Una doctora jamaicana denuncia espías y separación familiar forzosa en la Brigada Médica Cubana

El fin del acuerdo bilateral entre los gobiernos de Jamaica y Cuba para la contratación de personal médico cubano ha destapado décadas de control interno, vigilancia encubierta y prácticas laborales cuestionables que hasta ahora habían permanecido invisibles para la opinión pública. La cancelación del convenio, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores jamaicano el 5 de marzo, se atribuyó oficialmente a violaciones del derecho laboral, incluida la confiscación de pasaportes y el manejo irregular de los salarios.

La doctora jamaicana Cheryl Morgan, hoy residente en EEUU y que en su tiempo como enfermera trabajó directamente con las brigadas médicas cubanas, relató en una entrevista con Jamaica Observer: "Era conocimiento general en el sector de la salud, especialmente entre quienes trabajábamos con los cubanos, que muchos fueron enviados contra su voluntad y arrancados de sus familias". Agregó: "Algunos lloraban durante meses por extrañar a sus esposas o esposos. Una vez que llegaron a Jamaica, sus documentos de viaje fueron confiscados por uno de los líderes de su grupo, quien también era enfermero".

Morgan subrayó la constante sensación de vigilancia: "Ellos actuaban como si todos fueran espías porque no sabían quién realmente lo era… El espía reportaba cualquier acto inusual a Cuba, y quien se desviaba de las normas podía ser enviado de regreso y castigado". Esta dinámica generaba miedo y presión psicológica en un entorno laboral ya exigente, observó.

El tema de los salarios también fue un factor clave. Aunque los cubanos percibían ingresos superiores a los de sus colegas jamaicanos, "el salario no se pagaba directamente a los trabajadores, sino a Cuba, que luego liberaba un pequeño porcentaje. Por eso muchos tenían que trabajar horas extra 'por debajo de la mesa'". Investigaciones muestran que Jamaica transfería los pagos en dólares estadounidenses al Gobierno cubano, mientras que la misión médica pagaba a sus profesionales en dólares jamaicanos y retenía hasta el 50 % de los ingresos. La tasa de cambio era fijada por las autoridades de Cuba, lo que reducía significativamente el ingreso real de los profesionales y generaba un claro riesgo de violación de derechos laborales y humanos.

El Gobierno de Jamaica defendió la cancelación del acuerdo, explicando que, aunque los salarios se calculaban al mismo nivel que los de los profesionales locales, la falta de pagos directos y la ausencia de cláusulas claras sobre la proporción que debía recibir cada trabajador generaban dudas legales sobre la legislación laboral y fiscal jamaicana, así como sobre las convenciones internacionales del trabajo. Según los documentos internos de la misión revelados por una investigación periodística, los médicos cubanos recibían entre 1.400 y 2.100 dólares mensuales, pero después de transferir el 50% a la brigada y descontar complementos por vivienda, alimentación y transporte, el ingreso efectivo máximo era de apenas 1.050 dólares mensuales.

El impacto humano también fue subrayado por Morgan: "Muchos de los cubanos que llegaron a Jamaica no regresaron. Se casaron con jamaicanos, obtuvieron la ciudadanía y trabajan en el sector privado. Una vez que experimentan la libertad, no quieren volver a Cuba. La vida que llevan ahora es la misma que disfrutan los jamaicanos que migran a Estados Unidos u otros países".

La doctora también señaló la presión de Estados Unidos para poner fin a estos programas, que durante los últimos siete años ha sido descrito como trabajo forzoso y tráfico de personas en el Informe anual sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado. En febrero de 2025, el Departamento de Estado advirtió que podría revocar visas a funcionarios de países que contrataran médicos cubanos bajo condiciones de trabajo forzoso. Durante su visita a Jamaica, días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las brigadas cubanas de trabajo forzoso y señaló la práctica de retener pasaportes y limitar ingresos. Esto precipitó decisiones inmediatas de la misión cubana sobre la devolución de documentos a su personal sanitario y conllevó la admisión, por primera vez, de que las autoridades a veces retiraban los documentos a su personal. La Habana dijo que se hacía para que los documentos "no se extraviaran". La doctora explicó que, aunque Jamaica podría contratar directamente a los médicos cubanos, ello implicaría negociar con La Habana y lidiar con la presión estadounidense, dejando a las autoridades locales en una posición ética y práctica muy delicada. El gobierno jamaicano propuso contratar de forma independiente a los galenos cubanos, pero La Habana respondió retirando su personal.

El cierre del acuerdo formal, gestionado por la estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, generó instrucciones de la misión cubana de "no firmar ningún documento" a los profesionales que buscaban ser contratados de forma independiente, así como llamados a "mantenerse en calma" ante posibles evacuaciones. Pese a esto, Jamaica aseguró que continuaría pagando los salarios de los colaboradores y que el Ministerio de Salud podía contratarlos directamente mientras se gestionaba la transición.

El contexto regional amplía la relevancia de estas denuncias. Desde 2025, más de 11 países han cancelado o modificado los acuerdos de prestación médica con Cuba, citando irregularidades en el pago de salarios, la retención de documentos y el control excesivo de la misión sobre los profesionales. Honduras, por ejemplo, inició auditorías internas tras denuncias de opacidad salarial y de la presencia de "falsos médicos" en la brigada cubana que abandonó el país. Dominica, por su parte, optó por contratos directos con médicos cubanos, eliminando la intermediación estatal de La Habana.

En Jamaica, la decisión de terminar el acuerdo se fundamentó en la imposibilidad de renovar el convenio bajo términos que garantizaran el cumplimiento de la legislación doméstica y de las convenciones internacionales del trabajo. La cancillería jamaicana explicó que el personal cubano no tenía en su poder sus propios pasaportes y que los pagos a los médicos se efectuaban a través de Cuba, no directamente a los profesionales, lo que planteaba serias dudas legales.

Morgan resumió el programa como "una espada de doble filo": "Cuba ayuda, sí, pero también controla y explota a sus profesionales. La vigilancia interna, los espías y la retención de documentos no deberían formar parte de un programa médico internacional".

Sus declaraciones se suman a una ola de cuestionamientos en los medios de prensa de la nación anglófona. Recientemente, en el espacio Nationwide 90FM, se detallaron los hallazgos del informe de Archivo Cuba titulado "La misión internacionalista de Cuba en Jamaica: una colaboración preocupante", en el que se exponen los contratos que regían el empleo y el pago de los médicos cubanos. Los panelistas, citando el informe, cuestionaron la transparencia y legalidad de un sistema que favorecía el control de la misión sobre los profesionales y su economía personal, mientras estos contribuían a aliviar la crisis sanitaria.

El informe documenta que estas prácticas se producen desde hace décadas y que los contratos entre La Habana y Kingston reconocen la autoridad de los representantes cubanos sobre sus ciudadanos en suelo jamaicano, incluyendo sanciones en caso de "deserción" y prohibiciones de contratación fuera del acuerdo.

Aunque Jamaica declaró que recién detectó irregularidades en pasaportes y pagos indirectos, los periodistas interpelaron al gobierno a partir de la evidencia del informe: ¿qué sabía el Gobierno de Jamaica desde los años 70 sobre estas condiciones restrictivas y explotadoras, y por qué no actuó para proteger los derechos de los profesionales?