¿Tiene sentido hoy una recogida de firmas para promover una reforma constitucional en Cuba?

Al amparo del Artículo 227 de la Constitución, que reconoce a la ciudadanía el derecho de promover cambios a la Carta Magna, la plataforma Cuba Plural reúne firmas para solicitar una reforma constitucional. De las 50.000 necesarias, hasta el 2 de septiembre había recogido casi 30.300, según sus responsables.

Pero el propio artículo constitucional que reconoce el derecho a la reforma señala que "la ley establece el procedimiento, los requisitos y garantías para su solicitud y realización". Tal ley no existe ni está prevista dentro del cronograma legislativo cubano, anunciado hasta 2028.

¿Pasaron por alto este detalle los integrantes de la plataforma Cuba Plural? ¿Tienen alguna alternativa para el caso de que la Asamblea Nacional les responda que aún no existe la ley para ejercer dicho derecho constitucional?

El politólogo Manuel Cuesta Morúa, integrante de Cuba Plural, reconocIó en conversación con DIARIO DE CUBA que el artículo constitucional remite a una ley que no existe, pero eso ocurre "desde el Proyecto Varela, que se basó en el Artículo 88 de la Constitución de 1976".

No había una ley propiamente que regulara el proceso de recogida de firmas liderado entonces por el fallecido opositor Oswaldo Payá. Esto le permitió al Gobierno sacarse una especie de reglamento de la Asamblea Nacional de bajo la manga a última hora, para obstaculizar el avance de la propuesta, presentada al legislativo cubano con el respaldo de 11.200 firmas en 2002.

En el calendario legislativo actual sí está prevista, para octubre de este año, la aprobación de una ley para la reclamación ante los tribunales de los derechos constitucionales. Es curioso que el Gobierno establezca una ley de reclamación y no una que regule al propio derecho. Probablemente las autoridades dejen en una nebulosa el proceso de legislar los artículos referidos a los derechos ciudadanos de recoger firmas y actúen según las directrices que puedan venir en su momento de la Asamblea Nacional, para no revelar frente la ciudadanía todos los requisitos. Cuando se establecen requisitos claros se le da certidumbre a la ley y al derecho.

Son los hechos los que crean derechos

Cuesta Morúa afirma que Cuba Plural ha tenido en cuenta la ausencia de la ley, "pero en un sentido positivo".

Como saben los constitucionalistas, son los hechos los que crean derechos. El Gobierno ya ha actuado así, explica el politólogo y líder opositor. En los noventa, el dólar estaba circulando, aunque el Gobierno lo sancionaba. La realidad se impuso y llevó a las autoridades a reconocer en el derecho lo que ya era un hecho. Así sucedió con el trabajo por cuenta propia, con internet, enumera. Es la presión por la demanda lo que obliga al Gobierno a legislar a favor o para regular. A su juicio, a veces es mejor que el Gobierno no legisle, porque al hacerlo controla con más fuerza.

Para Cuesta Morúa, "que no se legisle ahora es una mayor garantía de impulso social a la recogida de firmas, porque la ausencia de la legislación y la presencia del derecho le da mucha más confianza a la gente de participar". De lo contrario tendrían que explicarle a la ciudadanía "cómo atravesar los vericuetos de una regulación establecida en la ley para que su acción cívica tenga sentido".

Hay un proceso que permite exigir cada 60 días a las autoridades la respuesta a las quejas o los petitorios

Sobre las alternativas a un intento de la Asamblea Nacional de refugiarse en la inexistencia de la ley, Cuesta Morúa asegura que "las están dando las propias autoridades".

"En la medida que no se legisla una ley nueva, siguen en vigor las leyes anteriores", señala. "Solo faltaría su adecuación a la nueva Constitución. Hay un proceso que permite exigir cada 60 días a las autoridades la respuesta a las quejas o los petitorios, o en este caso la demanda de reforma constitucional. Nosotros ya estamos construyendo herramientas legislativas a partir de la legislación existente y en espera de esta que debe aprobarse en octubre, aunque todo el calendario legislativo se atrasará".

"Esperaríamos a que saliera esta ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales para exigir a las autoridades que respondan a nuestra demanda, como corresponde a la legislación todavía vigente y a lo que resulte de esta legislación", precisa el politólogo.

Una "tensión" entre el Gobierno, el Partido y los ciudadanos en la Constitución

"Si construimos un escenario de demanda social poderoso, el Gobierno no podrá obviarlo”, sostiene Cuesta Morúa. Por eso la plataforma confía en que el proceso avance y anima a la gente a participar, resaltando que esta es una iniciativa ciudadana y los ciudadanos tienen el derecho legítimo de cambiar la realidad del país a través de un proceso legislativo o de una reforma constitucional.

Más allá de la cuestión legal, Cuesta Morúa explica que está el hecho político, que consiste en revelar e intentar resolver la tensión que se da en la Constitución: "¿Quién es la fuente de soberanía del país, o el Gobierno y su Partido Comunista o los ciudadanos?"

"Es un hecho político importante que estamos poniendo sobre el escenario social de manera legítima y legal, para ir construyendo minorías políticas legítimamente reconocidas al interior de Cuba", considera.

"Si la cifra constitucional es 50.000 firmas, nosotros aspiramos a llegar a una cifra política, que es el número de ciudadanos dentro y fuera de Cuba identificados con la demanda de reforma constitucional que responda a los intereses ciudadanos y abra la puerta al proceso de democratización desde abajo", agrega.

Cuesta Morúa reconoce que el coronavirus frena la recogida de firmas físicas, pues le sirve de pretexto al Gobierno para controlar la movilidad ciudadana e intentar detener la recogida. Dos de los participantes más activos en la recogida están presos: Adrián Coronó, pendiente de juicio por presunto "atentado", y Ángel Castro, condenado sumariamente el 4 de septiembre.

Sin embargo, muchos cubanos han firmado la página de la plataforma en Change.org, pese a los altos precios de internet en Cuba, los problemas de conexión y de que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente.

Aunque las firmas de quienes viven en el extranjero son bienvenidas, a efectos legales solo tendrán valor las de aquellas personas que conservan la residencia en Cuba, aunque residan fuera.

El Gobierno frustró el intento anterior de promover una reforma al amparo de la propia Constitución. ¿Vale la pena continuar buscando un cambio en Cuba por la vía legal?

"El Proyecto Varela es para nosotros todo un legado", declara Cuesta Morúa y lo describe como "la primera piedra en el templo constitucional de la ciudadanía". Aunque afirma que la presente demanda es continuidad de aquella, enumera seis elementos que diferencian el contexto actual del de entonces.

El primero es que, en el momento actual, el Gobierno ha intentado vender una imagen institucional y constitucional. "Cuando el Proyecto Varela, nadie se acordaba de la Constitución, ni siquiera el Gobierno. Era un Gobierno personalista, con una lógica revolucionaria de la improvisación, al que no le interesaba el proceso constitucional ni legal", afirma.

"Hoy es distinto, aunque solo como imagen por parte de las autoridades, pero eso establece nuevos desafíos para el Gobierno si decide violar masivamente una ley y una propuesta masivamente apoyada por la ciudadanía. Esa tensión entre las acciones del Gobierno y la imagen creo que permite un juego político distinto al que teníamos como posibilidad en la época en que se impulsó el Proyecto Varela", opina Cuesta Morúa.

Aunque aún no hay una conciencia constitucional y legal, "ya se apunta desde la ciudadanía a una cultura del derecho y las instituciones en una época en que, y este es el tercer elemento, los ciudadanos ya se ven más frente al Estado que en la época del Proyecto Varela", agrega.

"Todavía entonces, los ciudadanos parecían el Estado. No éramos ciudadanos, sino revolucionarios; en el sentido político éramos meramente súbditos. Las mayorías sociales se veían acompañando al Estado en su acción política y social. Ahora los ciudadanos se ven por un lado y el Estado va por otro. Eso crea una mayor disposición de la sociedad, si se les explica bien, para participar en procesos de cambio".

"El abismo Estado-sociedad es cada vez más amplio. La voluntad de las autoridades de alimentar solamente el poder no ha hecho más que alimentar del otro lado el malestar y las demandas sociales", apunta.

Como cuarto elemento, Cuesta Morúa menciona que "ya hay, si no una sociedad civil más articulada, sí hay demandas más articuladas desde la sociedad civil".

"No hace mucho, desde la comunidad LGBT ya hubo el intento de recoger 50.000 firmas para impulsar una ley más coherente en relación con sus derechos", ejemplifica. Además, "se han presentado propuestas sobre el tema de género. Un grupo de cineastas presentó hace algún tiempo una propuesta de ley de cine. El Gobierno no hizo ningún caso, pero a lo que voy es a la conciencia de autonomía dentro de la sociedad civil para hacer de tipo legal o constitucional".

La legitimidad improbable del Gobierno

Cuando el Estado ha tratado de imponer determinados decretos, como el 349 en el sector de la cultura, la reacción desde la sociedad fue importante. Hay un escenario de demandas más articulado que en la época del Proyecto Varela, resalta Cuesta Morúa.

"El quinto elemento es lo que yo llamo la 'legitimidad improbable' de este Gobierno. Heredan el poder, pero ni hicieron la revolución ni han sido electos".

"De hecho, el artículo de la Constitución que da la hegemonía al Partido Comunista y la irreversibilidad de lo que ellos llaman el socialismo no fue puesto a discusión, porque sabían que abrir a discusión esa nuez de la hegemonía del PCC sobre la sociedad, les quitaría legitimidad porque la gente iba a plantear, lo que plantearon de todas formas, aunque no se discutió: la necesidad de elegir directamente a los que administran o gobiernan a todas las instancias de supuesto mandato popular", recuerda.

El Gobierno tendrá que rendir cuentas a partir sus propios compromisos constitucionales e internacionales

La nueva Constitución, que fue impuesta, generó cierta conversación a nivel nacional e internacional y ayudó a acelerar el proceso de más cultura legal y constitucional en la sociedad cubana. Sin esa reforma constitucional ese proceso habría sido mucho más lento.

El sexto elemento por el que Cuesta Morúa cree que vale la pena continuar buscando un cambio en Cuba por la vía legal es el contexto internacional.

El Gobierno cubano abrió un proceso de diálogo político con la Unión Europea, que contempla temas de derechos civiles y políticos. Es otro nivel de exigencia, porque el Gobierno tendrá que rendir cuentas a partir sus propios compromisos constitucionales e internacionales.

Cuesta Morúa reconoce que la presencia de condiciones necesarias o suficientes no es la garantía del éxito de ninguna propuesta. Pero está seguro de que "en cualquier momento o cualquier escenario que se desenlace el proceso político cubano, hay que pasar por la Constitución".