Cinco Relatorías de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionaron al Gobierno cubano por el "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas estatales" en la represión de las protestas pacíficas del pasado 11 de julio.
En una carta dirigida a la representación de La Habana ante el organismo el 3 de agosto pasado, y que permaneció hasta ahora sin hacerse pública en cumplimiento de normas internas del organismo, Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación; Miriam Estrada-Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Tae-Ung Baik, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expusieron sus consideraciones en torno a las alegaciones recibidas sobre lo ocurrido en la Isla.
"Las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar la fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeados periodistas que cubrían la manifestación", apunta el texto, en referencia a hechos ampliamente documentados.
Además, la carta hace referencia a que al día siguiente al 11J Miguel Díaz-Canel dijo que los manifestantes habían "tenido la respuesta que merecían".
"Decenas de personas que se manifestaron han sido detenidas y ya han sido juzgadas y condenadas en procedimientos judiciales sumarios, en los que se han reportado irregularidades como falta de acceso a un abogado y a los medios y al tiempo necesario para preparar una defensa", advierten los funcionarios.
La carta también recuerda que el propio 11J se produjo "un apagón digital de varias horas impidió a la población recibir información sobre la situación en el país. La organización sobre seguridad y derechos digitales NetBlocks confirmó la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba del 11 de julio de 2021, lo cual habría seguido vigente al jueves 15 de julio".
Los relatores advierten que tales interrupciones podría implicar "una violación del derecho de acceso a la información (...). El acceso y uso seguro del internet es crucial para poder ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por ende necesario para una sociedad democrática".
"En ese sentido, deseamos enfatizar que la prohibición de la privación arbitraria de libertad es absoluta y universal y que la detención por el ejercicio pacífico de derechos humanos es considerada como arbitraria. Emitimos este llamamiento para salvaguardar los derechos de los mencionados detenidos, y para protegerlos de daños irreparables, sin perjuicio de cualquier decisión legal posterior", afirman.
"Nos preocupa la respuesta del Gobierno, que ordena a las fuerzas estatales, incluidas las Fuerzas Armadas (FAR), a detener las protestas por todos los medios que consideren necesarios. En este sentido, se recuerda al Estado que 'solo se debería desplegar a agentes del orden capacitados en la vigilancia de las reuniones, en particular sobre las normas pertinentes de derechos humanos, con ese fin. La capacitación debería concienciar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de las personas […] cuando participan en reuniones pacíficas. No se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones, pero si en circunstancias excepcionales y con carácter temporal se despliegan como apoyo, deben haber recibido una capacitación adecuada en materia de derechos humanos y deben cumplir las mismas reglas y normas internacionales que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley'", subrayan.
Los relatores resaltan su preocupación por la "ausencia de protección de las personas que se encontraban manifestándose de manera pacífica y de defensores de derechos humanos en varias ciudades del país, lo cual afecta gravemente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación, y el derecho a defender los derechos humanos. La falta de mecanismos adecuados de participación pública puede impedir la participación política y ciudadana, lo cual puede resultar en un incremento de la polarización y conflictividad social".
Advierten para finalizar que, "de confirmarse las alegaciones que hemos recibido, contravendrían numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos".
"En este sentido, queremos destacar el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo, independiente e imparcial, con las debidas garantías para el derecho a la defensa, el derecho a reunirse y asociarse pacíficamente, el derecho a la participación pública y a la participación política el derecho a la libertad de expresión, incluida la posibilidad de que la prensa informe sobre los acontecimientos sin ser intimidada ni acosada, el derecho del público a recibir esa información y el derecho a defender derechos".
"En este sentido, hacemos especial hincapié en el deber del Estado de no llevar a cabo ninguna detención arbitraria, ni ejercer ninguna forma de violencia contra las personas que se manifestaron de manera pacífica", subrayan, y advierten que cada detención debe ser registrada y el paradero de cada detenido "debe ser revelado, y sus familiares y representantes legales informados de ello".
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD), que compartió el documento, indicó que en los últimos 12 meses ha documentado 525 prisioneros políticos en Cuba, cifra récord para sus reportes sobre el tema.
En octubre de 2020 había documentados 138 presos y condenados políticos, pero desde esa fecha hasta el cierre de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos al listado de la organización.
Asimismo, CPD señaló que de entre los más de 1.500 casos de manifestantes del 11J con medidas de limitación de libertad bajo autos fiscales o sentencias, hay 288 casos aún encarcelados.
Ahora la Bachelet los bota a todos y pal carajo la noticia
Aunque a los Castros y sus herederos nunca le ha importado las condenas o cartas ,es bueno que el mundo sepa de lo que ocurre en Cuba ,dicho por organizaciones internacionales .Si el mundo democratico no quiere ver una guerra civil en Cuba ,Venezuela y Nicaragua debe actuar cuanto antes ,mientras mas tiempo se espere ,mayor sera el derramamineto de sangre ,los pueblos se cansan de la miseria la represion y los abusos,y en caso como el de Cuba que ya suman 62 anos ,una vez que empiece el enfrentamiento violento se le sumara los sentimientos de venganza.El mundo democratico debe intervenir para evitar una matanza innecesaria.No mas mentiras ,PATRIA Y VIDA.
Ese puñadito de mafiosos creen que Cuba es su propiedad. Cuba es de todos los cubanos, independiente de como piense cada uno. Deben irse de una vez a Suráfrica. Allí tienen cuentas bancarias a costa del sudor de los cubanos incluidos a los de la diáspora.
A LA LUCHA A LA LUCHA
LAS VÍCTIMAS SON MUCHAS
PATRIA Y VIDA
VENCEREMOS