Cuba y la arquitectura del tránsito

El conflicto cubano contemporáneo, que define la escena política de la Isla se comprende mejor si distinguimos dos diferendos de naturaleza distinta, pero de dinámica simultánea: el primero, de carácter sistémico, opone al régimen cubano a su ciudadanía, derivado del modelo de exclusión política en que se ha organizado la gobernanza nacional; el segundo, enfrenta al mismo régimen con EEUU.

Frecuentemente ambos han sido analizados por separado. De esa escisión surgió la tesis que planteaba la posibilidad de una normalización económica entre Washington y La Habana sin una transformación sustancial e inmediata del sistema político cubano. Esa tesis vertebró el deshielo durante la Administración Obama. Hoy tal distinción resulta difícilmente sostenible.

La hipótesis según la cual la apertura económica conduciría gradualmente a una liberalización política, ha chocado con la ausencia de garantías para la inversión y el emprendimiento. Donde no existe un Estado de Derecho —con independencia entre poderes, protección efectiva de la propiedad y acceso a instancias imparciales de resolución de disputas—, no puede haber seguridad jurídica. "Sin cambios profundos en Cuba que incluyan instituciones democráticas y pleno respeto por el capital y los derechos humanos, es difícil imaginar a los inversores haciendo cola", afirmó para Bloomberg el promotor inmobiliario Jorge Pérez.

En este contexto, cualquier intento de reforma que no contemple una transformación sustancial del régimen político enfrenta un problema central de credibilidad y queda expuesto a la reversión, como demuestran los ciclos de aperturas parciales seguidos de cierres abruptos.

La dinámica actual sugiere que el diferendo con mayores posibilidades de encontrar algún cauce de resolución podría ser el externo, el que involucra a Cuba y EEUU. Más allá de la retórica oficial, resulta plausible un escenario de negociación bajo presión, impulsado desde Washington por la Administración Trump. No se trata aquí de emitir juicios de valor, sino de identificar, en términos analíticos, los vectores de mayor probabilidad.

Ese conflicto bilateral encuentra su codificación más notable en la Ley Helms-Burton, cuyo alcance trasciende el régimen de sanciones. Dicha legislación no solo estructura mecanismos de presión, sino que también define parámetros para la eventual asistencia a un Gobierno democrático en Cuba. En este punto emerge una convergencia significativa: las condiciones que la Ley vincula al levantamiento definitivo de sanciones —elecciones libres, pluralismo político, respeto a los derechos humanos y reformas económicas sustantivas—, coinciden en gran medida con las demandas autónomas de amplios sectores de la ciudadanía cubana.

Desde esta perspectiva, el tránsito hacia un régimen democrático no solamente resolvería el diferendo externo, sino también el interno. Al mismo tiempo, permitiría consolidar un marco institucional creíble ante inversores y, no menos relevante, facilitaría el acceso a asistencia capaz de atender las urgencias sociales del pueblo cubano. La democratización operaría como un mecanismo de estabilización simultánea, tanto en la inserción internacional como en la recomposición de su propio tejido social.

La cuestión decisiva es cómo funcionaría la mecánica del tránsito. Muchos procesos de cambio en regímenes autoritarios surgen de dinámicas complejas en las que sectores del propio sistema participan, sea por cálculo estratégico, agotamiento estructural o presión. Un ejemplo es Venezuela: bajo una intensa presión externa, combinada con fracturas internas en la elite gubernamental, han emergido reformas. En el caso cubano, si existiera una presión (que presumiblemente vendrá del exterior) capaz de neutralizar de facto el sistema de exclusión política, podría abrirse una brecha para iniciar reformas desde el propio marco institucional del régimen.

Dentro del rígido diseño normativo cubano, la Ley Electoral contiene disposiciones que, en un contexto de transición como el descrito, podrían ser objeto de reinterpretación funcional. El principal mecanismo de blindaje del sistema reside en las comisiones de candidaturas, cuya práctica ha operado como filtro para impedir la competencia real y el acceso de figuras críticas y de oposición al entramado político. A ello se suma la exclusión de la diáspora mediante requisitos de residencia que restringen el universo electoral.

No obstante, neutralizada por presión la lógica excluyente, ese mismo marco jurídico podría convertirse en plataforma de reconfiguración institucional. La clave no radicaría en la sustitución inmediata del orden legal, sino en su utilización como vehículo de transformación. Un proceso electoral al Parlamento, bajo prácticas sustantivamente distintas, funcionaría como punto de entrada a un sistema hasta ahora hermético. Las comisiones de candidaturas podrían ser designadas por una autoridad transicional; los aspirantes accederían a los medios masivos de comunicación y se habilitaría la competencia política efectiva, lo que generaría un espacio inédito para la reconstrucción del tejido cívico.

La elección de una nueva Asamblea Nacional, único órgano con potestad legislativa y constituyente plena según la propia Constitución, desempeñaría entonces un papel central, puesto que operaría como mecanismo de legalización y legitimación del cambio. Desde esa posición, impulsaría el desmontaje del régimen con la eliminación del monopolio político del Partido Comunista, liberación de presos políticos, reconocimiento de derechos ciudadanos, rediseño constitucional, establecimiento de garantías jurídicas para la libre empresa y protección de la propiedad, etc.

Aunque este itinerario no garantiza automáticamente la consolidación democrática, sí podría materializar una convergencia objetiva —si bien motivada por lógicas distintas— entre las aspiraciones cívicas de amplios sectores de la ciudadanía cubana y los incentivos estratégicos del Gobierno estadounidense para el cese de sanciones económicas.

Desde una perspectiva ideal, es deseable la emergencia de una fuerza interna capaz de generar por sí sola la presión suficiente para neutralizar el sistema. Sin embargo, como se señaló anteriormente, tal hipótesis no parece plausible en el momento actual. La variable que emerge con capacidad operativa es la externa. Este análisis, por tanto, no se articula en torno a su valoración, sino al reconocimiento de un escenario político.

La experiencia cubana no sería la primera en recurrir a mecanismos de transformación desde el propio marco institucional. En 1989, las elecciones legislativas en Polonia, celebradas aún bajo la legalidad de la República Popular, fueron viables gracias a la presión sostenida de un movimiento opositor interno masivo, encabezado por el sindicato Solidaridad. Aquel proceso derivó en la conformación de un Parlamento que actuó como catalizador de una transición ordenada.

La clave en todo caso no reside en el origen de la presión, sino en la arquitectura del resultado. Una transición institucionalmente encauzada, jurídicamente articulada y políticamente estabilizada, ofrecería considerables garantías de consolidación. Más allá de cómo se reconfiguren las fuerzas en juego, el objetivo esencial permanece intacto: que Cuba logre salir del ciclo autoritario no para reciclar el mismo poder bajo nuevas formas, sino para fundar un orden genuinamente democrático. En este caso, reitero la máxima del padre Varela: "Pensar como se quiera; operar como se necesita".