El Gobierno cubano pone bajo siete llaves la información oficial

El Consejo de Estado cubano aprobó un Decreto-Ley para organizar el sistema de información de todas las estructuras del Gobierno que asegura el control absoluto sobre aquello que se difunde públicamente en torno a su gestión.

La normativa, además, contiene un acápite especial dedicado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT).

El Decreto-Ley número 6, publicado en La Gaceta Oficial del 30 de julio, propone los conceptos generales con que funcionará en lo adelante el Sistema Nacional Estadístico y los Sistemas de Información institucionales que lo componen.

Además, dispone el control y la fiscalización de la información oficial, así como los elementos organizativos que aseguran su administración.

En lo adelante, el Sistema de Información del Gobierno estará dirigido por el primer ministro, quien puede delegar esa responsabilidad en un viceprimer ministro, y coordinará el funcionamiento de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El Sistema de Información, asegura el texto del nuevo Decreto-Ley, se aplica a todos los organismos del Estado, las empresas estatales y formas de propiedad privada, las empresas de capital mixto y extranjeras en Cuba y las organizaciones de masas, pero "tiene alcance, además, a las personas naturales y a los hogares, que son importantes fuentes y destinatarios de la información del Gobierno, los cuales contraen derechos y obligaciones a estos efectos".

Según el texto, ese sistema se organiza "para satisfacer las necesidades informativas relacionadas con los objetivos y planes del Gobierno en todos los niveles, de la sociedad y el ciudadano, en los ámbitos económico, social, demográfico, geográfico, medioambiental, de funcionamiento de sus órganos y en otros que se decida, así como para la toma de decisiones, el diseño y seguimiento de las políticas públicas que aseguran el desarrollo económico y social del país".

Sin embargo, el Decreto-Ley contiene una Disposición Especial Única que faculta a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior "para adecuar, en lo que resulte necesario, la aplicación de las disposiciones establecidas (...) en correspondencia con las características estructurales y funciones propias de dichos ministerios".

Esa indicación convierte en ley que, como ha sido hasta el momento, la disponibilidad de información pública acerca de ambas estructuras siga siendo casi inexistente, y que la rendición de cuentas de su gestión sea discrecional y sujeta a la decisión de sus dirigentes.

Asimismo, el Artículo 40 de la disposición faculta a los "jefes de los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, administraciones locales del Poder Popular, entidades nacionales y organizaciones superiores de dirección empresarial" para "autorizar la difusión de la información de interés".

Ello garantiza que el acceso a la información del Estado y Gobierno por parte de la prensa y los medios de comunicación en general siga siendo complicada, situación de la que se han quejado en múltiples ocasiones los propios periodistas oficiales. Ante ello, los dirigentes cubanos han llamado frecuentemente a las estructuras estatales a ser "más transparentes".

La ONEI, que tiene a su cargo la difusión de la información estadística de carácter oficial es la destinataria de las solicitudes de información, por escrito y de forma oficial, de cualquier interesado en cifras y datos concretos. A partir de esa petición, la dependencia decidirá si autoriza o no "su divulgación ulterior por el usuario".

"En tal caso, la Oficina Nacional de Estadística e Información y sus representaciones territoriales suscriben con los usuarios los acuerdos de protección y confidencialidad de las fuentes de información, así como los términos que acotan la difusión", precisa el Decreto-Ley.

El Gobierno cubano ha sido cuestionado históricamente tanto por organismos internacionales como por gobiernos e inversionistas extranjeros debido a la escasez de información estadística, sobre todo de tipo económico, y por el secretismo que impera en torno a temas tan sensibles para la sociedad como el índice real de feminicidios o de emigrantes, por poner dos ejemplos.

Pero el nuevo Decreto-Ley convierte en disposición de generalizado cumplimiento el manejo opaco y la reserva en torno a cuestiones que deberían ser de dominio público.