El caso José Daniel Ferrer y la aplicación desigual de la ley bajo el castrismo

El pasado 11 de mayo de 2019, en una manifestación a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, el científico y emprendedor Oscar Casanella fue golpeado con brutalidad por militares vestidos de civil y uniformados. Al salir en libertad, tenía una gran herida en su frente, dolores en el cuerpo que duraron semanas, y marcas de sangre seca en su piel y ropas. Fotos y vídeos de los agresores, vestidos de civil y uniformados, fueron tomados aquel día y formaron parte de la documentación que Oscar Casanella presentó al denunciar el hecho, junto con su testimonio, en la Fiscalía del MININT.

Días después, en un documento del que Oscar pudo tomar notas, el fiscal militar Ariel Bergolla afirmaba: "No ha sido posible determinar forma, objeto o acción concreta que le provocase las lesiones, en el vídeo no se aprecian tonfas u objetos en las manos de los agentes, pero sí que fue reducido a la obediencia con el empleo de técnicas y maniobras propias de la actuación policial y no de maltratos ni violencia física".

En un artículo publicado por DIARIO DE CUBA me preguntaba entonces si era por un vídeo que el fiscal militar daba por saciada su inquietud investigativa. Fue así, y Ariel Bergolla recomendaba entonces archivar el caso.

El caso de José Daniel Ferrer y demás miembros de UNPACU

Menos de tres meses después, el primero de octubre de 2019, el líder nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, y los miembros de esa organización Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Sagarra Ferrer fueron apresados en casa de José Daniel sin orden de arresto, y prácticamente desaparecidos hasta el presente.

Para aparentar legalidad en todo este proceso, la fiscal provincial de Santiago de Cuba, Yuleinis Roja Tejeda, emitió un Auto disponiendo, de entre un grupo de medidas cautelares a su disposición, la prisión provisional contra ellos.

El documento tiene como fecha el 7 de octubre de 2019 y en tres cuartillas identifica al conjunto de los incriminados, a la supuesta víctima de un delito que no precisa, llamada Sergio García González, y describe los supuestos hechos.

La sola descripción hecha por la presunta víctima bastó a la fiscal para encerrar a los miembros de la UNPACU. Sin embargo, al fiscal militar Ariel Bergolla el testimonio de Oscar Casanella, acompañado de una significativa prueba documental, no bastó siquiera para llamar a declarar a los acusados.

Las diferencias entre la conducta legal seguida contra militares que se comportan como esbirros y opositores pacíficos a la tiranía castrista queda al descubierto en los detalles de ambos procesos.

Solicitud de cambio de medida cautelar

Las incongruencias en el documento emitido por la fiscal contra José Daniel Ferrer son expuestas con precisión en la "Solicitud de cambio de medida cautelar" presentada por la esposa del opositor, Nelva Ismarays Ortega Tamayo. Redactado por el experimentado abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, exprisionero político y miembro de Cubalex, el documento valora las violaciones, no solo físicas y psicológicas, sino también legales, que caracterizan el proceso.

En ocho cuartillas se exponen las deficiencias del Auto y del proceso contra José Daniel y demás miembros de la UNPACU.

En sus primeros apartados señala la violación a las garantías procesales durante la detención, al irrumpir los agentes en la vivienda de José Daniel Ferrer "sin mostrar al menos una orden de arresto". Informa a la fiscal que el Auto por ella emitido no precisa el delito que se imputa a los detenidos, lo que "coloca a los acusados en total estado de indefensión, vulnerando además las normas del debido proceso". Deduce que el delito imputado sea el de "lesiones graves" por la mención de las mismas, pero señala la ausencia de tales heridas.

En su descripción de los hechos, la fiscal afirma que Sergio García González sufrió las lesiones luego de una golpiza y fue amarrado hasta el día siguiente, cuando "despertó adolorido percatándose que se encontraba atado con una tira de tela de color gris por los brazos y pies a una litera dentro del segundo cuarto del local mencionado [la vivienda de Ferrer], por lo que contó lo acontecido a unos vecinos y se marchó a su morada en el municipio Mayarí, provincial Holguín, lugar donde realizó la correspondiente denuncia".

En la solicitud presentada por la esposa del líder opositor, se pregunta a la fiscal, "pues no lo explica su relato de los hechos, ¿de qué modo se soltó Sergio García González de las amarras o ataduras? ¿Cómo pudo abandonar la vivienda del acusado José Daniel, donde según él estaba cautivo?".

"Si las lesiones, que dice la fiscal (…) recibidas por Sergio García González, son graves con peligro para la vida… ¿Cómo es posible que a la mañana del siguiente día que recibió esas lesiones, Sergio se haya marchado a su morada en el municipio Mayarí, provincia de Holguín, lugar donde realizó la denuncia?", cuestiona la solicitud.

Basado en este particular, en el documento se considera "totalmente inaceptable que las lesiones por él recibidas sean consideradas graves".

En la solicitud presentada por Nelva Ortega se señala la ilegalidad del Auto, pues fue emitido "con infracción de lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal". Se citan los artículos 362 y 363 c), que establecen las actuaciones de la Policía en el primer momento posterior al delito (362), así como el tiempo de que dispone el fiscal para "trasladar las actuaciones al tribunal".

El documento redactado por Ferrer Tamayo denuncia asimismo la omisión de la prueba pericial médica, obligación establecida para los delitos de daños a la integridad física por el Dictamen 343 de 1993 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Ese dictamen precisa que la "clase de lesiones sufrida, según su naturaleza, dada su entidad y posibles secuelas, es elemento determinante para la precisión de la calificación del hecho justiciable y, por ende, de las consecuencias legales del mismo".
 
La prisión provisional como medida cautelar

La solicitud recuerda a la fiscal que tiene a su alcance una serie de medidas cautelares de menor rigor, alternativas a la prisión provisional. Afirma que la prisión provisional quebranta el primero de sus parámetros de aplicación, esto es, la excepcionalidad.

No son pocos los documentos legales emitidos por las instituciones cubanas al respecto. La solicitud a la fiscal menciona el Acuerdo Número 112 de 29 de mayo de 2013 que dispone "cuidar que la medida cautelar de prisión provisional se mantenga o se imponga por los tribunales solo en los asuntos en que resulte estrictamente necesario…".

El proceder seguido contra José Daniel y demás miembros de la UNPACU, concluye el documento antes de solicitar el cambio de medida cautelar, viola la Carta Magna, que en su artículo 94 reconoce el derecho de las personas al debido proceso, así como "acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial en los casos que corresponda".

Abuso e impunidad del Estado

El actuar de las instituciones jurídicas cubanas favorece el abuso y la impunidad del Estado. Si contra Oscar Casanella lo funcional era desconocer la naturaleza de los delitos cometidos, contra José Daniel se trata de difamarlo y desviar la atención de su reclusión hacia sus características como ser humano. El uso de los medios de difusión oficiales para denigrar al líder político ha sido grotesco.

La situación en torno a José Daniel y demás miembros de la UNPACU solo tiene una conclusión posible, su inmediata puesta en libertad y el procesamiento de las autoridades que lo mantienen en su actual estado. Igualmente, la reparación del daño cometido y la solución de los déficits institucionales que impiden a nuestro país convertirse en un Estado de Derecho.

Es un reto tras décadas de impunidad. Pero aquellos que quieren aparecer como decentes a ojos de sus semejantes, no será tuiteando lo contrario de lo que la realidad exhibe que habrán de conseguirlo.