De visita en Madrid el pasado julio, Ricardo Alarcón, entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recomendó al Gobierno español que, al fijar su política hacia Cuba, no pusiera en peligro las empresas españolas con inversión allí.
Alarcón avisó que estos eran tiempos de crisis en los que resultaba imprescindible cuidar las inversiones en el extranjero, y recordó mandatos anteriores del Partido Popular (PP) en los que las aparentes desavenencias políticas (así las calificó) no afectaron las relaciones económicas entre ambos países.
Cuba no era un gran mercado, convino, pero el momento no estaba para perder oportunidades, por pequeñas que fuesen.
Luego de estas advertencias preliminares, llegaron sus consideraciones acerca de lo conveniente de modificar la Posición Común de la Unión Europea (UE) hacia Cuba. El chantaje quedaba claramente planteado: si el PP se empecinaba en mantener aquellas sanciones, no debía esperar buenos tiempos en la Isla para la inversión española.
Meses antes, Argentina había expropiado a la petrolera española Repsol. Bolivia lo había hecho con empresas de Red Eléctrica Española. Cuando Alarcón amenazaba al Gobierno español lo hacía con la fuerza de aquellos países aliados (sin dejar de contar a Venezuela y Ecuador, expropiadores de empresas españolas desde mucho antes). Alarcón tenía detrás suyo la experiencia del régimen cubano en más de medio siglo de desestabilización continental.
Dos semanas después de su comparecencia, murieron Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ángel Carromero, dirigente madrileño de las Nuevas Generaciones del PP que iba al timón, fue pieza inmediatamente cobrada por la policía política. Las autoridades cubanas habían negociado disidentes cubanos presos con el anterior gobierno español, y ahora tratarían con el PP la suerte de uno de sus jóvenes militantes. Fuese de izquierdas o de derechas el ejecutivo español, La Habana siempre le encontraría algún rehén interesante.
Ahora, al chantaje que Alarcón formulara venía a sumarse otro mucho más instrumentable. El caso Carromero resultaba fácil de explotar en los medios. La propaganda del castrismo podría ponerse melodramática y hablar de ofensa nacional e injerencia extranjera. Podría sacar un Gross del joven Carromero o, no menos falsamente, descartar cualquier enjuiciamiento político para centrarse en la pérdida de dos ciudadanos cubanos, cualesquiera que fueran sus ideas políticas.
Al final, la solución adoptada no prescindió del todo del procesamiento político: hubo autoinculpación televisiva del español Carromero y del sueco Modig.
Un pretexto múltiple
Con Ángel Carromero detenido y enjuiciado, la embajada española en La Habana prefirió no invitar a opositores cubanos a la celebración de la fiesta nacional. La UE propuso explorar la posibilidad de un acuerdo bilateral con La Habana, y el secretario de Estado español de Exteriores, Gonzalo de Benito, habló de "una evolución positiva en Cuba". Y, según trascendió, los portavoces del Ejecutivo español, los dirigentes del PP y las delegaciones españolas en Bruselas y Estrasburgo recibieron órdenes de aparcar "las reivindicaciones históricas que se han mantenido para el fin de la dictadura en Cuba, ya que eso supondría volver a estar en tensión con el régimen castrista".
Ángel Carromero constituía el pretexto perfecto. Gracias a él, La Habana daría lecciones de cómo despolitizar un conflicto (esas aparentes desavenencias políticas de las que hablara Ricardo Alarcón) y, con la excusa de un ciudadano suyo metido en justicia kafkiana, Madrid podría anteponer sus intereses económicos a sus principios. (Si se va a ser víctima de un chantaje, mejor recurrir al motivo más loable. La vida o muerte de un joven queda mucho mejor que la marcha del capitalismo español en América.)
Regresado a su país, Carromero valdría para ciertas escaramuzas entre la dirección del PP madrileño y el Gobierno. Héroe según unos y criminal según otros, no ha sido más que un pretexto múltiple. Del régimen castrista, del Gobierno español y de las fuerzas que se mueven dentro del PP.
Cuba, la democracia cubana, fueron un pretexto para él, que viajó hasta allá con el fin de hacer méritos y ascender dentro de su partido. Vuelto de lo terrible, se ha puesto a disposición de la formación política que le garantiza sueldo y carrera. (Él ejemplifica un rasgo de la política española que criticaran recientemente dos figuras del PP —Esperanza Aguirre y Ana Botella—: todos esos jóvenes militantes sin estudios superiores y sin más vida profesional que la que pueda manar de los partidos.)
Dispuesto a suma fidelidad institucional, ¿contará alguna vez lo que de veras ocurrió en aquella carretera? ¿Lo contará de viva voz, luego de haberle confesado a la hija del difunto Payá que no existió accidente ni esas muertes constituyen responsabilidad suya?
Si Carromero hablara se esfumaría la muy débil excusa con que el PP ha pretendido revestir el giro de su política gubernamental hacia Cuba.
Otros rehenes, otras negociaciones
En Santiago de Chile, durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la UE, el ministro español de Asuntos Exteriores García-Margallo sostuvo un encuentro con su homólogo cubano y pudo agradecerle la devolución de Carromero.
Zanjado aquel asunto, podían pasar a otros, así que dialogaron de otras devoluciones y otros rehenes. García-Margallo abogó por la reapertura del Centro Cultural de España en La Habana, mencionó la deuda de Cuba con su país.
Por América continúaban las expropiaciones de empresas españolas (Bolivia nacionalizaba varias filiales de Iberdrola) y de aquella cumbre se esperaba sacar una ley de protección de la inversión extranjera. Sin embargo, la presión de Venezuela consiguió suprimir de la declaración final el párrafo que hablaba del respeto jurídico a las inversiones extranjeras en América Latina.
Hace diez días, Bolivia nacionalizó un par de empresas españolas que administraban los aeropuertos más importantes del país. De la Cumbre de Santiago de Chile salió como presidente de CELAC un experto chantajista: Raúl Castro.