Negar en video a sus líderes a cambio de la excarcelación, nuevo mecanismo del régimen para quebrar a los presos políticos

La organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD) denunció que la Seguridad del Estado está forzando a los activistas cubanos en prisión a hacer grabaciones audiovisuales en las que se desmarcan de sus líderes, como mecanismo para otorgarles la excarcelación.

"Los funcionarios de prisión y la Seguridad del Estado tienen la misión encomendada a nivel nacional por el buró del Partido para hacer claudicar irreversiblemente a los activistas en prisión. Con fuertes torturas, golpizas y aislamientos a niveles no habituales, unidos a tentadoras ofertas si claudican, deben conseguir que acepten realizar una grabación de video comprometedora en la que se confiesen mercenarios y acusen a sus líderes de grupo", indica CPD en un informe.

"Dichas grabaciones serían usadas en su contra, en caso de reanudar su activismo de derechos humanos, para su desprestigio social y para agravar su situación procesal en el futuro. Al mismo tiempo, les ofrecerían la libertad condicional, aún bajo gravísimas amenazas de crearles causas muy longevas, 'dejándoles' trabajar, o incluso consiguiéndoles algún trabajo por cuenta del Estado. En otros casos la 'tentadora' oferta sería facilitarles la expatriación de por vida a Estados Unidos", agrega.

CPD habría comprobado la consumación de ese mecanismo de tortura con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yordanis Labrada Téllez, Alien Muchulí Montoya y Luis Ángel Leyva Domínguez, así como con Yulisneis Richard Viel.

Según el reporte, por negarse a ceder a la presión, a Maikel Mediaceja Ramos le impusieron otros ocho meses de prisión, que se suman a la sentencia que ya cumple, mientras que Noslén Ayala García ha sido también sancionado mientras está encarcelado, por lo que deberá estar hasta 17 años encerrado.

"Los casos de Maikel y Noslén son utilizados de ejemplo por la Seguridad del Estado, de forma explícita, ante el resto de los convictos de conciencia. Son dos casos que están siendo utilizados para aumentar el nivel de efectividad de las amenazas y torturas sobre los activistas que aún no claudican", afirma Prisoners Defenders.

El informe también denuncia que a Pablo Moya Delá, convicto de conciencia con un delicado estado de salud y que tiene una grave hipertensión, sus carceleros lo llevan a celdas de castigo "cuando le sube la presión, provocándole temor por su vida, como parte de una tortura con el objetivo de que se pliegue a las exigencias de la Seguridad del Estado".

No solo a reclusos hombres se dirige la táctica represiva. La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz "sufre todo tipo de situaciones de tortura psicológica, aislamientos en celdas de castigo, incomunicación familiar, alejamiento de su hogar más de 600 km y tratos inhumanos con la propuesta, en su caso, de darle todo tipo de facilidades para hacerla salir del país expatriada junto con el marido, a lo que no ha accedido según nuestras informaciones", indica el colectivo.

CPD afirmó que en los últimos 13 meses entraron a su lista de presos y condenados políticos en Cuba 181 personas. Si bien 2020 comenzó con 126 presos y condenados por esa causa, hasta la fecha se han sumado 55 nuevos casos, por lo que la cifra actual es de 137 presos y condenados políticos.

En el mismo periodo han salido de prisión 44 personas, la gran mayoría "por cumplimientos íntegros de las condenas y, excepcionalmente, por otros motivos (cambios de medida provisional, fianzas y otros)", detalla el informe.

"No hay ni indultos ni rectificaciones de condena en ninguno de los 181 casos, a pesar de las decenas de denuncias por parte de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la CIDH. En excepciones, sí hemos hallado modificaciones de medida, pero bajo fuertes amenazas y condiciones (...) y con posterioridad a procesos de tortura y chantajes que ameritan sobradamente como crímenes de lesa humanidad".

"La Seguridad del Estado, así, se asegura que la condena sigue activa y siguen los condenados a su merced, con el objetivo de que la amenaza de volver a prisión siga activa, amenaza que sí ejecutan a menudo", advierten. 

El objetivo de esta táctica sería, según CPD, "poder presentar un menor número de convictos de conciencia en prisión" a la Administración de Estados Unidos y a la Unión Europea.

"Al mismo tiempo, con el objetivo de ingresar menos presos políticos al servicio de la cortina de humo, están dedicando muchos más recursos en realizar cercos policiales en las casas de los activistas, impidiendo la salida de éstos con detenciones arbitrarias sistemáticas de corta duración, con o sin violencia y sin la incoación de causas procesales. Con ello se consigue la inactivación de su accionar prodemocrático, al tiempo que se busca rebajar la cifra de ingresos en prisión", indica el informe.