos constituye un escándalo político. Washington ha asumido la obligación de proteger a sus diplomáticos y ciudadanos. La Habana, por el contrario, evade sus obligaciones, no solo con los países afectados, sino con todos los cubanos, para quienes el cierre de la embajada estadounidense resulta una noticia terrible.
Durante más de medio siglo, los cubanos han padecido la militarización del país y la omnímoda presencia de la Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. Ahora, las fallas evidentes de esa vigilancia y trabajo secreto han conseguido malograr una convivencia fluida con el país vecino, donde vive una buena parte de las familias cubanas.
Amén de la falta de libertades y la crisis inducida en que viven, los cubanos tendrán que soportar ahora más dificultades y separaciones familiares. Todo por la irresponsabilidad de un régimen que cada día se revela como un estorbo mayor para el bienestar, la convivencia y el desarrollo nacional.
En el supuesto de que las autoridades habaneras no tengan en verdad explicación para lo sucedido, tendrían, además de que esforzarse en una investigación conjunta con EEUU, que dar garantías de que esos ataques no se repetirán. No solo son responsables por este escándalo político, sino que tienen la responsabilidad de comenzar a dar desde ya pasos para volver a una normalización de las relaciones diplomáticas.